Maria de los Angeles Salgado Solorio

Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
706/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Salgado Solorio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha treinta de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós... Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, al que anexa el oficio 13069 y cuaderno de incompetencia 657/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con lo cual informa que en determinación de diecisiete de los actuales, dicho similar determinó carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, por conocimiento previo virtud al antecedente del diverso juicio de amparo número III-551/2022-L. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, promovido por -, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno con el número IV-706/2022-C. Ahora, de un análisis de la demanda en cuestión, el suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicho numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; esto es, se refiere a la existencia de una determinación recaída en un amparo previamente al afectado de improcedente, en el que la acción respectiva consta de las mismas partes y causa de pedir, como elemento que origina dicha improcedencia, y tal resolución previa debe estar constituida por una sentencia definitiva, la que se entiende que no puede ser ya jurídicamente impugnable, ni ordinaria ni extraordinariamente, lo que se traduce en la existencia de la cosa juzgada en materia de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Común, 72 Quinta Parte, visible a foja 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Resaltando que la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, ya que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio. La cosa juzgada es una cualidad especial de los efectos (consecuencia), de una sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, representa una garantía de seguridad jurídica, porque llega un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente son inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. Trasladado lo anterior al presente juicio de amparo, éste resulta improcedente cuando se reclama un acto que ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, dado que las situaciones jurídicas que fueron analizadas se establecen como verdad legal, y ya no pueden estar a discusión, mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar y alterar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia, cuya observancia, por cierto, es de orden público. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de garantías en que se actúa, se aprecia que la quejosa por propio derecho, señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: ".III. La autoridad o autoridades responsables: LO ES EL LIC. -, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO. LO ES LA LIC. -, ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LO ES LA LIC. -, JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA. .IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Del JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO; LE RECLAMO, el ordenar la diligenciación del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A - en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el -De la ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LE RECLAMO, la indebida notificación de fecha 4 de abril de 2022, que realizo a través de cedula de notificación dirigida al ciudadano -, respecto del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el - De la JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA LE RECLAMO, el indebido AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -, en la cual ordena ejercitar acción coercitiva a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2018, pronunciada por el magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal - y se pueda materializar la supuesta restitución de la fracción 4 del inmueble ubicado en el -.". Ahora, de los autos que conforma el amparo IV-551/2022-L, del índice de este Juzgado, mismo que se tiene a la vista por constituir un hecho notorio para el suscrito, y respecto de los cuales es innecesaria su certificación, sino únicamente que en este momento se tengan a la vista para emitir la resolución respectiva, en atención a lo que dispone la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXV, del mes de Junio de 2007, Materia Común, visible a foja 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Se desprende que la quejosa por propio derecho, compareció a accionar ese medio extraordinario de defensa, contra el mismo acto y autoridades que a continuación se precisan: ".III. La autoridad o autoridades responsables: LO ES EL LIC. -, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO. LO ES LA LIC. -, ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LO ES LA LIC. -, JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA. .IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Del JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO; LE RECLAMO, el ordenar la diligenciación del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A - en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el -. De la ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LE RECLAMO, la indebida notificación de fecha 4 de abril de 2022, que realizo a través de cedula de notificación dirigida al ciudadano -, respecto del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A GENOVEVA SOLORIO MALDONADO en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el - de -. De la JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA LE RECLAMO, el indebido AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -, en la cual ordena ejercitar acción coercitiva a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2018, pronunciada por el magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal -y se pueda materializar la supuesta restitución de la fracción 4 del inmueble ubicado en el -.". Dicha demanda fue desechada el ocho de junio de dos mil veintidós, motivo por el cual, en proveído de veintisiete de junio siguiente se dejó firme dicha determinación y se ordenó el archivo de dicho asunto, por considerarse como totalmente concluido. Luego como ha quedado evidenciado, los actos que aquí reclama -, contra las autoridades mencionadas en este considerando, ha sido materia de diverso juicio de garantías promovido por ella misma, contra las mismas autoridades responsables, la cual quedó firme y por ende, causó ejecutoria por ministerio de ley; lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, respecto de los actos aquí reclamados por la impetrante, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, habida cuenta que ya existe pronunciamiento en torno a ésta sobre las cuestiones planteadas al resolverse el juicio de amparo antes descrito. No es óbice a lo anterior, el hecho que en el primer juicio de amparo promovido por la quejosa, se haya sobreseído por las consideraciones ahí expuestas, empero esta no impugnó tal determinación, y por tanto, se pone de manifiesto que consintió esa resolución. Tiene aplicación por analogía al caso particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y autorizados para tal efecto a las personas que establece y con las facultades conferidas en el artículo 12 de la ley de la materia a -, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tiene registrada su cédula en dicho sistema. Finalmente, se le tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda y únicamente para recibir notificaciones a los profesionistas que refiere, toda vez que habiendo hecho una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada la cédula profesional, asimismo, se le tiene por proporcionado correo electrónico -, únicamente como medio de contacto. ?Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, al que anexa el oficio 13069 y cuaderno de incompetencia 657/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con lo cual informa que en determinación de diecisiete de los actuales, dicho similar determinó carecer de competencia legal para conocer del libelo constitucional, ordenando remitirlo a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, por conocimiento previo virtud al antecedente del diverso juicio de amparo número III-551/2022-L. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, promovido por -, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno con el número IV-706/2022-C. Ahora, de un análisis de la demanda en cuestión, el suscrito estima que la demanda de amparo, debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto este tribunal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Dicho numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; esto es, se refiere a la existencia de una determinación recaída en un amparo previamente al afectado de improcedente, en el que la acción respectiva consta de las mismas partes y causa de pedir, como elemento que origina dicha improcedencia, y tal resolución previa debe estar constituida por una sentencia definitiva, la que se entiende que no puede ser ya jurídicamente impugnable, ni ordinaria ni extraordinariamente, lo que se traduce en la existencia de la cosa juzgada en materia de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Común, 72 Quinta Parte, visible a foja 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Resaltando que la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, ya que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio. La cosa juzgada es una cualidad especial de los efectos (consecuencia), de una sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, representa una garantía de seguridad jurídica, porque llega un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente son inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. Trasladado lo anterior al presente juicio de amparo, éste resulta improcedente cuando se reclama un acto que ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, dado que las situaciones jurídicas que fueron analizadas se establecen como verdad legal, y ya no pueden estar a discusión, mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar y alterar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia, cuya observancia, por cierto, es de orden público. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de garantías en que se actúa, se aprecia que la quejosa por propio derecho, señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: ".III. La autoridad o autoridades responsables: LO ES EL LIC. -, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO. LO ES LA LIC. -, ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LO ES LA LIC. -, JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA. .IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Del JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO; LE RECLAMO, el ordenar la diligenciación del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A - en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el -De la ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LE RECLAMO, la indebida notificación de fecha 4 de abril de 2022, que realizo a través de cedula de notificación dirigida al ciudadano -, respecto del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el - De la JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA LE RECLAMO, el indebido AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -, en la cual ordena ejercitar acción coercitiva a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2018, pronunciada por el magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal - y se pueda materializar la supuesta restitución de la fracción 4 del inmueble ubicado en el -.". Ahora, de los autos que conforma el amparo IV-551/2022-L, del índice de este Juzgado, mismo que se tiene a la vista por constituir un hecho notorio para el suscrito, y respecto de los cuales es innecesaria su certificación, sino únicamente que en este momento se tengan a la vista para emitir la resolución respectiva, en atención a lo que dispone la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXV, del mes de Junio de 2007, Materia Común, visible a foja 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Se desprende que la quejosa por propio derecho, compareció a accionar ese medio extraordinario de defensa, contra el mismo acto y autoridades que a continuación se precisan: ".III. La autoridad o autoridades responsables: LO ES EL LIC. -, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO. LO ES LA LIC. -, ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LO ES LA LIC. -, JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA. .IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: Del JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PURUANDIRO; LE RECLAMO, el ordenar la diligenciación del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A - en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el -. De la ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICAL DE PURUÁNDIRO. LE RECLAMO, la indebida notificación de fecha 4 de abril de 2022, que realizo a través de cedula de notificación dirigida al ciudadano -, respecto del EXHORTO NÚMERO JES/68/2022, QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A GENOVEVA SOLORIO MALDONADO en el cual ordena restituir la supuesta fracción 4 de un inmueble ubicado en el - de -. De la JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN ZAMORA LE RECLAMO, el indebido AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE FEBRERO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, emitido dentro de la Carpeta número -, INTEGRADA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE VIGILANCIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA A -, en la cual ordena ejercitar acción coercitiva a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2018, pronunciada por el magistrado de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal -y se pueda materializar la supuesta restitución de la fracción 4 del inmueble ubicado en el -.". Dicha demanda fue desechada el ocho de junio de dos mil veintidós, motivo por el cual, en proveído de veintisiete de junio siguiente se dejó firme dicha determinación y se ordenó el archivo de dicho asunto, por considerarse como totalmente concluido. Luego como ha quedado evidenciado, los actos que aquí reclama -, contra las autoridades mencionadas en este considerando, ha sido materia de diverso juicio de garantías promovido por ella misma, contra las mismas autoridades responsables, la cual quedó firme y por ende, causó ejecutoria por ministerio de ley; lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, respecto de los actos aquí reclamados por la impetrante, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, habida cuenta que ya existe pronunciamiento en torno a ésta sobre las cuestiones planteadas al resolverse el juicio de amparo antes descrito. No es óbice a lo anterior, el hecho que en el primer juicio de amparo promovido por la quejosa, se haya sobreseído por las consideraciones ahí expuestas, empero esta no impugnó tal determinación, y por tanto, se pone de manifiesto que consintió esa resolución. Tiene aplicación por analogía al caso particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y autorizados para tal efecto a las personas que establece y con las facultades conferidas en el artículo 12 de la ley de la materia a -, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tiene registrada su cédula en dicho sistema. Finalmente, se le tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda y únicamente para recibir notificaciones a los profesionistas que refiere, toda vez que habiendo hecho una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada la cédula profesional, asimismo, se le tiene por proporcionado correo electrónico -, únicamente como medio de contacto. ?Notifíquese personalmente.

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