María de los Angeles Ruiz Acopa
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 54 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María de los Angeles Ruiz Acopa
- I. A. R.
- María de los Angeles Ruiz Acopa y Otros.
- Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tbasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
JUICIO 279/2022. folio 17725. Villahermosa, Tabasco, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. -Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos, el escrito con firma electrónica de María de los Ángeles Ruiz Acopa, en su carácter de tutora legal de Iván Alonso Ruiz, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, y 38 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa. Por tanto, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios, agregándose una a este expediente; este juzgado se reserva de remitir el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad; hasta en tanto obren las constancias de notificación de las partes del recurso interpuesto. No obstante lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, instrúyase a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite los permisos necesarios para el acceso al expediente por parte del Tribunal Colegiado mencionado. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
JUICIO 279/2022 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 279/2022, promovido por María de los Ángeles Ruiz Acopa, en su carácter de tutora legal del interdicto Iván Alonso Ruiz., contra actos atribuidos al Juez de Control de la Región Nueve, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, que posteriormente fue recepcionado y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, María de los Ángeles Ruiz Acopa, en su carácter de tutora legal del interdicto Iván Alonso Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos atribuidos al Juez de Control de la Región Nueve, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Además, debe precisarse que la personalidad de la promovente María de los Ángeles Ruiz Acopa, en su carácter de tutora legal del interdicto Iván Alonso Ruiz, se reconoció en términos de los artículos 10 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 3, fracción I, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales; pues, bajo protesta de decir verdad allegó copia integra e inalterada de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el procedimiento especial sobre declaración de interdicción de I.A.R. 1222/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcoyolt, Estado de México. En ese sentido, de dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, quien la radicó bajo el número 73/2022, de su índice; sin embargo, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, determinó la separación de juicios al haberse reclamado distintas ordenes de aprehensión, mismas que derivaban de diversas causas penales; y, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin del returno, correspondiendo conocer a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto y admitió a trámite el libelo constitucional, quedando registrada bajo el número de expediente 279/2022; se requirieron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; y, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y QUEJA. Mediante escrito recibido el treinta y uno de marzo pasado, María de los Ángeles Ruiz Acopa, en su carácter de tutora legal del interdicto Iván Alonso Ruiz, solicitó la ampliación de la demanda en cuanto a conceptos de violación y autoridades responsables; y, el uno de abril de dos mil veintidós (fojas 244 a 249, se tuvo por ampliada la demanda; sin embargo, no se tuvo como medio de convicción los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Luego, inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito; y, mediante testimonio de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se declaró fundado el aludido recurso y se tuvo como pruebas las constancias que solicitó la promovente. CUARTO. OBSERVACIÓN. Es menester precisar que mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y Elementos a su cargo, así como Comisionado del Instituto Nacional de Migración y sus Agentes Migratorios. QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido el juicio en todas sus etapas, previos diferimientos, dio inicio la audiencia constitucional al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, Acuerdo General 03 2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida contra actos reclamados ejecutados dentro de la circunscripción territorial en que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en La orden de aprehensión emitida el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en contra del quejoso, en autos de la causa penal 578/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Nueve, Centro, Tabasco; por el delito de fraude previsto y sancionado en el numeral 190, fracción IV, en relación al 191 fracción I del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Manuel Jesús Pacheco Pacheco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables que aparecen en la tabla que se inserta al rendir su informe justificado señalaron Núm. Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Fiscalía General del Estado de Tabasco. Negó 110 2 Director General de Informática y Estadística de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Negó 276 3 Coordinador del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Centro, Tabasco. Negó 184 4 Fiscalía General del Estado de México. Negó 314 5 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Negó 285 6 Director General de Asuntos Policiales Internacionales de la Interpol Negó 293 De la tabla anterior se aprecia que las autoridades responsables antes señaladas negaron el acto reclamado, sin que dicha negativa hubiese sido desvirtuada por el quejoso; JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO pues, no aportó alguna prueba para acreditarlo, pese a que le corresponde esa fatiga procesal, por lo que, el acto reclamado a éstas es inexistente. Máxime que, por lo que atañe a la imputación, tanto de dictar la orden de aprehensión como la de ejecutarla, escapan a las facultades inherentes al encargo de las autoridades en estudio en este considerando, dado que resulta un hecho notorio que no cuentan con facultades para realizar actos jurisdiccionales, ni tampoco de orden policial; es decir, no realizan funciones operativas en el ámbito de procuración de justicia, sin que escape a este resolutor que también se señaló a la interpol; sin embargo, dicha autoridad ejecuta ordenes derivadas de los convenios que el país tenga con otros países; por lo que, escapa a su esfera de competencia la orden de aprehensión aquí reclamada. En razón de lo anterior, surge a la vida jurídica la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; y por ende, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, respecto de las autoridades indicadas en el párrafo anterior, con apoyo además, en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente*** CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Las autoridades responsables que aparecen en la tabla que se inserta al rendir su informe justificado señalaron Núm. Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco. Aceptó 151 2 Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. Aceptó 180 3 Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. Negó 313 4 Titular de la Comandancia de la Guardia Nacional No rindió Las autoridades apuntadas en los incisos 1 y 2 aceptaron el acto reclamado; y, si bien las dos restantes una lo negó y la otra no rindió su informe; dada su calidad de ejecutoras se encuentran en aptitud de ejecutar el mandato de captura reclamado; y, por ende, se tiene por cierto el aquí combatido. Además, dicha afirmación se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la Juez de Control, consistentes en copia certificada del acta mínima de la audiencia privada de petición de orden de aprehensión de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 578/2021, de su índice; así como, de la videograbación contenida en un disco versátil digital DVD de la audiencia citada, de la que se desprende su existencia. En ese sentido, el disco aludido se reputa como prueba documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones; máxime que, las videograbaciones en formato digital de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañadas por la autoridad judicial responsable como anexo a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo.*** QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no invocaron causa de improcedencia del juicio y este juzgador no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. ANÁLISIS DE FONDO. Es preciso reiterar que, en esta sede constitucional se reclama la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, emitida en audiencia privada de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, celebrada en autos de la causa penal 578 2021, que se instruye contra Iván Alonso Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la víctima de Manuel Jesús Pacheco Pacheco. Ahora, en el caso, debe precisarse que en el procedimiento penal acusatorio la orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez de control que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación. Ante esta premisa, es de indicar que la orden de aprehensión no es la única forma de conducir al imputado a proceso, pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece dos hipótesis que resultan menos lesivas al derecho de libertad consagrado a favor de las personas; esto es, el citatorio y la orden de comparecencia. Sobre el tema de que se trata, ya se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 20/2020, con registro digital 2021956, en lo que interesa esencialmente determinó que*** El citado precepto, contiene el derecho humano de seguridad jurídica, en tanto prevé la garantía de legalidad, la cual asegura a las personas el respeto a su esfera jurídica mínima para el desarrollo de su personalidad, la cual contempla su libertad física, sus posesiones, el ámbito de su vida familiar y su domicilio; sin embargo, tal prerrogativa constitucional está limitada cuando una persona infringe otros derechos o principios constitucionales. De este modo, existen límites, que dada su naturaleza, consisten en autorizaciones de interferencia o intromisión, a las cuales, nuestra Carta Magna denomina como actos de molestia. Los párrafos primero y tercero del artículo 16, de la Carta Magna, permiten a las autoridades molestar a un individuo en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, emitiendo un mandamiento escrito fundado y motivado de autoridad competente, en el cual se exprese la causa legal de ello; asimismo, la emisión de una orden de aprehensión, al ser una afectación a la libertad personal, además de los requisitos antes enunciados, su constitucionalidad se condiciona a que le preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y a la existencia de datos de la comisión de ese hecho, así como la probabilidad de la participación del indiciado en su comisión. Esto, porque esta restricción de la libertad física de la persona que en mayor magnitud es la aprehensión, ordenada por la autoridad judicial, permite a las fuerzas del orden, proceder a la búsqueda, localización, captura y puesta a su disposición, de una persona con la finalidad de conducirla a proceso penal. Ahora, tal restricción constitucional en comento, se encuentra desarrollado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, fracción III, en relación con los diversos 142 y 143, que establecen lo siguiente Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar [.] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De lo anterior, se advierte que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda orden de aprehensión, debe cumplir con los siguientes requisitos a Que exista una denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; b En la solicitud del agente del Ministerio Público se especifique la clasificación jurídica del tipo penal que se atribuye grado de ejecución, forma de intervención, conducta dolosa o culposa, -sin perjuicio de que posteriormente se reclasifique-. c Que sea emitida por autoridad judicial y conste por escrito, o por cualquier medio que dé certeza de su contenido; d En la carpeta de investigación obren datos que establezcan la comisión de ese hecho y la probabilidad de comisión o participación por parte del indiciado. e Exista la necesidad de cautela. Ahora, en el caso, se aprecia que se colman todos los requisitos antes señalados para librar el mandato de captura, como se expondrá a continuación. En ese sentido, se acredita el primer supuesto -a Que exista denuncia o querella, de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad-; pues, del audio y video