María de los Angeles Montes de Oca

Expediente 873/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
873/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • María de los Angeles Montes de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".71. Por otra parte, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, deje insubsistente el acuerdo del ocho de enero de dos mil diecinueve, que contiene el apercibimiento de arresto en contra del quejoso, dentro del juicio de alimentos ***, y en su lugar, dicte otro, con libertad de jurisdicción, pero a la luz de las consideraciones expuestas en esta sentencia..." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico del juez responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ...

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 03 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Visto el estado que guardan los presentes autos, del cual se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintitrés de abril del año en curso, para que realizaran manifestación acerca de los dictámenes periciales que obran en autos, sin que lo hayan hecho, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que mediante proveído de ocho de enero de dos mil diecinueve se tuvo con el carácter de tercera interesada a la persona moral ***, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, al ser parte dentro del juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo. Sin embargo, del análisis minucioso de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la citada persona moral tiene la misma calidad que la quejosa en el juicio natural, esto es, resulta ser la parte demandada; por tanto, resulta evidente que no se encuentre dentro del supuesto establecido en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y por consecuencia no le revista el carácter de tercera interesada, en esa virtud se deja de tener a la citada persona moral con ese carácter, por lo que en vía de consecuencia, resulta innecesario su emplazamiento a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CODEMANDADO, NO ES TERCERO PERJUDICADO. El codemandado en el juicio común, no tiene la personalidad de tercero perjudicado en el amparo, pues su interés jurídico es el mismo que el del demandado, de donde resulta que para que tenga personalidad en el juicio de garantías, debe promover también el correspondiente amparo sin que disposición legal alguna obligue al Juez de Distrito a llamarlo al procedimiento, ya que tal llamamiento se hace a la contraparte del quejoso, es decir, a aquella que tiene interés en sostener la constitucionalidad del acto que en el amparo se combate. En otra tesitura, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de dieciséis de enero del año en curso se reservó acordar sobre el escrito de ampliación de demanda hasta en tanto se desahogara la prueba pericial en caligrafía y grafoscopía para verificar la autenticidad de la firma que calza ese escrito y que se atribuye al apoderado de la persona moral quejosa; y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se procede a proveer lo conducente: En primer lugar, es menester precisar que la valoración de dichas pruebas periciales en relación a la firma que calza tanto la demanda de amparo como el ocurso de ampliación relativos, se realizará al momento de emitir la sentencia definitiva en el presente juicio, pues es la etapa procesal que se estima oportuna para valorar esos medios de convicción e incluso para evidenciar alguna causa de improcedencia y, en ese tenor, lo relativo a la ampliación de la demanda es únicamente para integrar debidamente el juicio de amparo, pero se insiste, será hasta la sentencia en donde se realice un pronunciamiento definitivo. Ahora bien, con el propósito antes anunciado, cabe recordar que la ampliación a la demanda es un derecho para incorporar al juicio de amparo ya iniciado autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; no obstante, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo texto y rubro son: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. ... Ahora, del escrito de ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tiene tal carácter: A). La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, como Cuerpo Colegiado. B). La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, como autoridad ordenadora. C). La actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, como autoridad ejecutora. Dichas autoridades responsables tienen como domicilio oficial el ubicado en ***. POR LO QUE RESPECTA A LOS ACTOS RECLAMADOS, SE ACLARAN, AMPLIAN, MODIFICAN Y/O PRECISAN, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: IV. ACTOS RECLAMADOS. Todos y cada uno de los actos reclamados tienen su origen en el expediente número ***, radicado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, relativo al juicio natural seguido por la señora ***, reclamándose: 1. DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, COMO CUERPO COLEGIADO, SE RECLAMA: A). Se reclama en todas y cada una de sus partes, el ilegal y violatorio procedimiento laboral seguido en contra de mi representada, por la hoy tercero interesada ***, en virtud de que jamás se le emplazó a juicio bajo las formalidades que establece la Ley Federal del Trabajo, para el efecto, y además porque nunca fue oída ni vencida en juicio, de igual manera se reclama de la propia Junta Especial, en específico lo siguiente: B) La celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones la cual se celebró con fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, NO OBSTANTE NO EXISTIR CONSTANCIA DEL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE DIVERSA DEMANDADA, la persona moral denominada *** S.A.P.I. DE C.V., así como la celebración de la audiencia de Ley en su etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis y los acuerdos emitidos por la Junta Especial