María de Lourdes Encinas Salazar
Expediente 362/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2018
Partes del expediente
- María de Lourdes Encinas Salazar
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de junio de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo promovida por ***********; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
y toda vez que la parte quejosa ********, no atendio el citatorio de 29 de mayo de 2018, se hace efectivo el apercibimiento y se le tiene por notificado por este medio el auto de 28 del mes y año en curso que reza: Mexicali, Baja California, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de este partido judicial, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 362/2018, que es el que le corresponde. Improcedencia. El suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que por los efectos y consecuencias que genera, no tiene una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. En principio, debe tenerse presente que el acto atacado en este juicio, no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente es una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio relativo, o sea, ese acto sólo se relaciona con las fases del propio juicio natural, en particular, con el levantamiento de la suspensión del procedimiento ejecutivo mercantil, relativo a la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho en la que la autoridad responsable resolvió levantar la suspensión decretada en veinte de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente 939/2014, por haberse allegado documental pública consistente en acta de defunción del demandado en lo principal, consecuencia de lo cual se ordenó fijar fecha para el desahogo de pruebas que refiere la parte quejosa contravienen las disposiciones de debido proceso, Legalidad, Seguridad Jurídica, mas no con derechos sustantivos, lo que, sin duda, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En dicha disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: i. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ii. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan el derecho constitucional de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. En cambio, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho en la que el Juez Sexto de lo Civil, ordenó el levantamiento de la suspensión del procedimiento ejecutivo mercantil, decretada en veinte de abril de dos mil dieciséis, por haberse allegado documental pública consistente en acta de defunción del demandado en lo principal, consecuencia de lo cual se ordenó fijar fecha para el desahogo de las pruebas que refiere la parte quejosa contravienen las disposiciones de debido proceso, Legalidad, Seguridad Jurídica; de ello claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior al margen de su "trascendencia predominante o superior", pues en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera, es decir, el hecho de que por resolución interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se ordenara el levantamiento de la suspensión del procedimiento ejecutivo mercantil, concedido en veinte de abril de dos mil dieciséis, que como consecuencia, tuvo el fijar fecha para el desahogo de pruebas, no resulta de imposible reparación, pues la afectación que ahora reclama podría quedar reparada de resultarle favorable a sus intereses en la sentencia que se dicte; además, en caso de que tal determinación le fuera desfavorable tendría la oportunidad de hacer valer las violaciones procesales de que se duele, al momento de impugnar el procedimiento civil mediante el juicio de amparo directo, tal como lo prevén los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el haber ordenado el levantamiento de la suspensión el veintiséis de abril del presente año, misma que fue otorgada en veinte de abril de dos mil dieciséis, que como consecuencia tuvo el fijar fecha para el desahogo de pruebas, se trata de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que sólo ocasiona que se acumulen al acervo probatorio de ese juicio las pruebas respectivas, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciéndolo valer como violación procesal, en su caso. Incluso, la aquí quejosa no cuenta con un argumento personal y directo que reclamar, pues no representa los intereses del finado, y el hecho de ser codemandada en el juicio de origen solo le corresponde defender su interés personal y no los de la esposa o sucesión del deudor principal en el juicio de origen, por lo que no se advierte su legitimación ad causam, para incoar el presente juicio de amparo. De ahí que válidamente puede decirse que en el caso particular, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Sin que con la anterior determinación, se le deje a la parte quejosa en estado vulnerable, ya que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, aun puede obtener sentencia favorable en el juicio civil de origen, o bien, hacer valer dichas violaciones procesales en el Amparo Directo. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, por lo menos, al momento en que se instauró esta vía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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