remitido por la responsable, de la audiencia privada de orden de aprehensión de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se aprecia que la representante social, entre otras cosas, expresó que a través de la carpeta de investigación tuvo conocimiento de un hecho determinado; en el caso, de la denuncia presentada el uno de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual, Manuel Jesús Pacheco Pacheco, hizo del conocimiento los hechos constitutivos del delito de fraude cometido en su agravio. Hechos denunciados que se encuentran sancionados con pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del Código Penal del Estado de Tabasco; por lo que en la especie, se encuentra satisfecho el requisito en comento. Asimismo, en el caso particular, se actualiza el segundo elemento -b En la solicitud del agente del Ministerio Público especifique la clasificación jurídica del tipo penal atribuido al indiciado grado de ejecución, forma de intervención, conducta dolosa o culposa, sin perjuicio de que posteriormente se reclasifique-; lo anterior, tomando en consideración que la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Centro, Tabasco, en audiencia privada de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, solicitó se librara orden de aprehensión en contra de Iván Alonso Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del citado ordenamiento legal. Para sustentar esa petición, la Fiscalía, refirió esencialmente En primer lugar, indicó que existe la denuncia de uno de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual, Manuel Jesús Pacheco Pacheco, hizo del conocimiento los hechos constitutivos del delito de fraude cometido en su agravio; y, a continuación, verbalizó la mecánica de los hechos, atendiendo a lo siguiente El hecho consiste en que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el investigado Iván Alonso Ruiz, le ofreció dos inmuebles al denunciante Manuel Jesús Pacheco Pacheco, quien es empresario y su giro comercial es la venta de empresas, compra de casas y demás cuestiones empresariales; y, además la víctima precisó que es dueño de una corporación denominada Activos y derivados petroleros, sociedad anónima de capital variable. En ese sentido, como se interesó en los inmuebles ubicados el primero en avenida veintisiete de febrero número seiscientos cuarenta y uno de la Colonia Centro; y, el segundo en el fraccionamiento Real del Sur de Tamulte de las Barrancas, en Centro Tabasco, el veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, acudió a verlos en compañía de Miguel Gutiérrez Olvera y Alfredo Hernández Espinoza -quienes iban a ver si tenían algún desperfecto ya que ellos iban a remodelarlas-; y, después de inspeccionarlos decidió comprarlos. Además, que el investigado para acreditar que era dueño de las mencionadas propiedades, le entregó a la víctima la escritura pública número 1777, volumen XXVII, pasada ante la fe del Notario número dos, licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, donde se estipulaba que Iván Alonso Ruiz, era el porpietario de la casa ubicada en avenida veintisiete de febrero número seiscientos cuarenta y uno de la Colonia Centro, esquina con calles Pedrero y Corregidora. De igual manera, respecto al segundo inmueble, le entregó la escritura pública número 18426, volumen CCXXXI, pasada ante la fe del Notario número trece, licenciado Melchor López Hernández, de dieciocho de febrero de dos mil novecientos noventa y nueve, donde aparecía que el comprador era el administrador único Iván Alonso Ruiz, respecto al inmueble ubicado en el fraccionamiento Real del Sur Colonia Tamulte de las Barrancas, en Centro Tabasco. Posteriormente, el once de enero de dos mil dieciocho, celebró junto al investigado Iván Alonso Ruiz, aquí quejoso, un contrato de promesa de cesión de derechos, ante la fe del Notario Público número 27 de Villahermosa, Tabasco, quien certificó la autenticidad de las firmas, donde se precisó que las casas en su conjunto tendrían un costo total de $3,600.000 tres millones seiscientos mil pesos. En ese orden, atendiendo al convenio la víctima realizó cinco transferencias la primera a la cuenta 010467030, en donde Iván Alonso Ruiz, aparecía como apoderado legal de la moral corpos soluciones inmobiliarias y jurídicas, sociedad civil, depositándole el treinta de enero de dos mil dieciocho, la cantidad de 450,000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos); y, posteriormente, en esa misma fecha -treinta de enero de dos mil dieciocho-, le transfirió $550,000 (quinientos cincuenta mil pesos); y, el quince de febrero del mismo año, le depositó $140,000 (ciento cuarenta mil pesos). Luego, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho le transfirió $500,000 (quinientos mil pesos); y, finalmente, el veintiséis de enero de esa anualidad le depositó $400,000 (cuatrocientos mil pesos); pues, según habían estipulado se haría la entrega antes del veinte de abril de dos mil dieciocho; sin embargo, pasaron esas fechas y comenzó a hablarle para la cesión de derechos, así como la entrega de escrituras de las propiedades. Por tanto, la víctima le realizó diversas llamadas para hacer las nuevas escrituras; sin embargo, éste ya no le contestó, e inclusive varias veces fue a verlo a su domicilio, pero nadie salió, por lo que, interpuso la denuncia correspondiente; y, en ese momento agregó la escritura treinta y un mil setecientos veinticinco, de fecha seis de junio del año dos mil doce, pasada ante la fe del Notario público número trece, licenciado Payambe López Falconi, donde hace constar que existe una sociedad a nombre del señor Manuel Jesús Pacheco Pacheco y Martha Pacheco Pérez, denominada activos y derivados petroleros. Además, se precisó que los datos de prueba permiten establecer a la fiscalía que se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico previsto en el numeral 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del Código Penal del Estado de Tabasco; pues, se aprecia que el investigado realizó un acto jurídico en el que simuló la venta de unos bienes inmuebles que no son de su propiedad; por lo que, obtuvo un beneficio indebido; por lo que, su actuar fue como autor directo y de manera dolosa. En este contexto, resulta incontrovertible que la autoridad ministerial especificó ante el juez de Control, la clasificación jurídica del tipo penal que le atribuyó al quejoso; por lo que, se cumple con el requisito en análisis. De