María de Lourdes Castillejos Cárdenas

Expediente 503/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
503/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Castillejos Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María de Lourdes Castillejos Cárdenas. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que el expediente en que se actúa es susceptible de conservarse íntegramente, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. CUADERNO DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el incidente de suspensión formado en un sólo tanto, es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. DEVOLUCIÓN. Finalmente, hágase devolución del tomo de prueba que allegó con su informe la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo 503/2023-X promovido por María de Lourdes Castillejos Cárdenas, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretario dé cuenta con los informes justificados. EL SECRETARIO: Se hace constar que en el presente expediente rindió informe justificado: La Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. EL JUEZ: Téngase por rendido el informe justificado de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la autoridad responsable adjuntó la documental consistente en el toca de apelación I-84/2023, la que se tuvo por admitida y desahogada en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, y se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de la prueba documental ofrecida por la responsable, de la que no se realiza mayor pronunciamiento al admitirse y desahogarse previamente, y al no existir diverso medio de convicción que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos que desahogar, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número X-503/2023, promovido por María de Lourdes Castillejos Cárdenas, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, María de Lourdes Castillejos Cárdenas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como del acto que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1°, 8°, 9°, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de veintisiete de abril del año que transcurre, admitió a trámite la demanda; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese proveído, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Erik y Martín, ambos de apellidos Castillejos Cárdenas, lo que tuvo verificativo el ocho de este mes y año. A las diez horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de naturaleza civil con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional a la autoridad responsable consiste en: La resolución de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca I-84/2023, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora, aquí quejosa, en contra de la interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, pronunciada en el incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio sumario civil sobre división de cosa común con número de expediente 472/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuyó, lo que acredita la certeza de tal actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que integran el toca de apelación I-84/2023, que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causal de improcedencia invocada por las partes ni este Juzgado de Distrito de oficio observa alguna, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo con los conceptos de violación hechos valer. QUINTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente conviene traer a glosa los siguientes antecedentes: 1. El quince de abril de dos mil veintiuno, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictó sentencia definitiva en el juicio sumario civil sobre división de cosa común 472/2020, que promovió María de Lourdes en contra de Martín y Erick, todos de apellidos Castillejos Cárdenas, esto es, en cuanto a la división y disolución de la copropiedad respecto del inmueble ubicado en calle Pedro Moreno número 284, de la colonia Insurgentes, de esta ciudad. Resolución en la que el citado Juzgador determinó que era fundada la acción promovida; decretó la cesación de la copropiedad del inmueble; y, condenó a los demandados al pago de gastos y costas de la primera instancia del juicio, previa su regulación y aprobación judicial. 2. El seis de octubre de dos mil veintiuno, la parte actora interpuso incidente de liquidación de sentencia; posteriormente, el veintitrés de noviembre siguiente, el Juez de origen dictó resolución interlocutoria, en la que determinó declararlo infundado, al tenor de lo siguiente: "(.) La parte incidentista solicita el pago de la cantidad de $113,680.00 . por concepto de honorarios profesionales que corresponden por la tramitación del juicio principal, los que cuantifica al multiplicar el 8% ocho por ciento (en su concepto), por el valor del negocio, es decir, por la cantidad de $1,421,000.00 . acorde al avalúo emitido en autos y conforme al artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados. Partida que se reprueba, ya que evaluada su pretensión, con relación a la condena de gastos y costas efectuada en el juicio principal, no es factible condenar a los incidentados a la cantidad reclamada, habida cuenta que no es adecuada la manera en que la parte incidentista formula el cálculo de los honorarios profesionales en cuestión, por lo que no está en condiciones de hacer pronunciamiento alguno en cuanto al fondo de dicha prestación. Lo anterior se colige, porque es incuestionable que para la cuantificación de los honorarios profesionales motivo de estudio, es indispensable considerar que la acción de división de cosa común ejercida por la demandante, tiene por objeto dar por concluida la copropiedad y efectuar su respectiva partición; de ahí que no constituye por sí misma una reclamación de carácter pecuniario, dado que se trata de una acción personal que, por consecuencia, de modo alguno trae consigo que para la regulación de la prestación en cita, se deba atender el valor comercial del inmueble materia del juicio, como lo hace la parte incidentista, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida en el subyacente, que deberá establecerse su quantum, conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley del Arancel de Abogados del Estado, tomándose en cuenta los aspectos siguientes: - La importancia del derecho ventilado. - Los trabajos prestados. - El éxito obtenido. - Las circunstancias personales del cliente. Por consiguiente, serán profesionistas en derecho los indicados en valuar tales cuestiones, quienes, para que estén en aptitud de ponderar cuál es la importancia del derecho ventilado en el litigio, deberán tomar en consideración que el interés cuestionado dimana de una acción personal entre María de Lourdes, Martín y Erick, todos de apellidos Castillejos Cárdenas, además de que la gestión profesional que su abogado le brindó a la accionante durante la contienda principal, concluyó formalmente al momento en que se pronunció la sentencia ejecutoriada, en la que, se insiste, se declaró fundada la acción de división de cosa común. Ante tales premisas, en