María de Lourdes Acosta Reyes

Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1105/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Acosta Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Y ANEXOS A TRIBUNAL DE ALZADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós se tuvieron por interpuestos los recursos de revisión que hicieron valer los terceros interesados Elvira Chávez Vega y Luis Chávez Rangel, en contra de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a través de la cual se concedió la protección de la Justicia Federal, así como que la totalidad de las partes dentro del juicio en que se actúa, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación de los medios de impugnación de que se trata, por lo que se acuerda lo siguiente. Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme, un tomo de pruebas, el escrito original de agravios, así como copia del mismo correspondiente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que se tenga a bien determinar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, a once de octubre de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por María de Lourdes Acosta Reyes, por propio derecho; regístrese bajo el número IX-1105/2022. EXHORTO PARA TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, transiten con la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, este juzgador -de oficio- advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente el acto materia del reclamo en la presente instancia constitucional, al presentar su escrito de demanda después de concluir el plazo de quince días con que contaba para ello. La hipótesis normativa apuntada dispone: "El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Asimismo, los artículos 17 y 18 de la misma legislación establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los numerales transcritos se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los mismos, en cuyo caso se entenderá que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados. Además, se obtiene que por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días hábiles, el cual podrá comenzar a computarse a partir de tres diversos momentos, tal como lo indica el numeral 18 de la legislación en cita. En principio, podrá contarse a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, atendiendo a las reglas que rijan dicha actuación. Por otro lado, también es factible que transcurra desde al día siguiente en que el peticionario de amparo tuvo conocimiento de los actos impugnados o de su ejecución y finalmente, al día siguiente en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Cabe señalar que el supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación respectiva, es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y exista un medio formal para notificar a las partes involucradas. En cambio, la segunda regla es aplicable a los casos en que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia Registro digital: 165582 "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Además, es importante precisar que si bien el primer párrafo del ordinal 17 referido, precisa como regla general que el juicio de amparo, debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que haya acontecido alguno de los tres supuestos apuntados; por su parte, las fracciones I, II, III y IV prevén diversos supuestos en los que se actualiza una excepción a dicha regla, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Una vez reseñado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado que se analiza en este apartado consiste en el ilegal y defectuoso emplazamiento que se realizó a la parte quejosa dentro del juicio sucesorio intestamentario número 1622/2004, a bienes de Eutimio Acosta Farías, promovido por José Sacramento Acosta Reyes, del índice del Juzgado Primero Civil de Pátzcuaro, Michoacán, por lo cual es dable concluir que no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción invocados. De ahí, que para verificar si la presentación de la demanda de amparo promovida fue oportuna, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, que su impugnación en sede constitucional debió realizarse dentro del plazo de quince días hábiles. Ahora, debe tomarse en consideración, que en el capítulo relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado, la parte promovente refirió: "Bajo protesta de decir verdad tuve conocimiento del acto reclamado el día 27 de mayo del año en curso ya que fui al Registro Público de la Propiedad y me di cuenta que las propiedades que fueron de mi padre estaban a favor del señor JOSÉ SACRAMENTO ACOSTA REYES. [.]". Con esas bases, es dable afirmar que en el caso se actualiza el tercero de los supuestos a los que se refiere el artículo 18 de la ley de la materia, consistente en que el plazo de quince días para la presentación del juicio de amparo debe comenzar a computarse a partir del día siguiente en que la quejosa se hubiese ostentado sabedor de los actos impugnados. De lo anterior, se obtiene que el plazo para interponer el juicio de amparo transcurrió del treinta de mayo al diecisiete de junio de dos mil veintidós, descontándose de ese cómputo los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la tesis que se inserta en seguida: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. En ese sentido, si la parte quejosa no reclamó la inconstitucionalidad del acto reclamado dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que tuvo conocimiento del mismo, sino hasta el diez de octubre de dos mil veintidós, fecha en que presentó la demanda de amparo que nos ocupa, es evidente que la misma se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia y, por ende, debe inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. El criterio jurisprudencial o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Acosta Reyes, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Francisco Reyes Farías, sin la plenitud de facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no habérselas conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

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