Maria de los Ángeles Rojas Velazquez

Expediente 1691/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1691/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Maria de los Ángeles Rojas Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de veintiocho de diciembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa, contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo Décimo Primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General devuélvase a la parte quejosa las documentales que anexó a su demanda de amparo, previa copia certificada que quede en autos las que se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese la copia simple de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1691/2021-VII-2. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese tenor, el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 6 del mismo cuerpo normativo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De conformidad con el transcrito artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Se toma en consideración lo anterior, en atención a que en la hipótesis, la quejosa María de los Ángeles Rojas Velázquez, si bien presentó un escrito de demanda, el mismo fue exhibido sin firma, como se asentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y por el Oficial de Partes de este órgano de control constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012 Tomo 4, tesis 2ª./. 32/2011, página 3632, número de registro 2000130, de rubro y texto siguiente: ".PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Por tanto, al ser la voluntad de las partes el ejercicio de un derecho, misma que se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, al no encontrarse firmada la demanda amparo no se acredita que la quejosa haya externado la voluntad de presentarla; por tanto, debe válidamente concluirse que no existe por tanto cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no existir la firma autógrafa (original) plasmada por el quejoso, no se encuentra exteriorizada su voluntad en la promoción del juicio de amparo en que se actúa; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Tiene aplicación, la tesis marcada con el número VI. 2o. 692 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de noviembre de 1994, página 435, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Así como la tesis aislada visible en la página 314, del tomo X, de octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Y la diversa consultable en la página 542, del tomo XIV, de julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." De lo expuesto, se puede concluir que en el caso a estudio, se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en comento, por lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Rojas Velázquez contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco y otras autoridades. Por tanto, se sostiene que se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por María de los Ángeles Rojas Velázquez. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a**********Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a ********** en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado.

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