Maria de los Angeles Velazco Duran
Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/07/2023
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Velazco Duran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de junio de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Visto el comunicado y anexo remitidos por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se le tiene informando que remitió a la Directora de Recursos Humanos de la misma dependencia, oficio mediante el cual le requiere realice las gestiones necesarias a efecto de cubrir a la parte quejosa el pago de la indemnización constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere. En virtud de lo anterior, requiérase nuevamente al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que en el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite que pagó la cantidad que resultó en favor del aquí quejoso, como indemnización constitucional o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En el entendido de que no bastará que informe que requirió a diversa autoridad, sino que deberá acreditar con constancias que se realizó la indemnización correspondiente a la parte quejosa. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la indemnización constitucional en su favor. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no acreditar el cumplimiento del fallo protector o las gestiones que de manera efectiva se encuentra realizando, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Autoridad informa cumplimiento a la suspensión. Téngase por recibido el oficio signado por el apoderado y representante legal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en representación de las autoridades obligadas al cumplimiento de la suspensión, mediante el cual remite el diverso suscrito por el Director Área de Inspección y Vigilancia y Encargado de Despacho de Inspección Ambiental, al que se adjunta el acta circunstanciada de hechos realizada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, respecto a la verificación o inspección del lugar materia de la presente incidencia. Asimismo, adjunta el instrumento técnico realizado por el perito especializado en el rubro * , ello, en seguimiento al cumplimiento a la medida cautelar en el asunto en que se actúa, ahora con las indicaciones emitidas por el tribunal de alzada en el recurso de queja 68/2020; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, asimismo, con sus contenidos dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el contenido del oficio que suscribe el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la revisión incidental 16/2023, del índice de la superioridad, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados que se especificaron en el resultando primero, para los efectos precisados en el quinto considerando de esta ejecutoria, con el requisito de efectividad que se indicó en ese mismo considerando.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Efectos de la suspensión definitiva emitida por la superioridad. Es pertinente conocer los lineamientos vertidos por la superioridad al declarar fundado el recurso de revisión que se recibe, en el que señaló que se debería conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Y sus efectos deben ser para que dejen de surtir efecto las medidas cautelares concedidas a la tercera interesada ****, actora en el juicio ordinario mercantil 858/2022 del índice del Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se ejerció la acción de nulidad de la asamblea general de accionistas de ****, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Se aclara que la suspensión otorgada obviamente no implica que se permita al quejoso "realizar actos ilícitos" ni que se paralice el procedimiento natural, sino que sus efectos se limitan a los ya especificados. Además, no pasa inadvertido que el quejoso en el capítulo de suspensión del acto reclamado hizo alusión que la solicita para diversos efectos, entre los que destacan los actos de las autoridades ejecutoras, respecto de lo cual se estima innecesario pronunciarse, en la medida que con motivo de la concesión de la medida en torno al acto de la ordenadora, esto es, que dejen de surtir efectos las medidas cautelares, el propio juzgador natural deberá proceder a ordenar lo conducente respecto de los autos de las autoridades ejecutoras, quienes deberán atender lo señalado en la presente suspensión definitiva; lo anterior en la medida que no se advierte que los actos de ejecución se hayan impugnado por vicios propios. Se fija garantía. Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, se fija como garantía a fin de que siga surtiendo sus efectos la concesión de la medida provisional, la cantidad de $1'066,600.00 (un millón sesenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que se establece de manera discrecional, acorde con lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, teniendo en consideración la naturaleza de los actos reclamados, el estado procesal que guarda el juicio natural y el efecto para el cual se concedió la medida cautelar decretada. Así es, el primer párrafo el artículo 132 de la Ley de Amparo citado, establece: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.." De dicha porción normativa se advierte que para el caso en que sea procedente la suspensión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a la parte tercera interesada si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cantidad que como se precisó, se fija de manera discrecional ante la ausencia de mayores datos que puedan servir de sustento para efectuar los cálculos correspondientes, pero tomando en consideración que esa fue la cantidad que se fijó en el juicio de origen para que surtieran efectos las medidas cautelares cuya suspensión se concedió mediante esta ejecutoria y que la parte tercera interesada exhibió según se advierte del contenido del auto reclamado de veinticinco de abril de dos mil veintidós. Por tanto, esa cantidad se considera como el único referente con que se cuenta para definir discrecionalmente la garantía que debe otorgar el quejoso para caucionar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la tercera interesada en caso de que el beneficiario de la medida cautelar no obtenga sentencia favorable en el amparo. Garantía que se deberá exhibir ante el juzgado de distrito, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este fallo, mediante garantía a satisfacción de la juzgadora y en cualesquiera de las formas legalmente establecidas, y para el caso de exhibirse billete de depósito, deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; y al cual debe incluir el texto de que el depositante autoriza de manera expresa al secretario técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia Federal, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito; así como el texto de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, todo lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 y su similar 50/2014, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la organización y funcionamiento de aquel fondo." Notifíquese a la autoridad. En razón de lo anterior, se ordena notificar a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes a que haya lugar y que den cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad.
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