María de los Ángeles Castañeda Figueroa
Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- María de los Ángeles Castañeda Figueroa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía Prototipo de Yautepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 825/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Agente del Ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Diversos de la Fiscalía Prototipo de Yautepec, Morelos. Precisión del acto reclamado. Omisión de dar contestación al escrito de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicita la devolución del vehículo de la marca ****. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 20, apartado "C", fracción VII, de la Constitución General de la República; 109, fracción XXI y 258, estos dos últimos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente: Los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; "ARTÍCULO 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. ´ La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto, el acto reclamado consiste en un no hacer por parte de la autoridad ministerial responsable, al no dar contestación al escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual la quejosa solicita la devolución de su vehículo el cual se encuentra a disposición del ministerio público, debido a la investigación ****. En ese sentido, conforme a lo ya plasmado aquí en relación a los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República y 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene que es derecho de la víctima impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Razón por la cual, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula dicho numeral, a saber: la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Por consiguiente, si es un derecho de la víctima impugnar por sí o por su representante las omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, entre otras, la abstención del Ministerio Público de investigar éste tiene el derecho y la obligación de impugnar ante el Juez de control la determinación reclamada, por ello, previo accionamiento del proceso constitucional de amparo en la vía indirecta, debe agotarse el principio de definitividad e interponerse el recurso ordinario innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante el Juez de control competente, al resultar el medio de defensa correspondiente que puede hacerse valer en contra de cualquier abstención u omisión del Ministerio Público para ejercer su función investigadora. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. " Así como en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, materia Común y Penal, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. No pasa inadvertido que el quejoso hace valer el acto que reclama como una violación directa al derecho de petición. Sin embargo, la omisión que reclama deriva directamente de la carpeta de investigación ****; y por tanto, de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el impetrante, previo a acudir al juicio de amparo, debía hacerlo ante el juez de control respectivo, pues el mencionado recurso que implementa el susodicho artículo puede resultar incluso más rápido que el mismo juicio de garantías. En otras palabras, cuando se trate de omisiones realizadas por el Ministerio Público dentro de una investigación, la víctima u ofendido están en condiciones de interponer, el recurso establecido en el artículo 258 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo que previo acudir al juicio de amparo indirecto, tratándose de las omisiones del Ministerio Público, la víctima u ofendido tiene la obligación de agotar los medios ordinarios a su alcance. En tal virtud el recurrente tiene expedito su derecho para requerir al Juez de Control que provea lo necesario a fin de que la autoridad ministerial de respuesta a sus peticiones dentro de la carpeta de investigación que tiene a su cargo y de la cual deriva el acto reclamado. Es tales condiciones lo que procede es desechar la demanda de amparo. Lo anterior, no pugna con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen en favor de las personas los derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, los cuales, suponen un estándar internacional mínimo de protección que los Estados miembros de dicho instrumento internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de derechos fundamentales al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano existen otros medios de defensa como en el caso acontece; además, el principio de definitividad del juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación innecesaria, en atención a su naturaleza de medio extraordinario, ello también si se toma en consideración que el alcance de los referidos derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18 Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Como lo solicita la quejosa y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo se ordena practicar todas las notificaciones dentro del presente juicio a través de las listas que publique este órgano jurisdiccional. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, no se tiene por autorizado con facultades amplias al profesionista ***, en razón de que no acredito tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, por lo que solo se le autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese.
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