María de los Ángeles Ocaña Rodriguez

Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
824/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Ocaña Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el recurso de queja 73/2022 de su índice, de la que se advierte que se declaró infundado el citado medio de impugnación interpuesto por la quejosa María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, contra el auto de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en los presentes autos, en que se desechó la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Devolución de documentos Finalmente, de conformidad por lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo General, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele a la parte quejosa para que comparezca a recoger ante este Juzgado en cualquier hora y día hábil, en un plazo de noventa días hábiles, las documentales que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, una vez que concluya el término concedido, dichas documentales podrán ser destruidas junto con este sumario. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estará en aptitud de gestionar la misma; lo anterior, con la finalidad de recibir las documentales referidas. Asimismo, se hace de su conocimiento, que deberá hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Juicio 824/2022 folio 9007. diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que transcribe el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado con el número 73/2022 de su índice; de lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Juicio 824/2022 folio 8083. nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte, contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en los términos allí precisados. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta, así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe, para que sean tomadas en cuenta para resolver el medio de impugnación aludido, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Juicio 824/2022 folio 7324. veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 824/2022. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que el acto reclamado es: -La omisión de acordar los escritos presentados el doce y diecisiete de febrero y veintinueve de abril, todos de dos mil veintidós, respecto a la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-2406/2016 del índice de la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de justicia de Centro, Tabasco. En el caso concreto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere*** En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Al efecto, cabe mencionar que el sistema de justicia penal establece que el proceso penal empieza desde la etapa de investigación, pues las reglas que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales, están previstas también para el Ministerio Público en la etapa de investigación, tal como se puede apreciar de los artículos 2, 109 y 131 del precitado ordenamiento*** En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Entonces, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Así, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso cese ese estado de cosas, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. En ese sentido, se desprende que, si en el caso concreto la impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose de la omisión del Fiscal responsable de acordar los escritos presentados el doce y diecisiete de febrero y veintinueve de abril, todos de dos mil veintidós, respecto a la carpeta de investigación CICPJ- VHSA-2406/2016 del índice de la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de justicia de Centro, Tabasco, es incuestionable que en términos del artículo 258 de la legislación procesal penal, estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el medio de impugnación a que alude el citado numeral, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.*** De ahí que, si el acto que reclama la parte quejosa puede ser agotado a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa.*** De lo antes expuesto, se puede concluir que ante la omisión de acordar los escritos presentados el doce y diecisiete de febrero y veintinueve de abril, todos de dos mil veintidós, respecto a la carpeta de investigación CICPJ- VHSA-2406/2016 del índice de la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas del Centro de Procuración de justicia de Centro, Tabasco, que reclama la impetrante de amparo, primero debió acudir ante el Juez de control competente, e interponer el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se pueda revocar o modificar el acto reclamado -previo a acudir al presente juicio-; y, por tanto, al no hacerlo así, no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Granado Cruz y Rafael Aguilar Pérez y Carlos Arturo Magaña Marín. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos2 a Samuel Alejandro Santoyo Vidal y Juan Manuel Aguilar Isidro, en razón a que por el momento no hay constancia que los acredite como licenciados en derecho o abogados y no tener registradas su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado.*** Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

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