igual manera, se cumple el tercer supuesto -c Que sea emitida por autoridad judicial y conste por escrito, o por cualquier medio que dé certeza de su contenido-, ya que como se dijo líneas atrás, quien emitió el mandamiento de captura en contra del aquí quejoso, es una autoridad judicial; esto es, el Juez de Control de la Región Nueve, con sede en esta ciudad, quien es competente para ello, ya que los hechos tuvieron lugar en Villahermosa, Tabasco, lugar donde ejerce jurisdicción, conforme a lo dispuesto por los artículos 55, de la Constitución del Estado de Tabasco, en relación con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con los numerales 7 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco. En segundo lugar, porque en lo relativo a que el acto de autoridad emitido por autoridad competente, conste por escrito, o por cualquier medio que dé certeza de su contenido, se acredita en la especie, tomando en consideración que al derivar el acto reclamado del sistema penal acusatorio este requisito se cumple únicamente con que se remita el disco óptico de la audiencia privada por la que la Fiscalía peticionó la orden de aprehensión, toda vez que dicha actuación es la que da certeza de la emisión de la determinación reclamada; lo que así aconteció, pues, como se precisó en párrafos que anteceden obran el audio y video de la mencionada audiencia, siendo esto suficiente para tener por satisfecho uno de los requisitos formales del artículo 16, constitucional. Por otra parte, también se cumple el cuarto requisito - d) Ahora, el cuarto de los requisitos exige la existencia de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión-; pues, en el caso particular, después de analizar el audio y video de la audiencia privada de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en la cual, la juez responsable ordenó la aprehensión reclamada, se advierte que dicho acto fue emitido en contra del aquí quejoso, al considerarse que se cometió contra la víctima de identidad reservada, un hecho considerado como delito y que merece pena privativa de libertad. En efecto, el juez de control consideró que existían datos de prueba del hecho ilícito de fraude en agravio de Manuel Jesús Pacheco Pacheco, así como, datos de prueba que hacen suponer que Iván Alonso Ruiz, es probable responsable de dicho ilícito. En este punto es dable precisar, a mayor abundamiento, que la Fiscalía aportó los siguientes datos de prueba: 1) Contrato de Promesa de cesión de derechos, de once de enero de dos mil dieciocho, donde comparecieron los contratantes y hacen el compromiso de cesión sin limitación alguna de las casas antes señaladas que en la segunda clausula ponen la cantidad de tres millones seiscientos pesos como pago y en la sexta la promesa de cesión de derechos que se va transferir antes del veinte de abril de dos mil dieciocho, donde se comprometen a realizar la escrituración del inmueble. 2 Entrevista de Miguel Ángel Gutiérrez Olvera, de once de junio de dos mil diecinueve, donde manifiesta en lo medular que conoce desde hace años a la víctima ya que se dedica a la construcción y comercialización y que el día veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, como a las once de la mañana, junto con Alfredo Hernández Espinoza, acompañaron a la víctima a ver dos inmuebles ya que este les había pedido que supervisaran para que le dijeran si valía la pena comprarlos y que remodelaciones iba tener. 3 Entrevista de Alfredo Hernández Espinoza, de once de junio de dos mil diecinueve, donde manifiesta en lo medular que conoce desde hace catorce años a la víctima; pues, ha hecho negocios con él; y, que el agraviado le pidió de favor que checara unas casas, haciéndolo el veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que acudió con Miguel Ángel Gutiérrez Olvera, como a las once y media fueron a ver la casa ubicada en avenida veintisiete de febrero número seiscientos cuarenta y uno, se entrevistaron con una persona de nombre Iván Alonso Ruiz, quien les abrió la casa y entraron, ya que ellos iban a hacer las reparaciones. Después de estar ahí por un espacio de cuarenta minutos se fueron a la otra propiedad que está ubicada en el fraccionamiento Real del Sur número sesenta y cinco, e igual Iván Alonso Ruiz, se bajó con llaves en mano, entró a la casa que es de color naranja, empezaron a ver los pequeños detalles; y, posteriormente, le dijeron a Manuel Jesús Pacheco Pacheco que estaban bien las casas y fue que él decidió comprarlas. 4 Comparecencia de Manuel Jesús Pacheco Pacheco, de doce de junio de dos mil diecinueve, donde anexa a la carpeta de investigación los estados de cuenta 0110467030, a nombre de activos y derivados petroleros, s.a. de c.v., de la institución Bancomer, en donde se aprecian depósitos de treinta de enero de dos mil dieciocho, por la cantidad de $550,000 (quinientos cincuenta mil pesos), de veintiséis de enero de dos mil dieciocho por 400,000 cuatrocientos mil pesos, veinticinco de enero de dos mil dieciocho por $500,000 quinientos mil pesos, veintinueve de enero de dos mil dieciocho por 451,000 cuatrocientos cincuenta y un mil pesos; y, de quince de febrero de dos mil dieciocho por $140,000 (ciento cuarenta mil pesos, todos a la cuenta de corpus soluciones e inmobiliarias jurídicas. 5 Escritura pública certificada por la Directora del Registro Público de la Propiedad, licenciada Ada Victoria Gallegos Rodríguez, 41594, de veinticuatro de enero de dos mil catorce, ante la fe de Adela Ramos López, Notaria Sustituta de la Notaria Veintisiete del Estado de Tabasco, .en donde aparece que comparece el señor Iván Alonso Ruiz para inscribir en ese registro a la sociedad corpus soluciones jurídicas e inmobiliarias, sociedad civil. 6 Copia de la escritura pública número 1777, volumen XXVII, pasada ante la fe del Notario número dos, licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, donde se estipula que el propietario de la casa ubicada en avenida veintisiete de febrero número seiscientos cuarenta y uno de la Colonia Centro, esquina con calles Pedrero y Corregidora, es el Banco Scotian Bank Inverlat, S.A. de C.V. 7 Escritura pública número 18426, de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, volumen CCXXXI, pasada ante la fe del Notario número trece, licenciado Melchor López Hernández, donde consta que el inmueble ubicado en el fraccionamiento Real del Sur Colonia Tamulte de las Barrancas, en Centro Tabasco, el dueño es Miguel Ángel González Hernández; pues, la parte vendedora es Ignacio Cortez Iyan y la compradora es Miguel Ángel González Hernández. 