María de los Ángeles Sánchez Bautista

Expediente 1271/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1271/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Sánchez Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable; acuerdo que le fue notificado el doce de agosto siguiente. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la cual, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que cerró la instrucción en el juicio laboral 123/2021/1-C, de su índice. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, mediante oficios 500/1007/2022 y 500/1034/2022, remitió copia certificada del acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, del que se advierte cerró la instrucción en el juicio laboral 123/2021/1-C, de su índice. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. IV. Orden de archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. V. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse por un parte, sobreseído y por otra, concedido el amparo. VI. Oposición de datos personales. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, qué devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de agosto de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Levanta reserva. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de ocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reservándose proveer lo conducente hasta en tanto la sentencia dictada en el presente sumario causara ejecutoria. En virtud de que lo anterior ya aconteció, se levanta la reserva realizada y se provee. IV. Vista cumplimiento. Visto nuevamente el oficio de registro 17256, proveniente de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como con el diverso con el que se da cuenta en el presente auto, mediante los cuales la autoridad responsable remite copia certificada de diversas constancias con al que aduce cumplir con la ejecutoria de amparo emitida en el asunto en que se actúa; al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese por lista física y electrónica

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PERITO OFICIAL EN MATERIA DE AGRIMENSURA **** EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL CUARTO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Visto el escrito de cuenta, que firma el perito oficial ****, y en atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede una prórroga por un plazo de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que emita su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Difiérase audiencia. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días acreditara que exhibió ante la autoridad encargada del cumplimiento, los documentos que le fueron solicitados, o en su defecto, manifestara el impedimento que tuviera, plazo que transcurrió sin que el Comisariado Ejidal quejoso, se pronunciara al respecto. Requiérase. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda en Jalisco, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, indique el estado procesal de la opinión técnica de uso de suelo referente al procedimiento expropiatorio del poblado denominado "Ameca", Municipio de Ameca, Jalisco. En el entendido de que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá al titular de dicha dependencia una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Se requiere al Titular de la Oficina de Representación Estatal en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, para que le ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables.

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