María de Lourdes Betancourt Soria

Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
302/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Betancourt Soria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ..Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María de Lourdes Betancourt Soria, contra la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida en la queja administrativa 195/2019, por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Andrés Didier Linares Acevedo, mediante el cual renuncia a la designación de delegado realizada por la autoridad responsable Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. De igual forma, solicita se revoque la autorización para la consulta del expediente electrónico con el usuario didier.linares.acevedo, al ser el titular del mismo. En atención a lo anterior, y toda vez que del "reporte de autorizados para consular Expediente Electrónico" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que dicho usuario sí corresponde al ocursante; en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene al delegado antes referido renunciando a dicho carácter, de igual forma, dese de baja el usuario en cuestión para la consulta vía internet del expediente electrónico. En consecuencia, infórmese lo anterior a las autoridades responsables Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y Director General de Administración de esa Junta, para su conocimiento y para que, en caso de ser su deseo, designen diverso usuario a efecto de continuar teniendo acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Por otro lado, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por el que devuelve el juicio de amparo 302/2023 y remite testimonio de la resolución dictada el veintisiete de abril de este año, en el impedimento 6/2023, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se califica NO LEGAL el impedimento." Sin que sea el caso de acusar de recibo, por así haberlo solicitado ese cuerpo colegiado. Lo anterior comuníquese a las partes y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, en el considerando tercero de la citada resolución de veintisiete de abril del presente año, se precisó lo siguiente: "(14) Atento a lo anterior, a juicio de este tribunal colegiado en el caso particular no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo; en consecuencia lo procedente es declarar no legal el impedimento planteado y ordenar que la Secretaria en funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Fabiola Viridiana Ramos Castillo, continúe en el conocimiento del asunto, sin perjuicio de que con posterioridad pueda actualizarse esa o alguna otra causa de impedimento." En tal virtud, como se ordena en la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se continua con el procedimiento del presente juicio de amparo, señalándose las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS, DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista; personalmente a la quejosa María de Lourdes Betancourt Soria; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo dictado el cuatro de abril del año en curso, por el magistrado presidente de dicho órgano jurisdiccional, a través del cual se ordena dar cuenta al Pleno a efecto de que determine lo conducente, mismo que quedó registrado con el diverso ******************** de su índice. Al respecto, se toma conocimiento de la circunstancia anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente y el Director General de Administración, ambos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Domicilio y delegados De igual forma, se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Consulta de expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Documentales Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, así como por ofrecidas las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar tres anexos por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Se plantea un impedimento para conocer de este juicio de amparo Ahora bien, en virtud del contenido de las constancias antes descritas y visto el estado procesal que guardan los autos, este juzgado de distrito plantea un impedimento para conocer de este juicio de amparo, toda vez que el artículo 51 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos que impiden que las personas juzgadoras conozcan de los juicios que se someten a su jurisdicción. Ahora bien, analizada la demanda de cuenta, así como las constancias del procedimiento de origen, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora estima que debe excusarse de conocer del presente juicio constitucional, toda vez que en el caso podría configurarse la causa de impedimento prevista en el diverso 51, fracción VIII, de la ley de la materia, de acuerdo a las razones y motivos que a continuación se exponen. El precepto legal invocado establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De la lectura del anterior precepto se puede obtener, en lo que interesa, que las ministras y ministros, magistradas y magistrados de circuito y, juezas y jueces de distrito, deberán excusarse para conocer de los juicios en que intervengan, cuando ocurra cualquiera de las causas que describe el citado precepto; en el caso que interesa, cuando exista una situación diversa a las especificadas en el numeral de trato, que implicara elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Para evidenciar la causa de impedimento, resulta importante destacar que, el acto reclamado en esta instancia consiste en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida por los Integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el expediente administrativo 195/2019. En ese sentido, se advierte que Norberto Calderón Ocampo, es magistrado Integrante de la autoridad responsable, mismo que guarda una relación consanguínea colateral en segundo grado (hermano) con los diversos profesionistas Erik Calderón Ocampo y Carlos Calderón Ocampo, quienes actualmente se encuentran adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en función de secretario de juzgado y oficial judicial "C", respectivamente. Entonces, debido a que los hermanos de uno de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, actualmente se encuentran adscritos al órgano jurisdiccional que conoce del asunto y por tanto tienen una relación laboral de subordinación y convivencia diaria con la suscrita, pudiera considerarse que existe el riesgo de pérdida de imparcialidad, en detrimento de la imagen institucional del Poder Judicial de la Federación al resolver el fondo de este asunto. Lo anterior, pues la interpretación del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, permite concluir que la suscrita juzgadora debe excusarse para conocer de los juicios de amparo cuando se encuentre en una situación diversa de las hipótesis que le preceden a esta última porción normativa, a saber, las siguientes: "I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II.Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III.Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes.". En efecto, la porción normativa antes invocada (artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo), establece una hipótesis genérica de impedimento, que opera cuando el juez o jueza de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a las contenidas en la restantes fracciones del numeral ya citado, que implique un riesgo de pérdida de imparcialidad, sin que sea necesario para que este se acredite, demostrar que el juzgador tenga una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto, sino que será suficiente que, en abstracto, peligre la situación sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto, puesto que, en estos casos la posibilidad de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario, el cual, es diferente en cada persona, y su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otros factores personalísimos, propios de cada juzgador. En el caso, como se apuntó, se tiene como elemento objetivo para acreditar el impedimento de que se trata, la existencia de una relación laboral actual, de subordinación y convivencia diaria entre la suscrita juzgadora y los licenciados Erik Calderón Ocampo y Carlos Calderón Ocampo, familiares directos del licenciado Norberto Calderón Ocampo (hermanos), autoridad responsable emisora del acto reclamado; lo que pudiera derivar en un riesgo de pérdida de imparcialidad, al resolver el fondo de este asunto, en detrimento de la imagen institucional del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, resulta adecuado que, por decoro judicial y mandato legal, en aras de transparentar una justicia imparcial, la suscrita se declare impedida para resolver el fondo del presente juicio de amparo, a fin de garantizar la máxima idoneidad para el cumplimiento de las funciones inherentes a mi postura como Jueza Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo sustancial y conducente, la jurisprudencia 16/2020, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021744, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso." Del mismo modo, sirve de apoyo, por su contenido esencial, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C. J/44, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIX, abril de 2004, materia común, página 1344, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." En el mismo sentido la jurisprudencia I.11o.C. J/4 K (11a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, junio de 2022, tomo VII, página 6103, correspondiente a la undécima época, con número de registro digital 2024876, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La autoridad judicial de amparo formuló impedimento para conocer de determinado asunto por estimar que se actualizaban elementos de los que pudiera estar en riesgo su imparcialidad, lo que obligó, en cada caso concreto, a examinar las premisas planteadas con base en la interpretación del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para que se actualice la causa de impedimento contenida en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial. Justificación: Lo anterior, porque las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de Amparo prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad con que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como idóneo para los juzgadores o la concordancia de la comunidad y el desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen." En congruencia con lo anterior, conviene tener presentes los artículos 54, fracción III y 55, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, mismos que para un mejor entendimiento se trascriben a continuación. "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (...) III. Los tribunales colegiados de circuito: c) De las juezas o jueces de distrito, que se encuentren en su circuito..." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Las magistradas o los magistrados de circuito y las juezas o los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." Sobre esa base, con la finalidad de resguardar en forma absoluta el principio de imparcialidad en la administración de justicia en el presente asunto, conforme a lo establecido en el artículo 17 constitucional, el cual consiste en la neutralidad que se debe presentar entre quien solicita la tutela jurídica y respecto de aquel que la imparte, se solicita atentamente al tribunal de alzada califique el planteamiento del presente impedimento para conocer este asunto. Por lo que, en estricta observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en los artículos 54, fracción III, inciso c), y 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, mediante oficio, con transcripción del presente proveído, remítanse los autos del juicio en que se actúa, así como sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho corresponda en torno al impedimento que se plantea. Sin que se exhiba probanza alguna al respecto, por no ameritarse así, atento a la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/106 A (10a.), registrada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número 2014752; criterio que estatuye lo siguiente: "IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON LA I, DE LA LEY DE AMPARO, PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA QUE EL JUZGADOR MANIFIESTE CONTUNDENTE Y CLARAMENTE EL MOTIVO POR EL QUE SE UBICA EN ESE SUPUESTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A ACOMPAÑAR ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE. De la interpretación literal del contenido de los artículos 51, fracción VIII, en relación con la I, y 55 de la Ley de Amparo, deriva que basta la manifestación contundente y bajo protesta de decir verdad del funcionario judicial al plantear el impedimento para conocer del juicio de amparo, basta para tener por demostrado su dicho, debido a que dicho reconocimiento constituye una expresión de imparcialidad con la que debe conocer de los juicios en términos de lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que esté obligado a acompañar algún medio de prueba que lo acredite. Sin embargo, en atención a la trascendencia de la figura del impedimento, se estima que al plantearse se debe establecer en forma clara, al menos, los datos objetivos que den claridad y soporte a su manifestación; lo que se exige de esta manera para que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con la información mínima para calificarlo de legal." Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, para los efectos administrativos correspondientes. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dieciocho minutos del tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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