8 Pericial en documentoscopía, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, de donde se cotejan las escrituras que exhibió el denunciante y las que allegó el Registro Público de la Propiedad; entre otras cosas, se concluyó que los documentos que allegó el denunciante no concuerdan con las originales expedidas por el Registro Público de la Propiedad. 9 Oficio 3809724/2019, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que proporciona la cuenta 0223996661, de corpus soluciones inmobiliarias y jurídicas, sociedad civil, que en ese mismo rubro señala que el investigado funge como representante en la cuenta en mención y envía los estados de cuenta del grupo Banorte donde está abierta la cuenta y efectivamente aparecen depósitos a la cuenta de corpus soluciones e inmobiliarias jurídicas; y, se aprecia que las transferencias se realizaron de la cuenta de activos y derivados petroleros, sociedad anónima de capital variable. 10 Oficio 5545241/2020, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el que consta que la cuenta 0110467030 de activos y derivados petroleros, sociedad anónima de capital variable, la tiene Manuel Jesús Pacheco Pacheco, víctima.. De los datos de prueba antes relacionados, se aprecia que fueron adecuadamente relacionados para establecer el evento delictivo; pues, fueron adecuadamente ponderados y tomados en consideración por el Juez responsable, y los consideró idóneos, porque de su contenido surgió información que se vinculó a los hechos y suficientes pues le permitió conocer en forma objetiva y razonada la existencia de un comportamiento que la ley señala como delito. Por tanto, después de concatenar los ya referidos datos de prueba invocados por la representación social, la juez responsable arribó a la conclusión de que arrojaron una evidencia razonable de que acontecieron hechos probablemente constitutivos del delito de fraude, así como, la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, en agravio de la víctima Manuel Jesús Pacheco Pacheco, en virtud de que se adecuaron al tipo que prevé y sanciona el artículo 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del Código Penal del Estado de Tabasco. Lo anterior, tomando en consideración que existe la denuncia por parte de la víctima, la entrevista de los testigos Miguel Ángel Gutiérrez Olvera y Alfredo Hernández Espinoza, quienes confirman la versión del agraviado, así como la copia de las escrituras que allegó el denunciante y la pericial en documentoscopía que cotejó dichos documentos con las que allegó el Registro Público de la Propiedad, las que permiten establecer la posible existencia de un fraude; y, por tanto, los datos de prueba relatados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en esta incipiente etapa procesal se consideran idóneos y suficientes para establecer la existencia de un comportamiento que la ley señala como delito y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión. En el entendido que, para resolver la situación jurídica del mencionado investigado, no es necesario -como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio-, que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito, y tampoco es requisito constitucional que hayan datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho; sino que conforme a lo previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, en relación con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina.*** En ese orden, el juez de instancia satisfizo el derecho humano de fundamentación y motivación, pues expresó los dispositivos legales en los que se basó para emitir la orden de captura, además, expuso con claridad y elocuencia las razones, motivos y circunstancias especiales por las que la conducta reprochada por el activo contraria a la ley, señalando con absoluta claridad los datos de prueba que sirvieron para justificarlo, los que apreció de forma libre, lógica y razonada, de conformidad con los previsto por los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. e Finalmente, por lo que hace al requisito de la necesidad de cautela, a juicio de quien esto resuelve, se encuentra acreditada, por las consideraciones siguientes: En cuanto a este tópico, debe recordarse que, conforme al numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales -transcrito en líneas precedentes-, se aprecia que el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar a. Citatorio al imputado para la audiencia inicial. b. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; y, c. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En efecto, el citatorio al imputado para la audiencia inicial se actualiza cuando el Ministerio Público, tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y de la investigación penal, se haya allegado de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que la persona que ha identificado lo cometió o participó en su comisión. Por lo que, en caso de que el agente del Ministerio Público considere oportuna la intervención judicial, podrá formular la imputación, con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si la persona contra la que formulará imputación no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad, para que tenga verificativo la audiencia inicial, en términos del numeral 310 del Código Nacional invocado. Por su parte, la orden de comparecencia a través de la fuerza pública; se realizará en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; por lo que, previo a girar dicha orden, el imputado debió haber sido citado y no comparecer sin justificación. Luego, la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto. Sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela; esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. Puntualizando que, como se dejó precisado con antelación, el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión, se analizan como forma de conducir al imputado para la audiencia inicial. Destacando en esta coyuntura, que de conformidad con el numeral 141 del Código Nacional citado, también podrá ordenarse la aprehensión cuando 1. La persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 2. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquiera de esos casos, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. 