María de Jesús Javier Avalos

Expediente 253/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
253/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • María de Jesús Javier Avalos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen Campeche, treinta de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 5212/2022, del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco Campeche, a través del cual informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Jesús Javier Avalos, por conducto de la apoderada Vianey Castro Espinosa, la cual se radicó bajo el juicio de amparo 726/2022, del órgano colegiado en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por María de Jesús Javier Avalos, por conducto de la licenciada Vianey Castro Espinosa, en su carácter de Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, contra actos de la Junta Especial número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, radíquese con el número de expediente 253/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y, conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, la promovente adjuntó a la demanda de amparo una carta poder firmada por María de Jesús Javier Avalos, ante dos testigos de asistencia, de la que se advierte que otorgó poder amplio, cumplido y bastante, entre otros, a la Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo y "LOS DEMÁS PROCURADORES FEDERALES, ESTATALES Y AUXILIARES DE LA DEFENSA DEL TRABAJO QUE ACREDITEN SERLO", para que su nombre y representación entablaran juicio de amparo, entre otras facultades. Por otra parte, de la copia simple del acuerdo doce de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 849/2015, que la promovente adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que Vianey Castro Espinosa, tiene reconocida la personalidad de apoderada legal de la quejosa María de Jesús Javier Avalos, ante la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente el carácter de apoderada legal con el que se ostenta. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada III.3o.T.40 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2605, Décima Época, que dice: "PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO. BASTA QUE EN LA CARTA PODER SUSCRITA POR EL TRABAJADOR, SE INDIQUE QUE SE OTORGA PODER A LOS PROCURADORES AUXILIARES, PARA TENER POR ACREDITADA LA PERSONALIDAD DE ALGUNO DE ESOS FUNCIONARIOS QUE COMPARECE EN SU REPRESENTACIÓN DENTRO DE UN JUICIO LABORAL. Del artículo 530, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo se advierte que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene como funciones, entre otras, la de representar y asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo e, incluso, pueden interponer en su favor los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para su defensa; lo que se corrobora con el artículo 4 del reglamento que regula dicha institución (actualmente abrogado); de lo anterior se concluye que basta con que los trabajadores así lo soliciten, para que los procuradores los asesoren y representen ante los órganos jurisdiccionales, administrativos y cualquier otra institución pública o privada a efecto de ejercer las acciones y recursos que correspondan, tanto en la vía ordinaria como la especial, incluso promover el juicio de amparo hasta su total terminación, sin más requisito que solicitar su asesoría o representación. En esa virtud, si el trabajador, al firmar la carta poder que obra en el juicio laboral, señala que otorga poder al "procurador federal y/o demás procuradores auxiliares federales de la defensa del trabajo", sin especificar nombres, es factible que quien se señaló como procurador o auxiliar en dicho procedimiento, pueda actuar a nombre del poderdante, siempre que acredite su cargo, en la medida que, en materia de trabajo, rigen los principios fundamentales de sencillez e informalidad, previstos en los artículos 685 y 687, por lo que tratándose de la comparecencia por representación, el artículo 693 prevé una regla más favorable para los trabajadores, en cuanto señala que las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de sus representantes, sin sujetarse a las reglas que establece el artículo 692; por tanto, esa representación puede acreditarse a través de una simple carta poder o de otros documentos, siempre que de éstos se llegue al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la parte interesada." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.13o.T.193 L (10a.), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, página 18, Décima Época, intitulada: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO UN TRABAJADOR NOMBRA COMO APODERADOS A DETERMINADOS PROCURADORES DE LA DEFENSA DEL TRABAJO AGREGANDO LA FRASE: "Y/O DEMÁS PROCURADORES AUXILIARES DE LA DEFENSA DEL TRABAJO", O ALGUNA SIMILAR, LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN A CUALQUIERA QUE DESEMPEÑE DICHO CARGO SON VÁLIDAS PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, se advierte que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, mediante carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta, entre otros supuestos; por su parte, el numeral 693 prevé que las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. En correlación con lo anterior, del artículo 530, fracción I, de la ley citada, se advierte que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene como función, entre otras, la de "Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo"; por tanto, en aquellos casos en que mediante carta poder firmada ante dos testigos se nombren como apoderados a determinados procuradores de la defensa del trabajo, agregando la frase: "y/o demás procuradores auxiliares de la defensa del trabajo", o alguna similar, las notificaciones que se practiquen a cualquiera que desempeñe dicho cargo, resultan legales para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo." ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, Ciudad del Carmen, el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 849/2015, por haber proporcionado el domicilio incorrecto de la demandada Servicios Marinos y Terrestres, Sociedad Anónima de Capital Variable. INCOMPETENCIA. En primer lugar, es menester recordar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión, por tanto, este órgano jurisdiccional se pronunciará si tiene competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de que se trata. En ese sentido, es necesario transcribir el contenido de los artículos 47, párrafo primero, 170, fracción I, párrafo segundo, y 176 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Por su parte, el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales;" De conformidad con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, por sentencias definitivas o laudos, deben entenderse las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Precisado lo anterior, el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 849/2015, porque la parte quejosa proporcionó el domicilio incorrecto de la demandada Servicios Marinos y Terrestres, Sociedad Anónima de Capital Variable y por esta razón no fue posible su emplazamiento a juicio, es de aquellas resoluciones a las que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo, que si bien no decidió el problema planteado en lo principal por el actor en su demanda, lo cierto es que dio por terminado el juicio laboral, ya que ordenó su archivo definitivo, lo que significa que ese juicio ya no continuará substanciándose. Por consiguiente, la vía idónea para combatir el acto reclamado es el juicio de amparo directo, pues en su contra no procede algún medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado o anulado. Razón por la cual, no existe justificación para sustanciar un amparo que admite dos instancias y que en su trámite debe celebrarse una audiencia que prevé un periodo probatorio, lo que es contrario al principio de economía procesal y de celeridad en la administración de justicia. Por consiguiente, la competencia por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Jesús Javier Avalos, por conducto de la licenciada Vianey Castro Espinosa, en su carácter de Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, que ordenó el archivo definitivo del juicio laboral 849/2015, porque la parte quejosa proporcionó el domicilio incorrecto de la demandada Servicios Marinos y Terrestres, Sociedad Anónima de Capital Variable y por esta razón no fue posible su emplazamiento a juicio, de la Junta Especial número 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, recae en un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Jesús Javier Avalos, por conducto de la licenciada Vianey Castro Espinosa, en su carácter de Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, y la declina a favor del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, a quien deberá remitírsele el original de la demanda de amparo y sus anexos, de los cuales déjese en este expediente copia certificada. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en avenida Adolfo López Mateos Numero 66, Plaza Mirador, Colonia Santa Margarita, código postal 24120, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la apoderada de la quejosa, se tiene por autorizados para todos los efectos legales, esto es, en los términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Glendi Reyes Chan, Elvia Araceli Sánchez Tec y Ana Cárdenas Heredia. Lo anterior, en razón de que la promovente al tener el carácter de apoderada legal de la quejosa y no estar limitada en su encargo, pues se le otorgó poder amplio, cumplido y bastante para representar a los agraviados ante cualquier autoridad, tiene plena facultad para autorizar a un tercero en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y la quejosa tiene el carácter de parte trabajadora. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Vianey Castro Espinosa, con el nombre de usuario "VIANEYC", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "VIANEYC" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la quejosa María de Jesús Javier Avalos, por conducto de la licenciada Vianey Castro Espinosa, en su carácter de Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo.

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