términos del artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuya disposición legal no prevé término probatorio, es obligación procesal de la parte incidentista que con anterioridad a la presentación de su escrito de regulación de honorarios profesionales, allegue al juicio los dictámenes mencionados en líneas anteriores, los cuales deberán ser cuando menos uno de cada parte contendiente o en caso de ser necesario, el de un tercero en discordia. ya que mediante esos dictámenes la parte incidentista podrá establecer en cantidad líquida el monto que a su parecer le corresponde por la prestación en comento, para que entonces la parte condenada esté en condiciones de inconformarse con el importe de la liquidación. .luego, se concluye que, por ahora, no existen las bases que permitan determinar los honorarios profesionales reclamados en la presente incidencia, por lo que no es factible hacer condena a los incidentados por el concepto de motivo de estudio, dejándose a salvo derechos de la parte incidentista para que nuevamente los ejerza en los términos prescritos por la ley de la materia, ya que ese derecho no puede ser objeto de la preclusión, sino sujeto a las reglas de la prescripción. (.)." 3. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la parte actora nuevamente interpuso incidente de liquidación de sentencia; posteriormente, el veintiocho siguiente, el Juez de origen dictó resolución interlocutoria, en la que lo declaró parcialmente fundado, con base en las siguientes consideraciones: "(.) Y es que no pasa desapercibido que en sentencia interlocutoria de 23 veintitrés de noviembre del año pasado, se dijo que para la cuantificación de los honorarios profesionales en el presente asunto, es indispensable considerar que la acción de división de cosa común ejercida, no constituye por sí misma una reclamación de carácter pecuniario, por lo que, para establecer su quantum se deben de tomar en cuenta aspectos como la importancia del derecho ventilado, los trabajos prestados, el éxito obtenido y las circunstancias personales del cliente. Por consiguiente, debían ser profesionistas en derecho los indicados en valuar tales cuestiones, a fin de ponderar cuál es la importancia del derecho ventilado en el litigio; sin embargo, la incidentista ofreció y desahogó la prueba pericial en materia de valuación de inmueble, a fin de determinar la cuantía del negocio, lo cual, con independencia del valor probatorio que merece dicho medio de convicción para otras cuestiones, en el presente incidente de liquidación de sentencia no es apto e idóneo para establecer el quantum del juicio, pues -se reitera-, deberán ser profesionistas del derecho los que deberán definir dicha cuantía, siguiendo para ello las bases proporcionadas en la sentencia interlocutoria de 23 veintitrés de noviembre del año pasado. Por tales motivos, es de concluirse que por ahora, en este sumario, no existen las bases que permitan determinar los honorarios profesionales reclamados en la presente incidencia, por lo que no es factible hacer condena a la incidentada por el concepto motivo de estudio. Paralelamente, la incidentista solicitó el pago de $9,822.20 . por concepto de pago de publicación de edictos; para lo cual exhibió las facturas ATAB000014558 y ATAB000014752, expedidas en el periódico El Sol de Morelia, las cuales amparan los pagos por concepto de publicación de edictos en el presente juicio por las cantidades de $709.92 . y $241.28 . cada una. . por ello, se aprueba dicha solicitud en esta incidencia, y se condena a la parte demandada a pagar a favor de la incidentista en ejecución de sentencia. (.)." 4. Por escritos presentados el diez y veintiséis, ambos de agosto dos mil veintidós, los peritos Fernando Felipe Frías Paniagua y Óscar Sahagún Solórzano, el primero, nombrado por la parte actora, y el segundo, designado por el Juez de origen ante la rebeldía de los demandados en señalar alguno, remitieron sus respectivos dictámenes, de los que se observa que ambos tomaron en consideración el valor del bien inmueble sobre el cual se ejerció la división de cosa común, para después multiplicar dicha cantidad por el 8%, tal como lo establece el artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, a efecto de obtener una cantidad líquida por concepto de honorarios profesionales. 5. Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, la parte actora nuevamente interpuso incidente de liquidación de sentencia, en la que indicó que en atención al estado procesal del asunto, y a que mediante resolución interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se dejaron a salvo sus derechos, es que, previamente, ofreció la prueba pericial a fin de "determinar la cuantía" del asunto, nombrando perito de su parte. Así, formuló la planilla de liquidación correspondiente, en la que tomó en consideración que dicha cuantía ascendía a la cantidad de $1,415,387.97, de la cual al obtener el 8% según la Ley del Arancel de Abogados del Estado de Michoacán -artículo 6°-, arrojaba la cantidad de $113,231.03 pesos; no obstante, en ese escrito, también adujo que correspondía a la cantidad de $123,044.27 pesos. 6. El veinte de octubre de dos mil veintidós, el Juez primigenio dictó resolución interlocutoria en el incidente de liquidación respectivo, en la que lo declaró infundado, con base en las siguientes consideraciones: "(.) Lo anterior porque la prueba pericial en derecho carece de valor probatorio para el objeto que fue desahogada, en términos de los artículos 451, 452, 463 y 545 del código adjetivo civil local, ya que los peritos designados no se ciñeron a lo determinado en las sentencias interlocutorias de 23 veintitrés de noviembre de 2021 dos mil veintiuno y 28 veintiocho de junio de este año, en las que, sustancialmente, se consideró que al tratarse la división de cosa común una acción que no constituye por sí misma una reclamación de carácter pecuniario, en modo alguno trae consigo que para establecer el quantum, se deba atender al valor comercial del inmueble materia del juicio. Sin embargo, del análisis de la prueba pericial en derecho se advierte que los peritos, contrario a las determinaciones expuestas en los fallos interlocutorios, tomaron como base y, en primer término, para establecer la cuantía del negocio, el valor comercial del inmueble, cuando en las citadas sentencias se especificó que atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, el quantum del juicio debía establecerse conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Arancel de Abogados del Estado, tomándose en cuenta: - La importancia del derecho ventilado. - Los trabajos prestados. - El éxito obtenido. - Las circunstancias personales del cliente. Esto es, los peritos debieron prescindir del valor comercial del inmueble para arribar a sus determinaciones, y solo constreñirse al análisis de las cuestiones que atañen precisamente al arte o ciencia para el que fueron contratados. Luego, los peritos al haber dictaminado tomando en consideración el valor comercial del inmueble que es materia del juicio, no puede conceder valor probatorio, en su conjunto, a la prueba pericial en derecho desahogada, pues se tomó como referencia una cuestión que no debió ser valorada para determinar el valor del negocio. Ante tales circunstancias es que se declara infundado el incidente de regulación de costas formulado por María de Lourdes Castillejos Cárdenas, debiendo, para el caso de que se pretenda formular la incidencia del caso, atender a lo determinado en las sentencias interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución del fallo definitivo. (.)