3. Además, el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Supuestos antes indicados que en el caso a estudio se actualizan; lo anterior es así, puesto que, con base en el marco jurídico antes planteado y de la revisión de la resolución que constituye el acto reclamado, quien esto resuelve estima que las consideraciones que realizó el Juez de Control responsable para tener por probada la necesidad de cautela, sí la justifican. En efecto, en la ejecutoria de la que deriva la Jurisprudencia 20 2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -antes citada-, se indicó que la necesidad de cautela se trata de una carga procesal para el Ministerio Público, quien está obligado a convencer al Juez de Control, que ni el citatorio, ni la orden de comparecencia -que son las otras formas de conducción del imputado al proceso, aunque menos restrictivas- son suficientes para conducir al imputado ante el juzgador; y, por tanto, la orden de aprehensión es el único medio idóneo para lograr dicho cometido. Asimismo, se puntualizó que el Ministerio Público debe exponer la suficiencia de datos que conduzcan a presuponer que se actualiza alguno de los siguientes presupuestos Existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia; Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad; o bien, Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma, para que el Juez de control evalúe si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela. La Primera Sala, realizó especial énfasis, para que el Juez de control evitara confundir las formas de conducción al proceso penal con las medidas cautelares, pues las primeras llevan al indiciado a la presencia judicial, en tanto que las segundas, cumplen con una función procesal que mantienen esa presencia, concluyendo que orden de aprehensión no es una medida cautelar. En el caso concreto, la Fiscalía como medio de conducción del imputado quejoso al procedimiento, optó por solicitar al Juez de Control se girara orden de aprehensión contra aquel, atendiendo a la necesidad de cautela; lo cual hizo en los términos siguientes La necesidad de cautela se justifica ya que de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, tomando en consideración que la fiscalía solicitó a los policías que se constituyan en la Calle Benzuá 117 del fraccionamiento Real del Sur en busca del investigado. Luego, mediante oficio 84/2021, de veintitrés de abril de dos mil veinte, José Francisco Morales Collado y Bartola Ventura Romero, se constituyeron en el citado domicilio sin encontrar al investigado, por lo que, se entrevistan con el delegado Oscar López Ruiz, del fraccionamiento Real del Sur, preguntando por Iván Alonso Ruiz, quien les manifiesta que en su padrón no tenía habitante con ese registro que él conocía que vivía una familia con apellido diferente. Además, se envió el oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, quien contestó a través del oficio 01033/2021, de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, signado por María del Rosario Frías Ruiz, quien después de hacer una búsqueda minuciosa concluyó que no se encontró domicilio alguno, ni propiedad a nombre de Iván Alonso Ruiz. Además, se requirió informe a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; quien contestó a través del oficio 45/2021, de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, Medardo Jesús Cano Molinedo, quien después de hacer una búsqueda minuciosa concluyó que no existe contrato de agua potable a nombre de Iván Alonso Ruiz, comunicando que esa información corresponde a trece municipios del Estado incluyendo Villahermosa, Tabasco. Además, la fiscalía tiene conocimiento de que existen diversas causas penales a nombre de Iván Alonso Ruiz; pues, la fiscal refiere que antes se encontraba en otro centro de procuración de justicia y llevó diversas carpetas 1765/2018 y 2480/2019, relacionadas con el investigado, en las cuales se le intentó citar y en ambas no se le pudo citar; por lo que, se considera que no puede ser traído por cita o por orden de comparecencia, ya que no se tiene algún domicilio, máxime que se rompería con la continuidad con la secuela procesal, ya que no tiene un arraigo fijo como lo señala el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tan es así que se pidieron informes a instituciones en esta ciudad, para ver si tenía alguna propiedad o si tenía algún contrato como el del agua; asimismo, se acredita la fracción III, en cuanto a su conducta después del hecho; pues, la víctima le ha estado marcando y no lo ha podido localizar; y, a la fecha no se ha dado con un domicilio preciso para poder mandarlo a citar; por tanto, con esos datos se acredita la cautela y se solicita la orden de aprehensión... De tal suerte que, el juzgador responsable concedió dicha medida privativa de libertad, con base en los argumentos de la representación social; concluyendo que ésta acreditó los extremos del numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando en la parte que interesa, lo siguiente En relación a la necesidad de cautela, precisó que lo que debe establecer el fiscal es que la orden de aprehensión es el medio más idóneo para lograr la comparecencia a la persona investigada a la audiencia inicial, sin que tenga que ver con los peligros que deban satisfacerse en cuanto a su contención para una medida cautelar. Asimismo, la fiscal dejó precisado que no existe lugar donde citar al señor Iván Alonso Ruiz, y tiene varios datos de prueba que sustentan esa conclusión a la que arribó la fiscal; pues, ya me explica ella que el domicilio que nos está proporcionando lo proporciona la víctima, y es el mismo que está en el contrato de la presunta promesa de cesión de derechos de los presuntos inmuebles que según eran propiedad del señor Iván Alonso Ruiz, y con base en ese dato, se ordenó a la Policía de Investigación constituirse al domicilio; pues, además la víctima ya había dicho que había ido a tocar y nadie le habría la puerta, entonces va la policía hace la investigación y se constituye en el domicilio ubicado Calle Benzuá 117 del fraccionamiento Real del Sur de la Colonia Tamulte de las Barracas, y refieren los policías que tocaron y estuvieron alrededor de diez minutos y no salió nadie. Razón por la cual procedieron a entrevistarse con Oscar López Ruiz, delegado del fraccionamiento Real del Sur, quien les manifestó que en su padrón de habitantes no está Iván Alonso Ruiz, y que el inmueble al que le hicieron referencia los policías