María de los Angeles Vega Mendoza
Expediente 1269/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de los Angeles Vega Mendoza
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su escrito de demanda, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna; en tal virtud, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Actualiza causal de sobreseimiento. En otro orden, visto el estado de autos, se advierte que con relación a la omisión de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la omisión de dar contestación al escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso. Ahora, de los anexos que acompañó el Director Jurídico de Servicios de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, se advierte que el veinte de septiembre del año en curso, atendió el escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por la aquí quejosa ********************, mismo que fue notificado el veintidós de septiembre del año en curso. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Director Jurídico de Servicios de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado demostró que dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y se lo hizo del conocimiento; cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Cabe precisar que, en la contestación, la autoridad responsable le hizo del conocimiento a la parte quejosa que la petición la turnó al ******************** de la compañía de seguros "********************." por ser a quien le corresponde dar respuesta a la misma. Luego, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda, respecto del oficio de contestación ********************/23 y autoridad responsable, lo cual no realizó. De ahí que, ******************** de la compañía de seguros "********************." no es autoridad responsable en el presente juicio de amparo; máxime que no es una autoridad que dependa de la inicialmente señalada como responsable, sino que se trata de una empresa privada. Por ende, se arriba a la conclusión de que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto que la autoridad señalada como responsable dio la contestación que estimó pertinente a la solicitud de la parte quejosa mediante el oficio ********************/23; sin que la parte quejosa se haya inconformado con su contenido. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para la data en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; notifíquese por lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a fin de que la parte quejosa manifieste si es su intención ampliar su demanda de amparo. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de Servicios de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que sí es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Causal de improcedencia. La autoridad responsable manifiesta que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de la contestación al escrito presentado por la parte quejosa, cuya omisión de hacer se reclama en el presente juicio de amparo. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Consulta de anexos. Del anexo que acompañó el Director Jurídico de Servicios de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, se advierte que por oficio ******************** dicha autoridad dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa a través de su escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el cual se le notificó el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista para ampliar demanda. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su intención ampliar su demanda de amparo respecto de dicho oficio, así como de la autoridad señalada como Área de Aseguramiento y Riesgo Vida. De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, una para la autoridad responsable y una para el Agente del Ministerio Público. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo: Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 1, página 801, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J.112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo que se le concede, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre en autos, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito por medio del cual transcribe el acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés, y se advierte que fue devuelto a dicho órgano jurisdiccional el expediente relativo al amparo en revisión administrativo **** para la formulación del proyecto correspondiente. Notifíquese por medio de lista.
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