." 9. Inconforme con la anterior determinación, por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer, por razón de turno, a la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que mediante sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, determinó confirmar la resolución recurrida. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, los cuales devienen ineficaces, como se explicará más adelante. Expuesto lo anterior, se precisa que los conceptos de violación formulados por la quejosa se estudiarán en dos partes, por cuestión de técnica jurídica y así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." En la primera parte de sus conceptos de violación, la solicitante del amparo refiere que la resolución impugnada adolece de fundamentación y motivación. Argumentos que son infundados, porque la autoridad responsable citó los artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que consideró aplicables para sustentar por qué no se debió tomar en cuenta el valor del inmueble como base para cuantificar los honorarios profesionales, entre ellos los ordinales 572 - 575, 578 y 579 del ordenamiento en cita. Incluso, como norma individualizada aplicable al caso en concreto, la responsable citó como sustento lo resuelto de manera firme en las diversas interlocutorias de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, donde la autoridad de primer grado ya había fijado los parámetros para calcular y acreditar el monto de los honorarios. Incluso, aunque no lo citó expresamente, se advierte con claridad el artículo en que se basa, esto es, el numeral 95, segundo párrafo, de la legislación civil local. Ello porque tal disposición normativa regula lo relativo a la firmeza de las actuaciones cuando en su contra no se interponen los medios de impugnación correspondientes. Por ende, si la Magistrada responsable partió del supuesto de que las resoluciones de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, adquirieron firmeza al no ser impugnadas por las partes, para concluir que era correcto lo establecido por el Juzgador de origen en cuanto a que no se debía tomar como base el valor comercial del inmueble materia del juicio de origen a efecto de cuantificar los honorarios profesionales, dado que ello era una cuestión que previamente se estableció en tales determinaciones, es suficiente para advertir con claridad la disposición normativa en la que se sustenta, esto es, el numeral 95, segundo párrafo, de la legislación civil local. A más de que se advierte que la resolución reclamada sí se encuentra motivada, dado que se establecieron las razones y circunstancias particulares del porqué resolvió en dicho sentido. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 191358 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P. CXVI/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 143 Tipo: Aislada FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De ahí lo infundado de sus motivos de disenso. En la segunda parte de sus conceptos de violación, la parte quejosa refiere que la responsable fue omisa en señalar porqué se debió prescindir del valor comercial del inmueble sobre el que se solicitó su división, pasando por alto que previamente expresó que el "quantum" del juicio debía establecerse conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley del Arancel de Abogados en el Estado, al ser inminente determinar lo indeterminable y, afirma, para poder estructurar ésta circunstancia se debe dimensionar la necesidad del cliente de ejercitar dicha acción al vender su parte, y por todo lo que tuvo que pasar para llegar a ello, debiendo saber y conocer el valor comercial, en este caso, el objeto materia del juicio. Por ende, no se podía prescindir de ese elemento, dado que es el que otorga estructura y objetividad a las consideraciones que pudieran ser subjetivas o "románticas" de los peritos y, al tener en cuenta tal elemento, se evidencian los demás. Así, no se debió apoyar solo en simples documentos de comprobantes de recibos, dado que "detrás" del proceso existe mucho desgaste que la responsable no valoró, a más de que indebidamente "tachó uno de los polos" que conforman el monto. También refiere que si bien es cierto que se debe de atender al trabajo legal del profesionista, también lo es que éste "va de la mano" con lo que importa o hace tangible o intangible lo que es el valor del objeto materia del juicio; por tal virtud, aduce que la responsable no "ve más allá" de lo que hay en un juicio sumario, dado que van más de tres años de desgaste, lo que fue acreditado en los dictámenes, por ende, la resolución impugnada resultó incongruente. De igual manera, indica que la responsable fue omisa en analizar de manera exhaustiva los peritajes, esto es, en indicar si efectivamente se atendieron o no los elementos a los que dio importancia el Juzgado recurrido, pues en ambos se contempló la importancia del derecho ventilado, los trabajos prestados y el éxito obtenido. Indica que se vulneraron los numerales 135, 136, 137, 142, 143 y 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que establecen las condiciones para la condena en gastos y costas, por tanto, si se consideraba que la resolución impugnada no era de cuantía indeterminada, en todo caso, se debió absolver de tal condena a la parte demandada, lo que no aconteció, ni precisó si era pecuniario o no. Además, refiere que la Sala no precisó el motivo por el cual lo reclamado en el juicio primigenio es una reclamación de carácter pecuniario, aunado a que en las resoluciones interlocutorias el Juez primigenio indicó el medio por el cual debía establecerse el monto respectivo, de ahí que nació la contradicción o el dilema si era pecuniario o no, pues, en todo caso, insiste en que se debió absolver de dicha condena a la parte demandada. También señala que el Juzgador debió apoyarse en los dictámenes emitidos por los expertos en derecho, dado que éste no litiga, no valúa inmuebles, no determina la autenticidad de una firma, entre otras, y aun así le restó valor probatorio a estos sin motivo o fundamento. De igual manera, refiere que su contraparte no objetó dichos dictámenes, y los consintió, al igual que las sentencias y la venta judicial; lo que pasó inadvertido la responsable al momento de resolver. Aduce que la autoridad responsable, de manera incorrecta, establece que -ella- consintió las resoluciones interlocutorias de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós; sin embargo, afirma que con ello confundió los conceptos de "consentir" con "hacer valer los derechos que quedaron a salvo". Finalmente, aduce que se violó en su perjuicio la garantía de audiencia, puesto que se le despojó de su propiedad sin haber sido oída ni vencida en juicio, faltando a las disposiciones que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente los artículos 1°, 8°, fracción I, 21 y 25. Argumentos que devienen ineficaces para el fin que su expresión procura. Veamos. Primeramente, se precisa que la parte quejosa, en diversas partes de sus conceptos de violación, se limita a repetir casi de manera idéntica los agravios vertidos en su recurso de apelación, abundándolos; lo que en un principio llevaría a declarar la inoperancia de sus alegaciones. Ello, por un lado, porque no combate la consideración toral del fallo precisada anteriormente, en el sentido que desde las interlocutorias de liquidación de honorarios, en relación al cálculo del mismo concepto, ya se dijo que el valor del inmueble a subdividir no era el parámetro a tener en cuenta; ni lo previsto en el artículo 6° de la Ley del Arancel. Lo que, adverso a lo afirmado por la parte quejosa, sí genera firmeza pues solo se dejaron a salvo los derechos para solventar nuevamente la liquidación de la sentencia firme. Lo que de suyo es suficiente para declarar inoperantes los motivos de disenso. No obstante, la responsable contesta los agravios de manera general, pues no responde cada punto debatido de manera pormenorizada, por ende, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente de la acción de derechos fundamentales, este órgano jurisdiccional procede a dar contestación de manera completa a lo alegado. I. Marco legal Honorarios profesionales El artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, establece que cada parte será responsable de los gastos que originen las diligencias que promuevan. También dispone que la parte condenada al pago de costas indemnizará a las otras todas las erogaciones que se hubieren realizado en el juicio, lo que comprenderá los honorarios del abogado, cuando justifiquen contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Ahora, tales honorarios se encuentran regulados en la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán, en específico en los numerales 6° y 8°, que establecen que en todo proceso jurisdiccional sobre cantidad determinada o determinable, incluyendo todo aquel trabajo que se relacione con el asunto, se cobrará el 20% del valor del negocio, si su interés no pasa de mil pesos; el 17% del valor del negocio de lo que exceda, no pasando de cinco mil pesos; el 15% del excedente hasta diez mil pesos y el 8% de lo que exceda, cualquiera que sea la cantidad. Mientras que en los negocios judiciales de cuantía indeterminada se considerarán, con la estimación que resulte, la (1) importancia del derecho que se ventile, (2) los trabajos que se presten, (3) el éxito obtenido y (4) las circunstancias personales del cliente. Tipo de cuantía en la acción de división de cosa común Ahora, tratándose de cuantía indeterminada, es menester acudir a la jurisprudencia 119/2010, derivada de la contradicción de tesis 181/2010, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 149 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, novena época, registro 162897, de rubro y texto: "Registro digital: 162897 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 119/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 149 Tipo: Jurisprudencia COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. Cuando un juicio verse sobre prestaciones de cuantía indeterminada e indeterminable, el valor que debe tomarse para cuantificar el monto por concepto de costas será, además del de las prestaciones reclamadas, el de todas las constancias que integren el sumario, aun cuando aquéllas no sean de carácter preponderantemente económico, pues el hecho de que en las prestaciones de una demanda no se reclame cantidad líquida, no es suficiente para determinar que el asunto es de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, sino por el contrario, debe atenderse a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda y todos los elementos consignados que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones. Esto es, para determinar las costas debe atenderse al monto del negocio, concepto en el cual se incluye el valor de las prestaciones reclamadas al constituir un dato relevante en la demanda, por lo cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse pecuniariamente; además, si es determinable o no, partiendo de si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o a la naturaleza de lo resuelto." De conformidad con el anterior criterio, los asuntos de cuantía determinada no son solo aquellos en que se reclame una cantidad líquida, sino también los que son susceptibles de evaluarse pecuniariamente en la medida en que inciden en el patrimonio de los litigantes o porque tienen una significación económica que no se encuentra limitada por la naturaleza de la prestación que se reclama en el juicio. Precisamente, en la ejecutoria que dio lugar a dicha jurisprudencia, el Alto Tribunal estimó: ".si la cuantía del negocio es determinable, como en el caso de los juicios que versan sobre propiedad de inmuebles, será suficiente la aplicación de las normas relativas a los casos en los cuales la cuantía del negocio es determinada. Así, cuando un juicio verse sobre la propiedad de un bien inmueble, aun cuando en la litis no se hubiese reclamado cantidad líquida alguna, sino sobre la propiedad de dicho bien, el valor que deberá tomarse para cuantificar el monto por concepto de costas será el valor del propio bien inmueble. En efecto, para determinar las costas en un proceso, debe atenderse a la naturaleza del asunto, de lo reclamado y sus propias características, por eso cuando la litis tiene como objeto la propiedad de un bien inmueble, se debe tomar en cuenta su valor, ya que éste puede ser determinado mediante un avalúo comercial, es decir, cuando se intentan acciones relacionadas con la propiedad de un inmueble..." De la anterior consideración se desprende que en el caso en que la litis involucre la propiedad de un inmueble, se tomará en cuenta su valor para la cuantificación de costas. Ahora, la acción de división de cosa común implica: 1) la división de la cosa entre los condueños cuando ésta no pierda su valor, esto es, que el bien admite cómoda división, o 2) la venta judicial, si éste no la admitiera. Tratándose de bienes raíces, si el juez llega a la convicción de que el inmueble admite cómoda división, procederá a ordenar la escrituración e inscripción en el Registro Público que le corresponda a cada condueño; de lo contrario, procederá a la venta judicial del bien. Por tanto, si el bien o bienes fueran cómodamente divisibles, es claro que no habría incidencia en el patrimonio de los condueños, pues cada quien conservaría lo que en su momento había sido su parte alícuota, ahora dividida. Por otro lado, la equivalencia en dinero de esas partes del inmueble de cada copropietario, tampoco inciden en el patrimonio