pertenece a otra familia que por cierto está de vacaciones y es por eso que no había nadie. Ante esta situación, la fiscalía obtuvo otros informes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, buscando si había alguna propiedad a nombre del investigado o algún contrato del servicio de agua, pues como dice la fiscal es un servicio básico, pero tampoco se encontró registro a nombre de Iván Alonso Ruiz. Además, la fiscal señaló que tiene conocimiento de otras carpetas de investigación del investigado; pues, estuvo en otras áreas de la fiscalía, lo que ella considera que no ha tenido una buena conducta y podría ser importante para la necesidad de cautela; sin embargo, el conocimiento de la fiscal o de los jueces no puede ser utilizado en sí como un dato de prueba, sino que en todo caso, debió hacerse la investigación en el departamento de estadística que tengo entendido que es el que lleva el control de todas las carpetas, y ya con la información de ellos, el número exacto de las carpetas, que delito es, el estado procesal que tienen, hubiera sido de mayor relevancia esta información, por ello prescindo de este dato que de manera personal estableció la fiscal en esta audiencia, pero considero que es más que suficiente lo investigado en este caso, para poder arribar a la conclusión de que el domicilio que dio es falso y no hay algún otro donde se le pueda citar y, por tanto, está justificado que es la orden de aprehensión en este caso, el único medio para hacer venir al señor Iván Alonso Ruiz, ante esta autoridad a escuchar la formulación de imputación porque no hay a donde mandar una cita, mucho menos para girar una orden de comparecencia primero había que citarlo, entonces lo único que nos queda es la orden de aprehensión; por lo que resuelvo girar orden de aprehensión en contra de Iván Alonso Ruiz, por el hecho que la ley señala como el delito de fraude especifico previsto en el numeral 190, fracción IV, en relación al 191, fracción I del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Manuel Jesús Pacheco Pacheco... Determinación la anterior que, a criterio de este órgano jurisdiccional, es ajustada a derecho; púes, la Juez de Control de manera acertada determinó que existe la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, ya que entre otros argumentos, la Fiscal del Ministerio Público, sostuvo que además de que el hecho que la ley señala como el delito de fraude amerita pena privativa de libertad, no ha sido posible ubicar un domicilio cierto donde puede ser localizado el investigado, a pesar de que se han requerido informes al Registro Público de la Propiedad, así como a la Comisión Estatal del Agua; y, los elementos policiacos que intentaron localizarlo no pudieron ubicarlo en el domicilio que se les precisó, máxime que tiene aperturadas varias carpetas de investigación seguidas por hechos similares, lo cual le lleva a inferir un modus operandi de su parte para evadirse. Aunado a lo anterior, es de advertirse que, la pena que se le puede imponer al imputado, en arreglo a la fracción IV del artículo 190 de Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en caso de que pueda sometérsele a un proceso implicaría una pena privativa de la libertad. En ese sentido, el conjunto de circunstancias señaladas por la autoridad responsable, a juicio del que esto resuelve, son suficientes para acreditar la necesidad de cautela a que se refiere el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, conforme a lo verbalizado en la audiencia relativa, al encontrarse justificada la necesidad de cautela, se surte una excepción a que se oiga al investigado previamente a la emisión de la orden de aprehensión y, por lo mismo, para que pueda ofrecer los datos de prueba que considere pertinentes. Precisado lo anterior, procede el análisis de los conceptos de violación. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa, entre otras cosas, señaló: 1 Se violan las garantías de debido proceso, seguridad jurídica, así como de fundamentación y motivación; pues se ha girado orden de aprehensión por la necesidad de cautela sin justificarla. 2 Debe tomarse en cuenta que en sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Quinto de lo Familiar en el Distrito Judicial de Nezahualcoyolt, Estado de México, determinó que se encontraba demostrada la incapacidad del quejoso y por tanto le sobreviene una impedimento para hacer valer sus derechos por sí mismo, responder a sus obligaciones y gobernarse. 3 Se solicitó la orden de aprehensión con base en datos de prueba como son los informes que rindió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los oficios 3809724/2019 de cuatro de octubre de dos mil diecinueve y 5545241, de diecisiete de enero de dos mil veinte; sin embargo, esas pruebas se obtuvieron violando derechos humanos, ya que no existió autorización judicial para ello; y por tanto, deben excluirse al ser nulas conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos PenalesLo anterior es infundado. Dichos conceptos de violación son infundados. El primer concepto de violación resulta infundado; pues, como se precisó en párrafos que anteceden, el Juez de control, de manera acertada, resolvió que la fiscal del Ministerio Público justificó la necesidad de cautela, tomando en consideración que consideró diversos factores; entre ellos: Que el delito de fraude implica una pena privativa de la libertad; y, que no se ha podido localizar al investigado, e incluso se verbalizaron los datos de prueba consistentes en: 1) informe de la policía de investigación, quienes se constituyeron en el domicilio que había citado el investigado en el contrato de promesa de cesión de derechos, 2 Informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 3 Informe de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. De ahí que, se acreditó la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, ya que efectivamente el delito de fraude amerita pena privativa de libertad; y, según los informes que citó la Fiscal del Ministerio Público no ha sido posible ubicar un domicilio cierto donde puede ser localizado el investigado, a pesar de que se han requerido informes al Registro Público de la Propiedad, así como a la Comisión Estatal del Agua; y, los elementos policiacos que intentaron localizarlo no pudieron ubicarlo en el domicilio que se les precisó, máxime que tiene aperturadas varias carpetas de investigación seguidas por hechos similares, lo cual le lleva a inferir un modus operandi de su parte para evadirse. En ese sentido, el conjunto de circunstancias señaladas por la autoridad responsable, a juicio del que esto resuelve, son suficientes para acreditar la necesidad de cautela a que se refiere el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, que para librar una orden de aprehensión resulta innecesario demostrar la responsabilidad del investigado en la comisión del ilícito en cuestión, pues tal exigencia no se contiene en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el precepto el cual estipula los requisitos que deben agotarse para emitir dicho acto de molestia. