Maria de los Angeles Salgado Solorio

Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
551/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Salgado Solorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, el proveído de ocho de los actuales, pronunciado dentro del presente asunto no se publicó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por lo que se hace en esta data. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa en cita, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veinticuatro de mayo pasado. Ahora bien, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedentes, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, porque se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Por su parte el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de los citados preceptos legales se advierte que la demanda de amparo se proveerá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor; y, c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17, se contarán los treinta días para reclamar una norma general auto o el procedimiento de extradición. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que se ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En el caso concreto, del libelo constitucional y de sus anexos, se desprende que la peticionaria de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día cuatro de abril de dos mil veintidós, al recibir una llamada telefónica de -, a quien se le requirió restituir la fracción 4 de un inmueble del ejido de-, le informó que una abogada del Juzgado Mixto de Puruándiro le había entregado un documento, requiriéndole el citado inmueble, al día siguiente cinco de abril del año en curso, el demandado Serafín Salgado Solorio le hizo del conocimiento del proceso penal instruido en su contra, las partes y la autoridad ante la cual se tramita, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su demanda a fojas (16 y 17), lo cual evidencia el conocimiento de los actos en reclamo, desde el día cinco de abril del año en curso, esto es, el número del proceso penal 21/2013, las partes y la autoridad ante la cual se radicó. Luego es inconcuso que el término de quince días, comenzó a partir del día hábil siguiente al cuatro de abril del año en curso, resultando evidente que desde esa fecha hasta el veintitrés de mayo pasado, en que fue presentada la demanda, el término de quince días que dispone el numeral 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso. Es aplicable por ser orientadora del tema que se aborda la Jurisprudencia 171860, de la Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, Tesis: 2a./J. 153/2007, página 367 de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO" Por tal motivo, es incuestionable que resulta extemporánea la presentación de la demanda de garantías respecto de los actos reclamados analizados, en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veintitrés de mayo pasado, como se advierte de la evidencia criptográfica que obra en la demanda de amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". No pasa inadvertido para el suscrito, que la parte quejosa refiere que se encuentra dentro del término previsto en la fracción II, del artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar su demanda, citando como fundamento la tesis del rubro: "DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. EL PLAZO DE TREINTA DIAS PARA SU PRESENTACIÓN ES APLICABLE TANTO A LA VIA DIRECTA COMO A LA INDIRECTA, TRATANDOSE DE SUJETOS INDIVIDUALES DE DERECHO AGRARIO (LEGISLACION VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)"; sin embargo, la peticionaria del amparo no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley de Amparo, máxime que los artículos que invoca corresponden a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; además de ser un criterio aislado cuya aplicación no resulta obligatoria, ni corresponde a los plenos de este circuito; por tanto, se encuentra obligada a presentar la demanda dentro de los términos de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, de los actos reclamados que refiere, de los cuales quedó evidenciado tuvo conocimiento desde el cinco de abril del año en curso. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Finalmente, se ordena realizar la notificación personal del presente proveído, para lo cual el actuario adscrito deberá acatar para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario en cita, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número III-425/2019-L, y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo pasado, en la que se determinó: PRIMERO. Se confirma la sentencia federal sujeta a revisión. SEGUNDO. Se declara fundada la objeción de documentos formulada por el quejoso -, albacea de la sucesión a bienes de - TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a -, en cuanto albacea de la sucesión a bienes de -, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese únicamente las constancias originales relativas al cuaderno de antecedentes respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, como resulta innecesaria la retención del juicio ejecutivo mercantil número - de donde emana el acto reclamado, remítase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, solicitando el acuse de recibo respectivo, y en caso de no recibir el citado acuse dentro del término de tres días contado a partir de que sea debidamente notificado de dicho proveído, se entenderá que fue recibido a su entera satisfacción. Ahora bien, como lo determinó la superioridad y se confirmó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en términos del referido precepto 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase por única ocasión a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con el fallo protector, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para cumplir con la misma, se les impondrá una multa de cien a mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del?quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? Se?invita?a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.??? Notifíquese.

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