María de los Ángeles Gutiérrez Beltrán

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Gutiérrez Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de doce de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda, no fue recurrido por la parte quejosa, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio P.A. 307 firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo que se formó con motivo de la incompetencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; así como, copia certificada de la resolución dictada en el conflicto competencial 10/2019, de su índice, en la que determinó: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, es competente para conocer de la demanda de garantías promovida por Ma. De los Ángeles Gutiérrez Beltrán.". En consecuencia, acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y por cuanto hace a las constancias del cuaderno que se formó, glósense, en el orden que corresponde, al juicio de amparo 297/2019, que se recibe. Así, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Ma. De los Ángeles Gutiérrez Beltrán, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. La cancelación del concurso abierto simplificado CFE-0912-CSAAN-0001-2019, emitida mediante oficio de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por el Administrador Central y Superintendente General, ambos de la Central Geotermoeléctrica Humeros, de la Subsidiaria de Generación VI, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Perote, Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El citado precepto legal dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, imponiendo como requisito para la actualización de la referida causa de improcedencia que la suspensión deberá de tener los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, no tener mayores requisitos que los que se prevén para la concesión de la suspensión definitiva y no ser decretada en un plazo mayor que el que se establece en la referida ley para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto sea susceptible de suspensión. Además, hace la salvedad de que no existe obligación de agotar el principio de definitividad, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden de ideas, para que opere la citada causal de improcedencia del juicio de amparo, deben actualizarse todos y cada uno de los siguientes puntos: 1.- El acto de autoridad debe emanar de una autoridad distinta a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. 2.- El acto de autoridad, debe ser susceptible de revisión de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o en su caso, debe proceder contra él algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. 3.- Las mismas leyes que regulen el juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, deben prever la suspensión del acto que se pretenda combatir, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el interesado. En este punto, es importante precisar que la suspensión deberá cumplir con los siguientes requisitos: Deberá brindar los mismos alcances que los que otorga la Ley de Amparo. No debe exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo impone para conceder la suspensión definitiva. El plazo para conceder la suspensión no debe ser mayor al que prevé la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión provisional. Lo anterior, independientemente de que el acto reclamado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. 4.- Finalmente, se establece que no existe obligación de promover el juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado; en los siguientes casos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Expuesto lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan todos y cada uno de los elementos que componen la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. El punto marcado con el arábigo 1, se encuentra satisfecho ya que el acto aquí reclamado se imputa al Administrador General y al Superintendente General, ambos de la Central Geotermoeléctrica Humeros, de la Subsidiaria de Generación VI, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Perote, Veracruz; es decir, dichas autoridades no tienen el carácter de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ni forman parte de alguno de los referidos organismos, puesto que el artículo 1, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, establece que ésta es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión. Respecto al punto 2, debe indicarse que a juicio de este juzgador, la impetrante de amparo antes de acudir al presente juicio, debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para corroborar lo anterior, conviene traer a colación el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (.) "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; (.) Así, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sus diecinueve fracciones contempla las hipótesis para la procedencia del juicio contencioso administrativo, entre las cuales interesa la fracción VIII, que establece que dicho juicio contencioso administrativo será procedente contra los actos administrativos que se originen en los fallos por licitaciones, los contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado. Por otro lado, la propia quejosa manifiesta que el procedimiento de contratación de que se habla, se encuentra previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, cabe destacar que los artículos 82 y 83, de la referida legislación disponen que todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación, hasta el momento del fallo, son de carácter meramente administrativo, y contra ellos procede el recurso de reconsideración o la acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en su artículo 30, dispone que el procedimiento de concurso abierto inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo, siendo dicha cancelación una de las formas en que puede pronunciarse dicho fallo. De lo expuesto en las porciones normativas señaladas, se aprecia que contra la cancelación del procedimiento abierto de contratación convocado por la Administración Central y Superintendente General, ambos de la Central Geotermoeléctrica Humeros, de la Subsidiaria de Generación VI, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Perote, Veracruz, en el que la quejosa presentó oferta técnica y económica, procede el recurso de reconsideración, o bien el juicio contencioso administrativo. Una vez expuesto lo anterior, toca analizar si se colman los requisitos relativos la suspensión del acto que se reclama, si bien en cuanto al referido recurso de reconsideración que contempla la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no prevé la suspensión del acto reclamado, lo cierto es que el recurso ordinario que señala el artículo 83, de dicho ordenamiento, es optativo para la accionante; es decir, puede decidir el recurso por el que desee impugnar la cancelación de la que se duele; por tanto, debe precisarse que el artículo 24, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución del acto impugnado, la cual podrá ser decretada una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, misma que tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, evitando que el juicio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. Asimismo, la referida legislación determina los requisitos que deben colmarse para la tramitación y resolución de la suspensión solicitada, esto conforme a lo que establece el artículo 28, de dicha norma. Por lo anterior, es necesario conocer el contenido de los preceptos legales invocados, que disponen: "ARTÍCULO 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. (.) "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla III. El procedimiento será: La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Al respecto, cabe recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 222/2015 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa, determinó que el artículo citado brinda los mismos alcances que la Ley de Amparo; razón por la cual, previo a instarse el juicio de amparo, resulta obligatorio promover y agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con motivo de lo anterior, se originó la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, registro 2011289, de rubro y contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." De tal manera, queda acreditado que el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se ajusta a los requisitos relativos a la suspensión del acto, previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime que la citada jurisprudencia es de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Demostrado lo antepuesto, este Juzgador estima que no se surte ninguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y que se puntualizaron anteriormente; se dice lo anterior, en razón de que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo no hace valer conceptos en los que únicamente reclame violaciones directas a la Constitución, sino que únicamente alega de qué manera le afecta la ejecución de la resolución administrativa de mérito, y si bien precisa que el acto carece de fundamentación y motivación, también hace referencia a que no existe causa legal para la cancelación del citado concurso, que se le debe adjudicar el contra de adquisición a ella, que en el caso no sobrevino ninguna caso fortuito, fuerza mayor o situación señalada en las disposiciones aplicables, lo que no se pueden considerar violaciones directas a la Constitución de la República. Asimismo, no se advierte que el acto reclamado, en sí mismo, carezca de fundamentación pues de la resolución combatida por esta vía constitucional se advierte que la autoridad responsable funda la cancelación del concurso abierto de que se habla en el artículo 30 de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, asimismo, expuso como razones que hicieron tomar la determinación adoptada en dicha resolución administrativa, lo establecido en dicha disposición, expresando como motivo que se redefiniría el alcance de la adquisición, lo que se valora sin prejuzgar sobre su idoneidad al caso en concreto. De igual manera, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), razón por la cual no se actualiza tampoco esta excepción. En suma, el suscrito concluye que el acto que se pretende reclamar a través de la demanda de amparo que se provee, debe ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la interposición del juicio de amparo y el ordenamiento legal con base en el cual se tramita tal juicio, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado ni establece mayor término para proveer respecto de la misma que el que prevé la Ley de Amparo para resolver acerca de la suspensión provisional; entonces, resulta inconcuso que la impetrante de amparo, antes de promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para así observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo intentada por Ma de los Ángeles Gutiérrez Beltrán.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ya transcurrió el término concedido a la quejosa Ma. de los Ángeles Gutiérrez Beltrán, mediante auto de cuatro de abril de la presente anualidad, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícensele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane dicha omisión.

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