María de la Luz Salazar Morales
Expediente 804/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- María de la Luz Salazar Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la promovente ***, no impugnó el acuerdo de cinco de octubre del año en curso (fojas 19 a 27), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, a través del cual desahoga la prevención realizada el veinticinco de septiembre de este año (fojas 14 a 16), ante ello, se provee: II. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo; se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa provienen del juicio de divorcio 398/2018, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, promovido por la quejosa en contra de ***, los cuales consisten en los siguientes: a) Resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el divorcio. b) Acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual le informan que no es procedente la aclaración de la sentencia, dado que el acuerdo que decretó el divorcio no es una sentencia definitiva. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". III. Antecedentes del acto reclamado. Del escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso bajo protesta de decir verdad, señaló que le fue notificado de la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la cual se decretó el divorcio, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, ésta última fracción en relación con la fracción V del artículo 107, de la misma ley. ACTO RECLAMADO IDENTIFICAD CON EL INCISO A) Respecto al acto consistente en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de divorcio 398/2018, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, promovido por la quejosa en contra de ***, en el cual se decretó el divorcio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el párrafo primero del ordinal referido, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado descrito bajo la letra a), no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo; esto es, el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que el acto de autoridad que se refuta de inconstitucional, como ya se dijo, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Una vez precisado lo anterior, se reitera, la parte quejosa contaba con el término de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, concatenado con el diverso 18 del citado cuerpo de leyes, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que el solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedor del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 primera parte, página setenta y uno, con número de registro 232213, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señaló en su escrito de aclaración de demanda que fue notificada del acto reclamado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, manifestación que se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en virtud de que esa confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En razón de lo expuesto, cabe precisar que el término para impugnar el acto reclamado transcurrió desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto combatido, es decir, del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, lo que se demuestra con la siguiente tabla: AGOSTO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 22 Notificación Surte efectos 23 Día 1 24 Día 2 25 26 27 Día 3 28 Día 4 29 Día 5 30 Día 6 31 Día 7 SEPTIEMBRE DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 Día 8 4 Día 9 5 Día 10 6 Día 11 7 Día 12 8 9 10 Día 13 11 Día 14 12 Día 15 En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la demanda se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. ACTO RECLAMADO IDENTIFICAD CON EL INCISO B) En relación al acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de divorcio 398/2018, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, promovido por la quejosa en contra de ***, a través del cual le informan que no es procedente la aclaración de la sentencia dado que no es una sentencia definitiva ni una interlocutoria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por otro lado, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "ART. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento - como es el caso-, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio, que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, con número de registro 2006589, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. En ese orden de ideas, se estima que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de divorcio 398/2018, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, promovido por la quejosa en contra de ****, se trata de un acto que no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos, como lo pueden ser la vida, libertad, propiedad, honra, entre otros, pues solamente la autoridad responsable le informó a la quejosa que no procedía la aclaración de sentencia, puesto que el auto que decretó el divorcio no era una sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, conforme al artículo 529 del Código Procesal Civil. Se llega a dicha conclusión, pues de lo narrado por la impetrante, se advierte que no ha concluido el juicio de divorcio, ya que no se aprobó el convenio en su totalidad; por tanto, al no dilucidarse todas las cuestiones inherentes al matrimonio, el juicio de origen no ha terminado; por ende, el acto reclamado en esta instancia, no es de aquellos en contra de los cuales proceda el juicio de amparo indirecto, ya que es un acto intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos, toda vez que el juicio de divorcio no ha concluido de forma definitiva. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 111/2012 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable en el Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 592 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002768, de rubro y texto siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que sólo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo." Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta las causales de improcedencia invocadas, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 804/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Prevención. Respecto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, del rubro y texto: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". La normativa anterior dispone que para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario estudiar el escrito inicial para verificar que no existan deficiencias, irregularidades u omisiones, que deban corregirse, y en su caso, requerir al promovente que aclare la demanda. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre la viabilidad de la demanda, con fundamento en los artículos 114, fracción II, en relación con el diverso numeral 108 , fracción V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo bajo protesta de decir verdad: Precise bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que reclama. Es decir, indique cuando le fue notificado o tuvo conocimiento de la sentencia de veintidós de junio del año en curso, así como el auto de veintinueve de agosto del presente año, dictados en el juicio de divorcio 389/2018, por el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por tal razón, es necesario que el promovente dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar las copias necesarias -cinco- del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir las prevenciones realizadas en el término de ley, exhibiendo las copias del escrito en que las desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Además, se instruye a la parte promovente, que al momento de desahogar las prevenciones formuladas se conduzca con la verdad, dado que la manifestación bajo protesta de decir verdad lleva consigo una responsabilidad, inclusive penal, conforme el arábigo 261 de la ley de la materia, en el que se prevén las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor la parte quejosa, que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos y omita los que le consten, como se desprende a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, así como autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, atento a que tienen registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Honorato Melchor Castillo. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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