María de los Angeles Gonzalez Díaz
Expediente 396/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- María de los Angeles Gonzalez Díaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido la promovente María de los Ángeles González Díaz, en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado o que sirvieran de fundamento a los conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad, transcurre del veinticuatro al treinta de junio de dos mil veintidós, sin contar los días veinticinco y veintiséis de junio del año en curso, por haber sido inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, dando cumplimiento a dicha prevención. DESECHAMIENTO Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ahora bien, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. El ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Sentado lo anterior, el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, por el que ordenó a la parte actora María de los Ángeles González Díaz entregara a los demandados Norma Alicia Espinosa López y Juan Manuel Miramontes Arias, el bien inmueble hipotecado ubicado en avenida Páez Urquidi, número 150, colonia Tecolutla, de esta Ciudad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se procedería a la fractura de cerraduras, violentar puertas y cualquier medida legal que resultara necesaria para hacer cumplir esa determinación. Asimismo, que la quejosa María de los Ángeles González Díaz, tiene el carácter de parte actora en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Ahora bien, lo acordado en el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, constituye una decisión que se ubica en el supuesto del artículo 88, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de un auto, pues determinó sobre materia que no es de mero trámite, además tiene fuerza de definitivo y causa un gravamen irreparable, ya que la afectación que provoca no puede enmendarse en la sentencia de fondo, pues el fallo definitivo no se ocupará de estudiar si fue legal o no que el juez responsable hubiera requerido a la parte actora la entrega del bien inmueble hipotecado a los demandados. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado mediante recurso de apelación, previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o revoque la determinación del juez de primera instancia, de conformidad con el artículo 800 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte, pues es la actora. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por promovida por María de los Ángeles González Díaz. Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido la promovente María de los Ángeles González Díaz, en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado o que sirvieran de fundamento a los conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad, transcurre del veinticuatro al treinta de junio de dos mil veintidós, sin contar los días veinticinco y veintiséis de junio del año en curso, por haber sido inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, dando cumplimiento a dicha prevención. DESECHAMIENTO Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ahora bien, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. El ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Sentado lo anterior, el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, por el que ordenó a la parte actora María de los Ángeles González Díaz entregara a los demandados Norma Alicia Espinosa López y Juan Manuel Miramontes Arias, el bien inmueble hipotecado ubicado en avenida Páez Urquidi, número 150, colonia Tecolutla, de esta Ciudad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se procedería a la fractura de cerraduras, violentar puertas y cualquier medida legal que resultara necesaria para hacer cumplir esa determinación. Asimismo, que la quejosa María de los Ángeles González Díaz, tiene el carácter de parte actora en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Ahora bien, lo acordado en el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, constituye una decisión que se ubica en el supuesto del artículo 88, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de un auto, pues determinó sobre materia que no es de mero trámite, además tiene fuerza de definitivo y causa un gravamen irreparable, ya que la afectación que provoca no puede enmendarse en la sentencia de fondo, pues el fallo definitivo no se ocupará de estudiar si fue legal o no que el juez responsable hubiera requerido a la parte actora la entrega del bien inmueble hipotecado a los demandados. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado mediante recurso de apelación, previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario 152/15-2016/2C-II, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o revoque la determinación del juez de primera instancia, de conformidad con el artículo 800 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte, pues es la actora. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por promovida por María de los Ángeles González Díaz. Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles González Díaz, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 396/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de manifestar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, bajo protesta de decir verdad. En el caso que nos ocupa, la lectura integral de la demanda de amparo, revela que el promovente realizó la narración sucinta de los hechos que constituyeron los antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, esa manifestación no la realizó el promovente bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una omisión de la demanda de amparo que debe ser subsanada por el promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, Décima Época, intitulada: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos que anteceden al acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 2. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, dos (2) para las autoridades responsables; una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y dos (2) para la formación del incidente de suspensión. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. NOTIFICACIÓN ELÉCTRONICA. De igual forma, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombres de usuario "fabriciocoba", "fc11854396" y "crisHal". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza con los nombres de usuario "fabriciocoba", "fc11854396" y "crisHal" consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingresen los nombres de usuarios "fabriciocoba", "fc11854396" y "crisHal", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fabricio Coba Jiménez, Carlos Fabricio Coba Rivas, Cristopher Hernández Alcudia y Vanessa Guadalupe Cervera Chí, pues de la certificación de cuenta, se advierte que el Secretario Proyectista de Juzgado, realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES. No ha lugar a ordenar que las notificaciones al promovente se le realicen a través del correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no prevé que las notificaciones deban efectuarse a través de correo electrónico. Sin embargo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente, la dirección de correo electrónico fabriciocoba@cobaabogados.com.mx; fabriciocoba@gmail.com; y fabriciocoba@hotmail.com. . EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa.
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