María de Lourdes Betancourt Soria
Expediente 1395/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María de Lourdes Betancourt Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitado, para efecto de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, autoridad responsable en el presente juicio, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día en que sea legalmente notificada del acuerdo por el cual la presente resolución cause ejecutoria, deje insubsistente la resolución reclamada, así como todo el procedimiento administrativo de queja 195/2019, toda vez que fue iniciado por una autoridad incompetente, en una clara contravención al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto que se hace extensivo a las restantes autoridades responsables, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren con el acatamiento de la presente resolución, lo cual deberán acreditar en la etapa de cumplimiento del presente fallo.". Inconforme con dicha determinación la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 205/2020 y mediante ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, determinó confirmar la sentencia recurrida. Por lo anterior, vista la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio sin número recibido el once de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 195/2019, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve y se pronunció atendiendo a los efectos de la concesión de amparo, y ordenó reponer el procedimiento, única y exclusivamente para el afecto de admitir y desahogar las pruebas documentales públicas en vía de informe marcadas con los numerales 2 y 2bis, ordenando cancelar las anotaciones correspondientes. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, mediante oficios sin número recibidos el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficios sin número recibido el tres de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable respectivamente informó que desahogó las pruebas ofertadas en la queja número 195/2019, así como la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil veintiuno en la que declaró la existencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria. Consecuentemente las autoridades señaladas como ejecutoras Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría y el Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio de cuatro de octubre de dos mil veintiuno y el oficio sin número recibido el seis de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente remitieron las constancias conducentes donde acreditan dejar insubsistente el registro de la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada en los autos de la queja administrativa 195/2019, así como se realizaron la desincorporación del expediente personal de la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria, en relación a la citada resolución. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio sin número recibido el once de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 195/2019, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve y se pronunció atendiendo a los efectos de la concesión de amparo, y ordenó reponer el procedimiento, única y exclusivamente para el afecto de admitir y desahogar las pruebas documentales públicas en vía de informe marcadas con los numerales 2 y 2bis, ordenando cancelar las anotaciones correspondientes. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría, mediante oficios sin número recibidos el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Posteriormente, mediante oficios sin número recibido el tres de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable respectivamente informó que desahogó las pruebas ofertadas en la queja número 195/2019, así como la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil veintiuno en la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria. Consecuentemente las autoridades señaladas como ejecutoras Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría y el Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio SC/DGR/1558/2021 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, así como el oficio sin número recibido el seis de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente remitieron las constancias conducentes donde acreditan dejar insubsistente el registro de la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada en los autos de la queja administrativa 195/2019, así como la desincorporación del expediente personal de la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria, en relación a la citada resolución. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable dejará insubsistente la resolución reclamada; y en su lugar pronuncie una nueva resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras Director General de Responsabilidades de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal y Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, remitieron copia certificada de la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 195/2019, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve y se pronunció atendiendo a los efectos de la concesión de amparo, así como la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil veintiuno en la que declaró la existencia de responsabilidad administrativa que se atribuyó a la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras Director General de Responsabilidades de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal y Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, mediante oficio SC/DGR/1558/2021 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, así como el oficio sin número recibido el seis de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Octavio Rosales Gutiérrez, en su carácter de Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite diversas constancias certificadas para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Sergio Chávez Cárdenas, Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estadode Morelos, mediante el cual remite diversas constancias en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, relacionadas con la queja administrativa 1395/2019; con las que acredita su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio acordado en autos de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, así como con el oficio y anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Rubén Jasso Díaz, magistrado Presidente del Tribunal superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia de los acuses de recibo de los oficios dirigidos al director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada para acreditar su dicho. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, para que en el término de tres días den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, siguiendo los lineamientos señalados en la misma. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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