María de los Angeles Montes de Oca Rojas

Expediente 1928/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1928/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • María de los Angeles Montes de Oca Rojas
  • Manuel Alejandro Alvarez Herrera
  • Tribunal de Arbitraje En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Daniel Herrera Cordero, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Daniel Herrera Cordero, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado conjuntamente por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 38/2019 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 38/2019 de su índice. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -nueve de octubre de dos mil diecinueve-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento sobre el señalamiento de la audiencia de ley cuya omisión reclama, siendo que mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable le requirió para que aclarara su escrito inicial de demanda y precisara las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable requirió a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que aclare su escrito inicial de demanda y precisara las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral, en razón de la naturaleza del juicio laboral burocrático. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, realizó un requerimiento a la quejosa a efecto de que aclare su escrito inicial de demanda y precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de quince de octubre de dos mil diecinueve. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 38/2019 de su índice. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de quince de octubre del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que precise las actividades que realizaba durante el desarrollo de su jornada laboral. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil diecinueve.

  4. Incidental

    Téngase por recibido el oficio y anexo remitidos por Nancy Ramírez Sosa, Policía Vial adscrita a la Dirección de Vialidad Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual informa que dejó insubsistentes las boletas de infracción con números de folios 11554718 y 11565021. Asimismo, adjuntó copia certificada del oficio DVE/J-09176/2019 del que se advierte que solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla ordene a quien corresponda devuelva de manera inmediata a la quejosa Araceli Cerezo Galeana la cantidad de dinero que pagó por concepto de las infracciones con números de folios 11554718 y 11565021 y acordó tomar las medidas pertinentes a fin de que no le sean aplicados a la quejosa ni en el presente, ni en el futuro, los artículos 52 Bis y 53 de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, así como el 57 y 67 de su reglamento Téngase por recibido el oficio de la Directora General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través del cual acredita haber dado cumplimiento al requerimiento que se le realizó el nueve de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que ordenara a las autoridades responsables Director de Vialidad del Estado y Nancy Ramírez Sosa, Policía Vial adscrita a la Dirección de Vialidad Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguense las copias con conocimiento de los oficios SSP/07/010787/2019 y SSP/07/010788/2019 de la autoridad antes indicada, por medio de los cuales acredita que ordenó al Director de Vialidad del Estado y a Nancy Ramírez Sosa, Policía Vial adscrita a la Dirección de Vialidad Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública cumplimentar en sus términos y sin demora la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, solicitando además, se informara de manera directa a este juzgado federal las gestiones que se realizaran para tal fin. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, téngase por recibido el oficio y anexo del Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a través del cual informa que mediante oficio SPF-SI-CGENyASF-DI-dev-313/2019 acordó la devolución de la cantidad de $907.00 (novecientos siete pesos 00/100 moneda nacional) a la quejosa Araceli Cerezo Galeana, por lo que deberá acudir al Departamento de Gestión de Gasto Corriente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un horario de nueve a catorce horas con treinta minutos a realizar el trámite correspondiente. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda. Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable ordenó la devolución de la cantidad de ..., la cual fue puesta a disposición de la parte quejosa en el departamento correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa................

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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