responsable en dichas diligencias, de haber tenido por fracasada la Etapa de Conciliación por la incomparecencia de mi representada, de haberle tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, en la Etapa de Demanda y Excepciones de dicha audiencia, y por haberle tenido por perdido su derecho de ofrecer pruebas, en la Etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, así como haberle tenido por perdido su derecho de alegar, el haber declarado cerrada la instrucción una vez que fue sustanciado el juicio de origen y el haber ordenado se turnara el expediente al auxiliar para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo. C). Se reclama también de dicha responsable la falta de Audiencia de Discusión, Votación, Aprobación del laudo resolutivo del juicio natural, y todos y cada uno de los actos seguidos dentro del expediente del juicio natural, a partir del ilegal y supuesto emplazamiento a juicio que dice haberle realizado, y todas y cada una de sus consecuencias jurídicas, resultando nulas las actuaciones subsecuentes a tan ilegal emplazamiento, además por contener vicios propios. D) El laudo emitido por la autoridad responsable con fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral del que derivan los actos reclamados, no obstante existir violaciones al ley del procedimiento, conculcando con ello nuestra Garantias Individuales, y todos y cada uno de los actos seguidos dentro del expediente del juicio natural, a partir del ilegal y supuesto emplazamiento a juicio a la parte quejosa, así como todas y cada una de sus consecuencias jurídicas, resultando nulas las actuaciones subsecuentes a tan ilegal emplazamiento, además por contener vicios propios. 2. DE LA ACTUARIA ADSCRITA A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, COMO AUTORIDAD EJECUTORA, SE RECLAMA: A) La omisión de emplazar a juicio a diversa demandada, siendo esta la persona moral denominada ***, S.A.P.I. DE C.V., lo cual trasciende en el presente juicio, tal y como se señalará más adelante. B). El ilegal citatorio previo a juicio de fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, que dice haberle realizado a mi representada, el cual contiene vicios propios, los que más adelante se precisaran. C). El ilegal emplazamiento de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, que dice haberle realizado a mi representada, el cual contiene vicios propios, los que más adelante se precisaran. D). La notificación por estrados para la celebración de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, la cual contiene vicios propios, los que más adelante se precisaran. E). la notificación del laudo emitido en el juicio de origen, misma que fue realizada supuestamente con fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, la cual contiene vicios propios, los que más adelante se precisaran. E). Todo acto de ejecución que pretenda realizar del laudo emitido, como autoridad ejecutora. 3. DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, SE RECLAMA: A). Todo acto de ejecución que pretenda realizar del laudo emitido, a saber: auto de requerimiento de pago y embargo, designación de perito valuador, fijación de posturas, orden de publicaciones y convocatorias para remate de bienes, señalamiento de audiencia de remate, calificación de posturas, acuerdo de remate de bienes y adjudicación, y en fin todo acto tendiente a la ejecución del laudo, en razón de que mi representada no fue citada ni emplazada legalmente al juicio natural, y por lo tanto, no tuvo oportunidad de defenderse en el juicio del cual emanan los actos reclamados. B). El que no ha acordado el escrito de fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, a través del cual se le solicitó a nombre de mi representada, la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el juicio laboral número ***, radicado ante la responsable y por ende no me han sido entregadas física y materialmente las mismas, con lo que se me impide conocer de manera exacta los actos reclamados". Así, del análisis cuidadoso entre los actos que reclamó el quejoso en el escrito inicial y de los que señala en el escrito de ampliación, se advierte únicamente como nuevo acto reclamado de la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de emplazar a juicio a la codemandada ***, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, pues incluso los diversos actos que señala en su escrito de ampliación de demanda, ya se tuvieron como actos reclamados en el escrito inicial. Desechamiento respecto del acto reclamado antes precisado. Ahora bien, respecto del acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de emplazar a juicio a la codemandada ***, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada no irroga un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien solo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis. AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo. Conforme a los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, se tiene que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, como ya se estableció, la parte quejosa reclama en su escrito de ampliación de demanda, la omisión de emplazar a juicio a la codemandada ***, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable dentro del juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Sin embargo, la omisión de emplazar al codemandado, no puede ser reclamada en el juicio de amparo por otro codemandado, pues dicha omisión no le causa al solicitante de amparo un agravio personal y directo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia siguiente: EMPLAZAMIENTO AL CODEMANDADO. SU LEGALIDAD NO PUEDE SER CUESTIONADA EN EL JUICIO DE AMPARO POR OTRO CODEMANDADO. La legalidad del emplazamiento a un codemandado, no puede ser cuestionada en el juicio de amparo por otro codemandado (quejoso), ya que lógicamente los vicios de que pudiera adolecer esa diligencia e incluso su inexistencia, no le causan al amparista un agravio personal y directo; en su caso, ese agravio sólo podría cristalizarse en perjuicio de su codemandado (no quejoso), quien es el único legitimado para reclamar su reparación, pues para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser materia del juicio de garantías es menester que cause un agravio personal y directo al promovente del amparo Consecuentemente, el acto reclamado no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio actual y directo en la esfera jurídica de la parte promovente, pues lo cierto es que en términos de lo expuesto en la ampliación de demanda, no ha sido afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable, que configure la procedencia del juicio de amparo.  