María de los Ángeles Valdes Fernández

Expediente 667/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
667/2013
Año
2013
Actuaciones
7
Última actuación
24/06/2015

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Valdes Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean efectivamente acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y el diverso tercero transitorio de la propia Ley, razón por la cual en este momento se realiza. Ahora bien, previo al análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias por medio de las cuales la responsable da a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ajusta a lo que indica la lógica jurídica, al respecto, en el sentido de realizar dicho análisis, estableciendo como base del mismo un silogismo; esto es, dejar asentado el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que el amparo se haya concedido para efectos, o bien, liso y llano; posteriormente confrontar esos efectos con el informe y constancias que lo apoyen que rinde la responsable al dar a conocer el cumplimiento que afirma dio a la ejecutoria de amparo; y la conclusión a que se llegue de ese análisis. Los efectos para los cuales fue concedido el amparo, se estima que están cumplidos, ya que el Magistrado responsable, en el toca civil 32/2013, dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil trece, y emitió otra, en la que reiteró el valor probatorio del acta notarial y consideró que no existe prueba que determine el ingreso de la demandada incidental; y que por tanto, no era procedente la variación de la pensión alimentaria. Por tales razones, se estima cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio CJ-0564/2015, signado por la Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, toda vez que de párrafos que anteceden se advierte que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 667/2013, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Vista la cuenta; agréguense a los autos los oficios 359/2015 y 360/2015, signados por la Secretaria del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, con los que informa las actuaciones realizadas por ese tribunal, tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando al efecto copia certificada de la determinación emitida al respecto. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada, apercibida que de no hacerlo, se resolverá en torno con las constancias y elementos con que se cuente para ello.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de siete de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de veinte de abril del presente año, dictada en el amparo en revisión 475/2014, a través de la cual el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Se advierte que se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado, y en otra que emitiera reiterara el valor probatorio del acta notarial levantada fuera de protocolo; es decir, que esa documental no es la idónea para demostrar que el menor vive con la acreedora alimentaria, por un lado y por otro, estableciera que no existe prueba que determine el monto de los ingresos que obtiene; por tanto, no procedía la variación de la pensión alimenticia. Ahora, la autoridad responsable remitió los oficios 260/2015 y 261/2015, en el primero de ellos informó que dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil catorce, que constituye el acto reclamado; y mediante el segundo de los comunicados, envió copia certificada de la sentencia emitida el once de mayo del presente año, en la que se pronunció respecto al cumplimiento al fallo protector, en la que modificó la sentencia interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil trece, y ordenó reponer el procedimiento para que se diera vista al actor incidentista del escrito de contestación de la demanda incidental y siga el trámite hasta el dictado de la resolución final. En esa tesitura, se estima que hay exceso en el cumplimiento, pues la responsable desatendió los lineamiento de la ejecutoria de amparo, pues de ella no se deriva la indicación para que repusiera el procedimiento, sino que su proceder debió limitarse a dejar intocado el valor asignado a la acta notarial descrita en la citada ejecutoria federal y a establecer que no existe prueba que evidencie el monto de los ingresos de la acreedora alimentaria, con motivo de las supuestas actividades que se le atribuyen, para establecer la variación de la pensión alimenticia, hecho lo cual, resolviera lo procedente. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, para que en el marco de sus atribuciones y dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, del cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados. Asimismo, requiérase al Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, quien tiene el carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables, en términos del artículo 258 de la ley de la materia vigente. Además, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte el oficio 260/2015, signado por el Secretario de Acuerdo y Trámite del Cuarto Tribunal Distrital en esta ciudad; atento a su contenido, y como lo solicita dicha autoridad remítasele copia certificada de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el treinta de abril del año en curso; asimismo devuélvase el toca civil número 32/2013, que anexó a su informe justificado con el que se formó el Tomo I de pruebas, mediante oficio correspondiente.

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