en caso de no ser cómodamente divisible, pues cada quien recibe el dinero que les corresponda del precio de esas partes proporcionales. De manera que en ese tipo de asuntos no hay una disputa sobre la propiedad del inmueble y ni siquiera sobre la del numerario que a cada quien corresponda por su división, y ni uno ni otro concepto se podrían reclamar como prestación para que formaran parte de la litis, pues no se disputa a otro diversa parte alícuota, distinta de la que ya tenga el primero, ni su equivalente en numerario. Es decir, en tanto no se pretende que haya transmisión de un inmueble o de dinero de una parte a su contraria, sino que cada quien se queda con lo que ya es suyo, solo que dividido, la acción no incide en el patrimonio de las partes. De ahí que la naturaleza de la acción de división de cosa común no introduce la propiedad inmobiliaria en la litis y, desde luego, no tiene una significación pecuniaria que justifique calificar el asunto como de cuantía determinada o determinable. Se cita como apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis siguiente: "Registro digital: 2009880 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: III.1o.C.24 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III , página 1901 Tipo: Aislada ACCIÓN DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN. AL NO PRETENDER EL AUMENTO O DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LAS PARTES, DEBE TRAMITARSE COMO UN JUICIO DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En términos de la fracción V del artículo 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, vigente hasta el 24 de octubre de 2009, la acción de división de cosa común faculta al copropietario a exigir que se identifique la parte alícuota que le corresponde y, según el caso, le sea entregada ésta o el producto de su venta; de ahí que a pesar de que se hace referencia en la demanda a cuestiones pecuniarias, se trata de un juicio de cuantía indeterminada, ya que esto se establece no por el valor de los bienes, sino por el tipo de acción intentada. Así, el ejercicio de esa acción no pretende el aumento o detrimento del patrimonio de las partes, sino únicamente obtener el producto de la venta de la porción del inmueble del que ya es propietario cada uno de los litigantes." El numeral interpretado en la anterior tesis, es de similar contenido al diverso 595, fracción IV, de la legislación local civil, de ahí que sea dable invocarlo en el presente asunto. En ese sentido, la acción ejercida no tiende a la defensa total del inmueble ni a la constitución de derechos sobre su integridad, sino que únicamente estriba en dilucidar las desavenencias entre los cotitulares, a fin de desligar la porción que corresponde a la parte actora del bien indiviso, lo que es justamente la razón por la cual no es cuantía determinable, pues ese desligamiento o división no implica cuestionamiento o disputa -litigio, pues- sobre lo que pertenece a cada copropietario. Se reitera, la acción de división de copropiedad no es constitutiva de un derecho diferente, sino que persigue la obtención de una declaración del ya existente: establecer la declaración o no de la copropiedad de las partes y, en su caso, de la parte proporcional que a cada codueño corresponde. De ahí que la acción de división de cosa común sea de cuantía indeterminada y las costas deben calcularse de acuerdo con esa calificación. No pasan inadvertidos los criterios siguientes: Tesis 121 C, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, de título: "COSTAS. SU CUANTIFICACIÓN EN DIVISIÓN DE COSA COMÚN DEBE ATENDER AL VALOR PROPORCIONAL DE LA PARTE ALÍCUOTA YA INDIVIDUALIZADA." Tesis 414 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la Octava Época, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, de rubro: "COSTAS, CONDENA AL PAGO DE, TRATÁNDOSE DE UN JUICIO DIVISORIO DE MANCOMUNIDAD DE BIENES. SU REGULACIÓN DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA EL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA QUE CORRESPONDA A QUIEN RESULTÓ VENCEDOR." No obstante, tales tesis no son aplicables al presente asunto, porque presuponen que el objeto medular de la acción de división de cosa común es la individualización de la porción de un copropietario y, por ende, determinan que esa es la medida de su interés, por lo que debe atenderse al valor de dicha parte, lo que no es acorde al numeral antes citado de la legislación civil local. A más de que, conforme se ha expuesto en este considerando, la naturaleza de la acción no involucra en el litigio la disputa de la propiedad de las partes alícuotas del inmueble ni del valor monetario que les corresponde, por lo que no debe acudirse al valor del bien raíz o de determinadas partes proporcionales para cuantificar las costas. II. Caso concreto y decisión En el caso, la autoridad responsable, al resolver el recurso de apelación que la parte actora, aquí quejosa, interpuso en contra de la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente de liquidación de sentencia en el juicio de origen 472/2020, señaló lo siguiente: 1. Que no era verdad que con los dictámenes emitidos con motivo de la prueba pericial ofrecida por la incidentista, quedaron precisados los elementos que llevaron a establecer el valor del asunto al poner en evidencia los trabajos realizados por la actora. Lo anterior porque de esas opiniones, como lo señaló el juez de primera instancia, se advertía que los peritos participantes en la prueba tomaron como base para obtener el "quantum" (monto) del juicio, el valor comercial del inmueble materia de división, lo que no resultaba correcto. 2. Lo que era así porque el Juez primigenio, para justificar la forma en que se debía obtener el cuanto del juicio, invocó como sustento las sentencias pronunciadas en fechas veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, en las que determinó los lineamientos para tal efecto, las que al no haberse acatado por los peritos referidos, determinó que era correcto que se declarara improcedente el incidente de liquidación. Así, en resoluciones citadas, se precisó que, atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, el monto del juicio debía establecerse conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley del Arancel del Abogado del Estado, tomándose en cuenta: - La importancia del derecho ventilado. - Los trabajos prestados. - El éxito obtenido. - Las circunstancias personales del cliente. Parámetros que -señaló- quedaron firmes, ya que del testimonio de constancias que se enviaron para la sustanciación de dicho recurso no se apreciaba dato alguno que llevara a considerar que lo establecido en aquellas resoluciones hubiere quedado rebasado por otra sentencia. Esto es, estimó que tales parámetros quedaron consentidos por la incidentista, aquí quejosa, tan era así, que ésta, con el fin de obtener el monto referido, ofreció y desahogo la prueba pericial en derecho, con la que pretendió atender aquellos lineamientos. Sin embargo, indicó que los peritos al emitir sus dictámenes dentro de tal prueba