Ampliación de demanda únicamente respecto de conceptos de violación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda por cuanto hace a los conceptos de violación que la parte quejosa señala. Informe justificado. Córrase traslado con el ocurso de ampliación y respecto de ésta pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del(de los) acto(s) reclamado(s). Sin que sea el caso requerir a las autoridades para que remitan constancias que justifiquen su informe, pues éstas ya fueron remitidas con anterioridad. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s) a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe(n), apercibida(s) que en caso de no hacerlo se le(s) impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que para la celebración de la audiencia constitucional se encuentran señaladas las once horas con diez minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Córrase traslado con el escrito de ampliación a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, para los efectos legales conducentes. Notificación al tercero interesado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente proveído con copia del escrito de ampliación de demanda, a la parte tercera interesada. Prueba(s). De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por admitidas las pruebas presuncional legal y humana y la instrumental pública de actuaciones, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido que haya ofrecido como documental pública el informe justificado, pues al formar parte de la instrumental las actuaciones del juicio de amparo, debe considerarse que dicho informe se encuentra contemplado dentro de la misma. Tampoco se soslaya que haya ofrecido como pruebas diversas documentales, pues las mismas no obran anexadas a su escrito de ampliación de demanda. Finalmente, por cuanto hace a la prueba ofrecida consistente en el informe que rinda este órgano jurisdiccional respecto de los datos solicitados que obran en el juicio de amparo *** del índice de este juzgado, dígasele que no ha lugar de acordar favorablemente su petición, toda vez que constituyen un hecho notorio los diversos juicios que se tramitan ante este juzgado de distrito, y al ser parte tercera interesada en dicho juicio, está en aptitud de imponerse de los autos. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en su escrito de ampliación de demanda, toda vez que la misma únicamente se admitió por cuanto hace a conceptos de violación, y no así por autoridades responsables y actos reclamados diversos a los señalados en su escrito inicial de demanda, los cuales ya fueron motivo de pronunciamiento de la medida cautelar solicitada. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 08 DE MAYO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que transcurrió el término de cinco días concedido en auto de veintidós de abril del año en curso, sin que la parte promovente haya desahogado la prevención formulada en ese proveído, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, informa que designó el área lúdica de ese organismo [ubicado en calle cinco de mayo número mil seiscientos seis, Edificio San Juan de Dios, colonia Centro, de la Ciudad de Puebla], los días sábados en el horario de catorce a diecisiete horas, designando semanalmente, de forma aleatoria, a personal que supervise la visita y convivencia, señalando para la primera a desarrollarse el cuatro de mayo de dos mil diecinueve a Gerardo Laguna Hernández y Roberto Hernández Jiménez [abogado y psicólogo], adscritos al Departamento de Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica. Asimismo informa que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla cuenta con el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, para el desarrollo de la convivencia paterno filial en los casos en que, a juicio de los órganos jurisdiccionales no pueda cumplirse de manera libre y se considere necesario para la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Finalmente, solicita el auxilio de personal investido de fe pública a fin de que, en caso de alguna contingencia que llegare a suscitarse durante el inicio, desarrollo y conclusión de las convivencias, se sirva dar cuenta de ello. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en contra de la autoridad oficiante. Por lo tanto, gírese oficio a la Jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla a fin de que, en un plazo de veinticuatro horas, adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la medida cautelar definitiva que se concedió y, en consecuencia, pueda desarrollarse la convivencia entre ... y su menor hijo ... Por último, se le requiere para que una vez adoptadas todas las medidas necesarias para lograr la referida convivencia el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, se sirva informar a este juzgado de distrito el resultado de las mismas, adjuntando las constancias en copia certificada que así lo acrediten. Al respecto, se apercibe al Juez responsable que, en caso de ser omiso al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

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