Maria de los Angeles Rangel Gonzalez
Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Rangel Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil veintidós. Feneció plazo otorgado a la parte quejosa para manifestarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto el estado procesal de los autos, específicamente, de la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante de estar debidamente notificada; en consecuencia, el secretario encargado del despacho procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Lo anterior, al estimarse que el pronunciamiento sobre el cumplimiento a las ejecutorias de amparo, constituye una resolución de carácter urgente, pues su objeto primordial es determinar si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos o no para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal, habida cuenta de que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.22/2021 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, registro digital 2023104, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE." De la sentencia de amparo y sus efectos. En la resolución dictada por este juzgado de Distrito el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, cumpliera con los siguientes efectos: "Emitan respuesta fundada, motivada y congruente al escrito presentado por la quejosa en doce de octubre de dos mil veintiuno y lo haga de su conocimiento a través de los medios que estime pertinentes." Ejecutoria. Sentencia que causó ejecutoria el veintiocho de abril de dos mil veintidós y, en esa misma data, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Del cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido en veintisiete de abril de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito, la autoridad responsable Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos remitió copia certificada del oficio SG/CEPCM/DPI/SN/DIV/1395/2022, mediante el cual dio respuesta fundada y motivada a la petición formulada por la parte quejosa en doce de octubre de dos mil veintiuno, documental de la que, a su vez, se advierte que el original fue entregado de manera personal en el domicilio de la quejosa y a la persona que refirió ser su progenitora. Documental expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ejecutoria de amparo cumplida. En las narradas condiciones, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, puesto que la responsable ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos violados. Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución, siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo, es decir, emitió respuesta fundada y motivada a la petición presentada por la quejosa e hizo de su conocimiento la misma por los medios que estimó pertinentes, esto, al entregar el original del oficio relativo en el domicilio en el que refiera habita la accionante de amparo y concretamente a quien dijo ser su progenitora; tal como se precisó en los efectos del fallo protector otorgado. Anotaciones y archivo. Con base en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal y con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo del dispositivo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Ahora bien, toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte), se declara que este expediente es susceptible de depuración. Relevancia documental. Además, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Asimismo, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del sumario. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De la inconformidad con la presente determinación. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del acuse de recibo del oficio SG/CEPCM/DPI/SN/DIV/1395/2022. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Firmeza de la resolución. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se formula requerimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo o, en su defecto, informe las gestiones realizadas para informar su cumplimiento, la cual se concedió para los siguientes efectos: "Emitan respuesta fundada, motivada y congruente al escrito presentado por la quejosa en doce de octubre de dos mil veintiuno y lo haga de su conocimiento a través de los medios que estime pertinentes." Justificación del plazo otorgado. Dicho plazo se otorga en atención a la naturaleza del acto reclamado y los efectos de la concesión del amparo, así como la dificultad que pudiera presentar su cumplimiento, tal como lo autoriza el artículo 192 de la ley de la materia. Apercibimiento. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto para la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya la anterior determinación, la tesis VII.2º.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguientes: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 224/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El quince de febrero de la presente anualidad. II. Admisión de la demanda. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintiuno de febrero del año en curso. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, se hace consistir en: a) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual solicita la intervención de la responsable para verificar las condiciones de un establecimiento comercial que estima como factor de riesgo. III. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, en razón de que realizó una visita de inspección al domicilio en el que se localiza el establecimiento comercial precisado por la accionante de amparo y emitió una recomendación al mismo y un acta circunstancia de la diligencia, en el que levantó acta circunstanciada, constancias que fueron agregadas a su informe en copia certificada, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sin embargo, de la parte final del informe presentado, se advierte que la responsable manifestó que no se le entregó respuesta a la quejosa de su escrito en razón de que no proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones ni acreditó su personalidad dentro del mismo. De lo anterior, se colige que la autoridad responsable no dio respuesta a la petición formulada de manera escrita por la accionante de amparo, no obstante que realizara una visita de inspección al local comercial, pues, incluso, del acta circunstancia se desprende que dicha diligencia se realizó en atención a una denuncia ciudadana presentada vía correo electrónico a la dirección electrónica (denunciasciudanas@morelos.gob.mx). De ahí que, con ello se desvirtúe tal negativa y, por ende, se tiene por cierto el acto reclamado. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Se considera esencialmente fundado el concepto de violación vertido por la impetrante de amparo, respecto a que existe violación en su perjuicio del derecho fundamental contemplado en el artículo 8 constitucional, ya que la autoridad responsable, no ha dado contestación al escrito petitorio que presentó. Para explicar lo anterior, es menester transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto reproducido consagra el derecho de petición, entendido como la facultad que tiene todo gobernado de ocurrir ante cualquiera autoridad, formulando de manera pacífica y respetuosa una solicitud o instancia escritas; y, la correlativa obligación del Estado y sus autoridades de dictar un acuerdo también por escrito que sea congruente con dicha solicitud y hacerlo conocer en breve término al solicitante, lo que no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Así tenemos, que el artículo que nos ocupa señala tres requisitos que debe satisfacer la petición del gobernado y que a saber son: a) que se formule por escrito; b) de manera pacífica y, c) en forma respetuosa. El requisito de la formulación por escrito, tiende a fijar con precisión los términos de la petición, de modo que pueda establecerse posteriormente si cumple con los dos requisitos ulteriores, esto es, la forma pacífica y el respeto correspondiente con el que debe formularse, además, que permita verificar, en su caso, la congruencia de la respuesta. En cuanto al requerimiento de que la petición se elabore en forma pacífica, debe entenderse que en ella no se contendrá ninguna amenaza vinculada a la producción o no de respuesta, o al sentido de la misma. Por lo que toca a la exigencia de que la petición sea respetuosa, esta se refiere a que no debe incluir injurias o malos tratamientos a la autoridad a la que se dirige. Coherentemente con lo anterior, de conformidad con el precepto en comento, los requisitos que debe cumplir la respuesta son: a) que se formule por escrito; b) que sea congruente con la petición y, c) que se dé a conocer en breve término. Por cuanto hace a la primera exigencia, encuentra su justificación en el hecho de tener la certeza de que se produjo la contestación. La congruencia de la respuesta implica que la contestación de la autoridad debe atender de manera completa y coherente a lo pedido pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo planteado, es decir, no debe ser evasiva u obscura, o limitarse a dar largas al asunto, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. El requisito relativo a que la respuesta tiene que darse a conocer a la parte quejosa en breve término, se refiere a la obligación de la autoridad a notificar al particular acerca de lo que ha resuelto en un tiempo prudente. Como se estableció, la obligación del Estado y sus autoridades de dictar un acuerdo también por escrito es que sea congruente con dicha solicitud y hacerlo conocer en breve término al solicitante, lo que no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registrito 162603, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Por otro lado, la existencia de este derecho como derecho fundamental requiere que la petición sea elevada a la autoridad, supuesto que en la especie está acreditado, en virtud de que, del informe rendido por la autoridad responsable, respecto del escrito petitorio que presentó la quejosa, a pesar de haber transcurrido desde la fecha de presentación a la celebración de la audiencia más de cuatro meses. Con lo anterior, la parte quejosa acreditó haber elevado una petición por escrito a la mencionada autoridad, presentada en forma pacífica y respetuosa, por lo que cumplió con el extremo exigido a todo gobernado, por el artículo 8°. constitucional. Toda vez que, el derecho fundamental consistente en el derecho de petición requiere precisamente la existencia de la petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa por parte del gobernado, y como correlativa, la obligación de la autoridad responsable para emitir un acuerdo por escrito y en breve término darlo a conocer al peticionario; de lo que se colige que sólo y cuando se satisfagan dichas exigencias, se tendrá por cumplida el derecho fundamental de que se trata. Asimismo, el extremo antes referido, no se encuentra acreditado por parte de la autoridad señalada como responsable; no obstante que realizara una diligencia de inspección con motivo, aparentemente, de lo solicitado por la quejosa, pues tal como asevera, no dio contestación a su escrito, no obstante de atribuir a su actuar a la omisión de la solicitante de tutela constitucional en proporcionar un domicilio para oír y recibir notificaciones y que no acreditara su personalidad dentro del mismo, pues existen mecanismos medios diversos con lo que pudo comunicar su respuesta o, en su caso, de manera fundada y motivada expresar la imposibilidad que tenía para ello, esto es, no permanecer en silencio ante la petición, por lo que resulta evidente que la omisión y dilación en la cual incurre para atender la petición del gobernador, incumple el derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Carta Magna. VI. Efectos del amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Rangel González, contra el acto que reclama del Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, para que, una vez cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, proceda a realizar lo siguiente: Emitan respuesta fundada, motivada y congruente al escrito presentado por la quejosa en doce de octubre de dos mil veintiuno y lo haga de su conocimiento a través de los medios que estime pertinentes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a +++ para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese.
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