pericial, si bien hicieron alusión a los aspectos de la importancia del derecho ventilado; los trabajos prestados; el éxito obtenido; y, las circunstancias personales del cliente, también lo era que en estos se adicionaron elementos no previstos por la norma, ni señalados como base para obtener el cuanto del asunto, relativos al valor comercial del inmueble origen de la controversia principal y, sobre de éste, se fundamentaron las opiniones emitidas. De tal suerte que al no haberse seguido en los dictámenes emitidos el método ya establecido para obtener el cuanto del juicio, tomando en consideración las dos sentencias interlocutorias previamente consentidas; resultaba correcto lo determinado por el juez de primera instancia, en cuanto a la improcedencia del incidente de liquidación propuesto por la parte actora. Consideraciones que se estiman ajustadas a derecho. Veamos. Firmeza de los parámetros para fijar los honorarios profesionales Primeramente, se precisa que, tal como lo consideró la autoridad responsable, los lineamientos establecidos por el Juzgador de origen para determinar los honorarios profesionales a los que se condenó a la parte demandada en la sentencia definitiva de quince de abril de dos mil veintiuno, quedaron establecidos en las resoluciones de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, los que adquirieron firmeza al ser consentidas tácitamente por la parte actora. En efecto, en tales resoluciones se estableció que para la cuantificación de los honorarios profesionales era indispensable considerar que la acción de división de cosa común ejercida por la demandante, tenía por objeto dar por concluida la copropiedad y efectuar su respectiva partición. De ahí que no constituía por sí misma una reclamación de carácter pecuniario, dado que se trataba de una acción personal, por consecuencia, de modo alguno traía consigo que para la regulación de la prestación en cita, se debiera atender al valor comercial del inmueble materia del juicio, sino atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida, la que debía realizarse conforme al artículo 8° de la Ley del Arancel de Abogados del Estado, tomando en cuenta la (1) importancia del derecho que se ventiló, (2) los trabajos que se prestaron, (3) el éxito obtenido y (4) las circunstancias personales del cliente. En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que los argumentos vertidos por la parte quejosa, tendentes a señalar que se debió tomar en consideración el valor comercial del inmueble materia del juicio de origen, para cuantificar los honorarios profesionales respectivos, devienen ineficaces, porque tal cuestión fue consentida por la parte quejosa, al no ser atacadas las resoluciones interlocutorias en las que se sustentó, oportunamente con algún medio de impugnación y, por ende, tal tema ya no está en controversia en esta etapa procesal. Así, se observa que, al menos desde el momento en que la citada parte actora, aquí quejosa, ofreció la prueba pericial para acreditar el monto de los honorarios profesionales, consintió tales determinaciones. Por ende, el derecho a reclamarla en amparos posteriores se encuentra precluido, así como el tema ahí establecido, esto es, que el valor comercial del inmueble materia del juicio no podía ser un parámetro para cuantificar los honorarios profesionales, sino que se debían tomar en cuenta los aspectos establecidos en el numeral 8° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán; al tratarse de un asunto primigenio de una acción no pecuniaria, ello porque tal cuestión, al no formar parte de la litis constitucional, debe quedar firme sin posibilidad de una impugnación posterior. Por esa razón, contrario a lo señalado por la quejosa, en el proceso de ejecución de sentencia no estaba en contradicción o dilema si el asunto era de cuantía determinada o no, dado que dicho tema había quedado dilucidado de manera clara y expresa por el juzgador tanto en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno como en la de veintiocho de junio de dos mil veintidós, las que consistió tácitamente, al precisar que la acción de división de cosa común ejercida no constituía por sí una reclamación de carácter pecuniario y, por ello, no se debía tomar en consideración el valor comercial del inmueble materia del proceso primigenio. División de cosa común es de cuantía indeterminada Al margen de lo expuesto, aún y cuando la cuantía del asunto a efecto de cuantificar los honorarios profesionales, sea una cuestión que adquirió firmeza en el procedimiento de ejecución correspondiente y, por tanto, los motivos de disenso tendentes a controvertirla resulten ineficaces, también lo es que este Juzgado considera que, como se detalló anteriormente, la división de cosa común ejercida en el proceso primigenio 472/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es de cuantía indeterminada. Toda vez que en dicho juicio no existió una disputa sobre la propiedad del inmueble ni siquiera sobre la del numerario que a cada quien correspondía por su división, y ni uno ni otro concepto se podrían reclamar como prestación para que formaran parte de la litis. Lo anterior porque no se disputó la parte alícuota distinta de la que la parte actora ya tenía primero, ni su equivalente en numerario. Es decir, no se pretendió la transmisión de un inmueble o de dinero de una parte a su contraria, sino que cada quien se debía quedar con lo que ya era suyo, solo que dividido, por tanto, dicha acción no incidió en el patrimonio de las partes. De ahí que la naturaleza de la acción de división de cosa común en el proceso primigenio no introdujo la propiedad inmobiliaria en la litis y, desde luego, no tiene una significación pecuniaria que justifique calificar el asunto como de cuantía determinada o determinable, por ende, no era dable aplicar al caso el artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado, ni estimar el valor comercial del inmueble del que se solicitó su división; de ahí lo incorrecto de lo alegado por la parte quejosa. Exhaustividad en el análisis de los dictámenes Ahora, contrario a lo expuesto por la promovente del amparo, no es cierto que la autoridad responsable no fuera exhaustiva en analizar los dictámenes dentro de la prueba pericial en derecho, porque tal como lo señaló, en tales documentos únicamente se hicieron alusión, de manera genérica, a los parámetros establecidos en el artículo precisado en el párrafo anterior, sin embargo, no concluyeron ni detallaron cantidad alguna sobre cada rubro que se tuviera que tomar en consideración para tal efecto. Lo anterior porque las únicas cantidades que establecieron para la cuantificación de los honorarios profesionales fue el valor comercial del inmueble, uno por la cantidad de $1,415,275.94 pesos y, el otro, por la diversa de $1,415,387.97, lo que, ya se dijo, no es ajustado a derecho. A más de que ambos peritos se limitaron a multiplicar tal cantidad por el 8%, para fijar el cuanto de las costas. Sin embargo, tal porcentaje lo obtuvieron de lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Arancel