María de los Ángeles Oliva Rodríguez
Expediente 1280/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de los Ángeles Oliva Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Razón: En veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el oficio registrado con el(los) número(s) de correspondencia interna 3717. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la resolución de catorce de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 07/2019. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución del recurso de queja que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de queja de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en esta ciudad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo y al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo; respecto de la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto en su contra; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el auto de tres de enero de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja civil número 7/2019, del que se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa María de los Ángeles Oliva Rodríguez. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signando por la quejosa María de los Ángeles Oliva Rodríguez, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de once de diciembre del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto el auto recurrido, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión la promovente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 de la ley en mención, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa. Finalmente, mediante atento oficio que al efecto se gire a la Superioridad en comento, envíese el escrito original del recurso interpuesto y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción e infórmese sobre la materia de la queja.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve María de los Ángeles Oliva Rodríguez, por derecho propio, contra el acto del Juez Primero Mercantil en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 1280/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 2134/2010, mediante la cual el Juez Primero Mercantil en esta ciudad resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la diligencia embargo realizada el treinta de mayo de dos mil dieciocho. Asimismo, se advierte que por el dicho de la propia quejosa, hecho bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), mediante sentencia de cuatro septiembre de dos mil doce, fue condenada a pagar dentro del juicio 2134/2010, como suerte principal $52,400.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), y por concepto de intereses moratorios $294,976.70 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 70/100 moneda nacional). Motivo por el cual, por diligencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita al área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado, realizó el requerimiento, y embargo de bienes de la quejosa por el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en su contra por $52,400.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal y $294,976.70 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 70/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, y en contra de la citada diligencia promovió incidente de nulidad de actuaciones. De ahí que el incidente de nulidad cuya resolución se reclama fue promovido contra el embargo respecto del 30% (treinta por ciento) del excedente del monto del salario mínimo de la parte proporcional de su sueldo, trabado en ejecución de la condena de pago contenida en la sentencia citada. Ante lo cual, con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asentado lo anterior, se concluye que tal determinación no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la fase de ejecución, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones el acto que aquí se reclama, consistente en la determinación de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 2134/2010, mediante la cual el Juez Primero Mercantil en esta ciudad, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la diligencia de requerimiento y embargo de bienes de la quejosa, efectuada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, en ejecución de la condena de pago contenida en sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil doce, luego entonces se trata de una providencia intermedia y no de la última dictada en la indicada fase de ejecución; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual proviene su reclamo, sino que por el contrario, de los antecedentes vertidos por la quejosa bajo protesta de decir verdad, identificados con los números 2, 4 y 7 de su escrito inicial de demanda, relativos a que el cuatro de septiembre de dos mil doce, se emitió la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 2134/2010, y el treinta de mayo del año en curso, se embargó su sueldo; se advierte que éste último -embargo (cuya nulidad fue desestimada)-, se realizó a fin de ejecutar la citada sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil doce, con el objetivo de que sean pagadas las cantidades a que fue condenada la aquí quejosa, siendo estas, por suerte principal $52,400.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), y por conceptos de moratorios $294,976.70 (doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 70/100 moneda nacional). Es aplicable a contrario sentido la jurisprudencia 1a./J.90/2011 (9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 810, Libro I, Tomo 2, octubre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 160866, cuyos rubro y texto son: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 28/2010, en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.
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