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable tanto para la emisión de la orden de aprehensión como del auto de vinculación a proceso, y de allí que, una vez agotados los aspectos referidos en el párrafo anterior, baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito, la probable intervención del imputado en éste y la necesidad de la cautela, para que esté justificado racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Máxime que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de aprehensión, no exige que previamente se oiga al imputado en su defensa, al tratarse de un acto de molestia emitido por una Juez de Control, que sólo restringe de manera provisional la libertad de la persona a la cual se encuentra dirigida.*** Por tanto, resulta infundado que no se acredite la cautela. Ahora, tampoco pasa inadvertido a este órgano de control constitucional el argumento de la parte quejosa, relativo a que el investigado no puede declarar en ningún proceso o investigación, puesto que vive con esquizofrenia paranoide, lo cual lo vuelve inimputable, con base en la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento especial de declaración de estado de interdicción 1222/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México; y, por tanto le sobreviene una impedimento para hacer valer sus derechos por sí mismo, responder a sus obligaciones y gobernarse. Lo anterior, tomando en consideración que en el procedimiento penal acusatorio la orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez de control que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, e incluso puede obtener en ese momento su libertad; pues, el mandato de captura como ya se dijo es una forma de conducción al proceso; y, no una medida cautelar como lo sería la prisión preventiva. En ese sentido, la orden de aprehensión sólo se trata de una forma de conducción al proceso para el inicio de la audiencia de formulación de imputación, en la que podrá ejercer su garantía de audiencia; es decir, manifestar su versión de los hechos -si así lo estima conducente-; aportar datos de prueba que corroboren su postura; formular los alegatos que considere necesarios; e, incluso, impugnar en la vía ordinaria el fallo que se llegue a dictar, con el propósito de ejercer su derecho a una defensa. Además, debe de decirse que aun cuando de manera indiciaria la representante legal del quejoso acreditó la inimputabilidad de éste, ello no da lugar a la extinción de la acción penal; pues, de conformidad con los numerales 414, 415, 416, 417, 418 y 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cosas, se advierte que señalan*** Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 63 fracción IV y 65 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Iván Alonso Ruiz, respecto de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades apuntadas en considerando tercero de esta resolución por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia Federal NO ampara ni protege a Iván Alonso Ruiz, contra los actos que reclamó del Juez de Control de la Región Nueve, con sede en esta ciudad, por las razones dadas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Arturo Gregorio Peña Oropeza, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, hasta el día de hoy veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ante Carlos Serafín Ríos Solís, secretario de Juzgado, con quien legalmente actúa y da fe.
- Principal
Juicio de amparo 279/2022 Villahermosa, Tabasco, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el veintidós de septiembre del año en curso, se subió al panel condensado con firma electrónica la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, se autorizó en el expediente electrónico del juicio de amparo 279/2023, del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a regularizar el procedimiento en el presente juicio y se ordena subir al expediente electrónico dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar.*** Notifíquese en términos de ley. JUICIO 279/2022 R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades apuntadas en considerando tercero de esta resolución por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia Federal NO ampara ni protege a ***, contra los actos que reclamó del Juez de Control de la Región Nueve, con sede en esta ciudad, por las razones dadas en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Arturo Gregorio Peña Oropeza, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, hasta el día de hoy veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ante Carlos Serafín Ríos Solís, secretario de Juzgado, con quien legalmente actúa y da fe.
- Principal
JUICIO 279/2022 En ocho de agosto de dos mil veintitrés, doy cuenta con el oficio registrado con el folio 13448, en el libro de correspondencia de este Juzgado. Conste. Villahermosa, Tabasco, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por María de los Ángeles Ruiz Acopa, tutora legal de interdicto de iniciales I.A.R., mediante el cual autoriza un usuario para la consulta y continuación del juicio en línea y, exhibe prueba documental. Por lo anterior, por lo que respecta a la autorización del usuario, dígasele a la parte quejosa que por acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, se autorizó dicho usuario. Ahora, respecto a la documental consistente en copia simple de la sentencia definitiva dictada el trece de mayo de dos mil veintidós, en autos de las diligencias de interdicción 700/2020, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, no ha lugar a tenerla por admitida, en virtud que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en la que se tuvieron por recibidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes. Notifíquese
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