de Abogados, que regula los honorarios profesionales en asuntos de cuantía determinada o determinable, lo que tampoco es ajustado a derecho, como se explicó, dado que estos debieron tomar en consideración los parámetros establecidos en el numeral 8° de dicha legislación, lo que, se insiste, no efectuaron. Ello porque el monto de las costas establecidos en ambos artículos -6° y 8° de la citada legislación- son excluyentes entre sí, dado que establecen diferentes fórmulas y son de diversa composición normativa; a más de que en el primero, en todo caso, se designan peritos valuadores para establecer el valor de las cosas objetos del juicio y, en el otro, se designan peritos en la materia de derecho para fijar el monto de los honorarios. Así, previo a la formulación de liquidación de costas bajo un proceso específico -artículo 143 del Código de Procedimientos Civiles del Estado-, atendiendo al principio de contradicción, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe establecer el tipo de sistema para determinar la base para el cálculo de las costas, lo que así aconteció. Es así porque el Juzgador, en las resoluciones de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, estableció que el tipo de sistema para el cálculos de los honorarios profesionales sería el establecido en el numeral 8° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado, en consecuencia, al momento de desahogar la prueba pericial los expertos en la materia debieron tomar en consideración los parámetros establecidos en dicha disposición normativa, antes reseñados, lo que no aconteció. Por el contrario, estos se apoyaron en lo regulado por el artículo 6° de la citada legislación, para de ahí cuantificar los honorarios profesionales, lo que resulta desajustado a derecho. Falta de oposición de los demandados en cuanto a la planilla de liquidación Ahora, tampoco asiste razón a la parte quejosa, en el sentido de que al no mediar oposición de los demandados en cuanto a la planilla de liquidación que exhibió, ésta debía aprobarse por el Juzgador primigenio, ello porque aún y cuando su contraparte no se inconformó, esa sola razón no es suficiente para que se aprobara dicha planilla en los términos propuestos. Lo anterior porque los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad de dicho incidente de liquidación y lo dispuesto en el artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido. Ello porque tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación. Así, el juzgador de origen estaba en lo correcto al emplear su arbitrio judicial, a efecto de decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendieron de la resolución principal, así como de las resoluciones de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, respetó los principios fundamentales del proceso, como el de invariabilidad de la litis, el de congruencia y la cosa juzgada. Ello porque empleando su arbitrio judicial valoró que en el caso resultaba una cuestión firme que no se debía considerar el valor comercial del inmueble para establecer el cuanto de los honorarios profesionales, como incorrectamente lo hicieron los profesionales del derecho al emitir sus respectivos dictámenes, de ahí que contrario a lo señalado por la parte quejosa, no bastaba la falta de oposición de su contraparte para que el juez, atendiendo a dicha circunstancia, autorizara su planilla de liquidación. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente. "Registro digital: 197383 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 35/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 126 Tipo: Jurisprudencia PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." Libre valoración de la prueba pericial Por otra parte, contrario a lo señalado por la solicitante del amparo, lo establecido en los dictámenes emitidos por los peritos con motivo de la prueba pericial en derecho ofrecida por la parte actora, aquí quejosa, no obligan ni vinculan al juzgador con las opiniones ahí emitidas, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance la eficacia de los medios probatorios, atendiendo al sistema de libre valoración de la prueba pericial contemplados en el numeral 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones, al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con la finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto: "Registro digital: 2003122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: I.7o.C.28 C (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2060 Tipo: Aislada PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos." Así, el Juzgador de origen se encontraba en condiciones de determinar que los dictámenes referidos no eran suficientemente sustentables para crear convicción en él, ello porque en el caso, precisó que estos se apoyaban en el valor comercial del inmueble para cuantificar los honorarios profesionales condenados en la sentencia definitiva, lo que no era factible dado que debieron estar respaldados en los parámetros establecidos en el numeral 8° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado, y no aplicar un diverso sistema como lo era el establecido en el artículo 6° de la citada legislación, como incorrectamente lo formularon dichos peritos. De ahí que estuvo en lo correcto el Juzgador al desestimar los dictámenes rendidos con motivo de la prueba pericial en derecho. Así, también resultan ineficaces los argumentos relativos que no solo se debió apoyar en simples documentos de comprobantes de recibos, porque "detrás" de cada proceso existió mucho desgaste que la responsable no valoró; no obstante, tales cuestiones precisamente debieron ser objeto de la prueba pericial, y se debieron cuantificar, lo que, como se dijo, los peritos no lo establecieron, esto es, no señalaron parámetro alguno sobre cada uno de estos puntos. Derecho de audiencia, legalidad o debido proceso Por otra parte, se observa que en momento alguno se violó en perjuicio de la solicitante del amparo el derecho de audiencia, legalidad o debido proceso contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, debido a que, de las constancias que integran el juicio de origen, es la parte actora la que accionó el proceso primigenio, y quien instó el incidente de liquidación respectivo, ofertó pruebas, obtuvo una resolución y la impugnó; a más de que consintió tácitamente las resoluciones de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintidós, aún y cuando estuvo en la posibilidad de alegar lo que en derecho correspondiera en tal proceso. De ahí que se sostenga que la responsable no violó en su perjuicio los derechos precisados en el párrafo anterior. Decisión Por las razones expuestas, resulta ajustado a derecho que la responsable confirmara la resolución interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, en la que, a su vez, el Juez de origen determinó la improcedencia del incidente planteado por la parte actora, aquí quejosa; por ende, la segunda parte de los motivos de disenso en análisis resultan ineficaces para el fin que su expresión procura. Por lo anterior, ante lo infundado en una parte, e ineficaces en lo restante de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María de Lourdes Castillejos Cárdenas, en relación con el acto atribuido a la autoridad que quedó precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS, NOTIFICAR POR LISTA. Visto el estado que guardan los presentes autos en particular la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días concedido a los terceros interesados en este juicio, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que lo hubiera hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, se ordena practicarle por lista las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 503/2023, promovido por María de Lourdes Castillejos Cárdenas, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, se hace constar que mediante ocurso presentado el día de ayer, la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos; documento que se registró con el número 6697. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. En torno a los alegatos de mérito, provéase lo conducente en la etapa correspondiente de la presente resolución. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 503/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, María de Lourdes Castillejos Cárdenas, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la sentencia de doce de abril del presente año, que resolvió el recurso de apelación con número de toca I-84/2023, interpuesto en contra de la interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, con motivo del incidente liquidación de sentencia interpuesto por María de Lourdes Castillejos Cárdenas en contra de Martín y Erick, ambos de apellidos Castillejos Cárdenas, por cuanto ve a los gastos y costas condenados en la sentencia definitiva emitida en el juicio 472/2020, del índice del Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La medida cautelar se solicita para los efectos: ".QUE NO SE REALICE LA ENTREGA DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN AUTOS POR MOTIVO DE LA VENTA JUDICIAL DEL INMUEBLE." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de resolver lo que conforme a derecho proceda en torno a la suspensión definitiva solicitada, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.), y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. El acto reclamado es cierto atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe previo. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la quejosa reclama la resolución de apelación que confirma la interlocutoria que declaró infundado el incidente de liquidación de sentencia promovido en el juicio de origen por la parte aquí quejosa, por lo que al tratarse de un acto negativo la medida resulta improcedente y, más aún respecto de los efectos para los cuales se pide y que son, para que no se entregue la cantidad consignada con motivo de la venta judicial de un inmueble, lo que no forma parte del acto reclamado en este juicio. (iv) Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, la posible afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Ahora bien, no obstante que la promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado satisfaciendo el primero de los requisitos legales y jurisprudenciales expuestos con antelación, se estima que el tercero de éstos no se colma, ya que, como se anticipó, el acto reclamado lo constituye únicamente la resolución de segunda instancia que confirma la interlocutoria mediante la cual se declaró infundado el incidente de liquidación de sentencia por cuanto ve a los gastos y costas, el que refiere bajo protesta de decir verdad se absolvió a los incidentados de cubrir dicha prestación, por lo que tal acto en su emisión reviste el carácter de consumado y negativo, motivo por el cual no procede conceder la medida suspensiva, ya que ésta no puede tener efectos restitutorios que, eventualmente podrían corresponder a la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales. Apoyan lo anterior, en lo conducente, las tesis del texto y rubro siguientes: "Época: Octava Época Registro: 217665 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60, Diciembre de 1992 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/37 Página: 51 ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." "Época: Novena Época Registro: 187375 Instancia: |Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.25 K Página: 1468 SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." Tampoco procede para los efectos pretendidos por la parte quejosa, esto es, para que no se entregue la cantidad consignada con motivo de la venta judicial de un inmueble en el juicio natural, ya que ni la consigna ni la venta de dicho bien forman parte de la litis en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno incidental; dado que, como lo refirió la parte quejosa, la audiencia de remate del inmueble que indica, se realizó en el expediente principal 472/2020, y no así en el incidente de liquidación de sentencia, en el que se dictó el acto reclamado; por tanto, al no constituir materia de reclamo, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis del texto y rubro siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 189561 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.4o.1 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1237 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. ES AQUELLA QUE SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE NO SON RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 122 de la Ley de Amparo establece que la suspensión del acto reclamado puede decretarse de oficio o a petición de parte. Ahora bien, la suspensión tiene como finalidad primordial mantener viva la materia del amparo, así como evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudieran causarle. Al ser ello así, resulta incuestionable que debe existir una clara concatenación entre el acto reclamado y aquel cuya suspensión pide, de manera tal que si se solicita la suspensión de un acto que no es el reclamado, ni tampoco forma parte de sus consecuencias, la suspensión es improcedente, hecha excepción de los casos en que procede la suspensión de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la ley de la materia." "Registro digital: 2019200 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE NIEGA a María de Lourdes Castillejos Cárdenas, la suspensión definitiva del acto reclamado. Sin que la anterior determinación ocasione a la quejosa una afectación a sus derechos constitucionales, ya que tal determinación no contraviene a sus intereses, puesto que la ejecución pretendida es una consecuencia legal a sus derechos ya constituidos tanto en el fallo definitivo como en el interlocutorio, por lo que quedan expeditos sus derechos de ejecución para que los hagan valer ante la autoridad correspondiente. No impide resolver en la forma anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a MARÍA DE LOURDES CASTILLEJOS CÁRDENAS, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.

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