María de los Ángeles Lorena Villa Cano

Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
38/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Lorena Villa Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a (I) María de los Ángeles Lorena Villa Cano, para los siguientes efectos: I) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de su respectiva competencia, den respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la impetrante en el ocurso que fue presentado el nueve de enero de dos mil veinte, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. Empero, para tal efecto, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California (ISSSTECALI) y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1515, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172521, que establece: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición". De igual forma, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. I/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1770, libro 15, febrero de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008434, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN. La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada." II) Notifiquen personalmente a la parte quejosa la contestación en el domicilio que se les proporcionó en el escrito de petición, porque únicamente así se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. Sobre el particular, cabe citar las tesis sustentadas por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: I. Constitucional. 3. Derechos Fundamentales 1a. Parte-SCJN. Séptima Sección. Tesis: 96. Página: 980.)" En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento." Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 143/2021. Causa ejecutoria y requiere cumplimiento. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, confirmando la sentencia recurrida. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: dar respuesta de inmediato, por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud elevada por la impetrante en el ocurso que fue presentado el nueve de enero de dos mil veinte, la cual pudiera ser en cualquier sentido. Notificar personalmente a la parte quejosa la contestación en el domicilio que se les proporcionó en el escrito de petición, porque únicamente así se restituirá a la inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la delegada autorizada de las autoridades responsables, informó que realizó las gestiones correspondientes para notificar a la quejosa el oficio SSTJD/130/2022, de fecha diecisiete de marzo del presente año, en el cual, se desprende que reúne los requisitos para obtener la pensión por jubilación, recibido y firmado por persona autorizada. Adjuntando las constancias correspondientes que acreditan su información. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que dio respuesta por escrito, en forma definitiva, completa, integral y congruente, a la solicitud realizada por la quejosa, la cual pudiera ser en cualquier sentido y notificándola personalmente; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual en atención al requerimiento de veintidós de febrero de dos mil veintidós, informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y córrasele traslado con copia de las constancias que remite la autoridad oficiante, también désele vista con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Informa gestiones y se tiene en vías de cumplimiento. Se tiene a las citadas autoridades, informando que con motivo del Acuerdo derivado de la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva, se encuentra en circulación de firmas de los distintos integrantes de entes de Gobierno que conforman la Junta, el acuerdo respectivo a la respuesta de la solicitud de la parte quejosa, por lo que una vez que esté firmado se procederá a notificar a la misma la respuesta a su solicitud junto con el acuerdo emitido por dicha Junta Directiva, por lo que se le tiene en vías de dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Requerimiento de autoridad. En atención a lo señalado en el párrafo que antecede, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que se emita respuesta a la quejosa en términos de la ejecutoria de amparo, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, remitiendo las constancias con las cuales lo acredite, para estar en condiciones de proveer respecto al cumplimiento del fallo protector. Subsisten apercibimientos. Por tanto, infórmesele que subsisten los apercibimientos decretados en autos, mismos que se harán efectivos para el caso de que la autoridad responsable o las que tengan intervención en el cumplimiento del fallo protector, no cumplan en sus términos con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Informa gestiones y se tiene en vías de cumplimiento. Se tiene a las citadas autoridades, remitiendo copia del dictamen modificado, respecto de la solicitud de pensión solicitada por la aquí quejosa, manifestando que por oficio STJD/094/2022, se convocó a la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 2022, a celebrarse el jueves veinticuatro de febrero a las diez horas, bajo la modalidad de videoconferencia, para posteriormente notificar una contestación por escrito, congruente y completa a la quejosa, lo anterior, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que se le tiene en vías de dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Requerimiento de autoridad. En atención a lo señalado en el párrafo que antecede, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que se lleve a cabo la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva (veinticuatro de febrero de la anualidad) y emita respuesta a la quejosa en términos de la ejecutoria de amparo, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, remitiendo las constancias con las cuales lo acredite, para estar en condiciones de proveer respecto al cumplimiento del fallo protector Subsisten apercibimientos. Por tanto, infórmesele que se harán efectivos los apercibimientos decretados en autos, para el caso de que la autoridad responsable o las que tengan intervención en el cumplimiento del fallo protector, no cumplan en sus términos con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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