María de Lourdes Contla Amaro
Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María de Lourdes Contla Amaro
- Fiscal General del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a la que pudiera causarle algún perjuicio en este juicio interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución de doce de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído en el juicio y susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción y depuración de los mismos con posterioridad al CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Fiscal Vigésimo Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, del escrito aclaratorio de demanda de veintiocho de agosto del año en curso, se desprende que la quejosa precisó que en el presente juicio de amparo reclamaba: "La omisión acordar dentro de los autos de la carpeta de investigación 3334/2018, el índice del Fiscal Vigésimo Quinto de la Unidad de Integración de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial de Xalapa, respecto del oficio de trece de julio de dos mil dieciocho, y como consecuencia de ello, la negativa de devolverle el vehículo que refiere es de su propiedad, marca Nissan, tipo Tsuru sedan, cuatro puertas, modelo 2017, línea B13, número de serie 3N1EB31S8HK305805, número de motor GA16133430P, placas A-356-XDT, y su falta de notificación"; asimismo, en esta propia fecha la responsable remitió las constancias de las que se advierte que el cuatro de septiembre del presente mes y año, resolvió la petición efectuada por la quejosa, determinando entregar a la promovente de amparo el vehículo descrito en depósito ministerial. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad, se advierte que el cuatro de septiembre del año en curso, el Fiscal Vigésimo Quinto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XI, con sede en esta ciudad, giró el oficio UIPJ/DXI/FIS25/2406/2018, al Director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a efecto de que hiciera entrega de la unidad automotora marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2017, número de serie 3N1EB31S8HK305805, color blanco/verde, placas de circulación A356XDT, servicio público con número económico XL8306, del Estado de Veracruz, con número de motor GA16133430P, mismo que recibió la aquí quejosa en esa misma fecha, para regresar su acuse de recibo una vez que le sea entregada dicha unidad, la cual se encuentra en el corralón "Grúas Díaz". Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, y el cuatro de septiembre siguiente, la responsable Fiscal Vigésimo Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con sede en esta ciudad, emitió la resolución correspondiente a la petición de la aquí quejosa, determinando procedente la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru sedan, cuatro puertas, modelo 2017, línea B13, número de serie 3N1EB31S8HK305805, número de motor GA16133430P, placas A-356-XDT, en depósito ministerial, resulta patente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, si de lo que se dolía el quejosa era la omisión acordar dentro de los autos de la carpeta de investigación 3334/2018, el índice del Fiscal Vigésimo Quinto de la Unidad de Integración de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial de Xalapa, respecto del oficio de trece de julio de dos mil dieciocho, y como consecuencia de ello, la negativa de devolverle el vehículo que refiere es de su propiedad, marca Nissan, tipo Tsuru sedan, cuatro puertas, modelo 2017, línea B13, número de serie 3N1EB31S8HK305805, número de motor GA16133430P, placas A-356-XDT, y su falta de notificación; y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a la responsable a que emitiera dicha resolución; luego, al existir constancia de que la autoridad la emitió el cuatro de septiembre del presente año, determinando procedente la devolución del vehículo descrito en depósito ministerial, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Por último, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicita María de Lourdes Contla Amaro, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando único, atento a las consideraciones vertidas en propio considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió el ciudadano licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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