Maria de los Angeles Ocaña Rodríguez
Expediente 1400/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Ocaña Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, contra el acto que reclamó a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para el efecto siguiente: Tome las medidas legales para resolver a la brevedad posible el incidente de planilla de liquidación, planteado en los autos del juicio contencioso administrativo 435/2015, de su índice; y,Una vez hecho lo anterior lo notifique a las partes. La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante oficio de trece de diciembre pasado, allegó copia certificada de la sentencia interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente administrativo 435/2015-S-3. Posteriormente, mediante oficio de cuatro de enero pasado, remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la sentencia interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del referido juicio natural. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo En ese contexto, de las referidas constancias se advierte que la responsable en cumplimiento al fallo protector resolvió el incidente de planilla de liquidación, planteado en los autos del juicio contencioso administrativo 435/2015 de su índice y lo notificó a las partes; por tanto, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que emitió la resolución correspondiente dentro de la controversia de origen y la notificó a las partes; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de diciembre de dos mil veintidós. Informe sobre el cumplimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido se toma conocimiento de la interlocutoria de ocho de diciembre pasado, dictado en el juicio 435/2015-S-3 de su estadística. Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remitan copia certificada de las constancias con de notificación a las partes de la interlocutoria de ocho de diciembre pasado, dictado en el referido juicio natural. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, por lo que hace a su solicitud de dejar sin efectos a la medida de apremio ordenada en el auto de ejecutoria, no ha lugar acordar favorable su petición en razón que de las líneas que anteceden se colige que el fallo protector no se encuentra totalmente cumplimentado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. En otro orden, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, solicita prórroga para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de noviembre pasado. En ese tenor, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, que establecen que el plazo para dar cumplimiento a la sentencia amparadora es de tres días hábiles, término que por excepción variará tomando en cuenta la complejidad o dificultad que implica el cumplimiento del fallo protector, facultad discrecional del juzgador; por tanto, como este último supuesto se surte en la especie, se concede ampliar el plazo para el cumplimiento de la sentencia amparadora, por el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto, para que la autoridad oficiante remita copia certificada de la resolución de planilla de liquidación planteada en el juicio 435/2015 de su índice. En el entendido que dicho plazo será improrrogable, toda vez que ello causaría perjuicios a la quejosa, aunado a que es obligación de este órgano constitucional velar porque se logre el correcto cumplimiento de la sentencia amparadora, sin mayores dilaciones. Al respecto, es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 1295, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Tomo II, relativa al mes de julio de 2014, de rubro siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. Finalmente, se itera que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de noviembre pasado, en caso de no dar cumplimiento.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del auto de veintitrés de noviembre de dos mi veintidós, dictado dentro del juicio administrativo 435/2015-S-3 de su índice. Ahora, del citado proveído se advierte que al no existir cuestión pendiente por desahogar en el incidente de liquidación de sentencia ordenó turnar los autos a fin emitir la resolución interlocutoria correspondiente. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento; por tanto, requiérase a Antonio Javier Nucamendi Otero, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la resolución de la planilla de liquidación planteada en autos del juicio contencioso administrativo 435/2015 de su índice. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrá hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Ahora, por lo que hace a su solicitud de dejar sin efectos a la medida de apremio ordenada en el auto de ejecutoria, no ha lugar acordar favorable su petición en razón que de las líneas que anteceden se colige que el fallo protector no se encuentra totalmente cumplimentado.
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