Maria de los Angeles Gasca Cervantes
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria de los Angeles Gasca Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. **** Documentación. Devolución de documentos. *** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual cumple con el requerimiento de cinco de octubre de dos mil veintidós. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación instado en contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por perdido el derecho de la quejosa a rendir el dictamen pericial, sobre valuación de inmueble; dentro del expediente C-*****, del índice de la responsable. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:**** En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **** Análisis del caso concreto. De lo reseñado se llega a la conclusión que la determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, que resolvió el recurso de revocación instado en contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por perdido el derecho de la quejosa para rendir el dictamen pericial sobre valuación de inmueble, dentro del expediente ******, del índice de la responsable, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta derechos sustantivos. Así se considera, pues de lo expuesto por la disidente en el escrito con el que se da cuenta en este proveído, se tiene que el expediente de origen se encuentra en trámite, particularidad que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no se tiene certeza de que el acto ahora reclamado de forma indefectible le pueda causar un daño ya no reparable en sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el acto reclamado por sí solo no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y de la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, sin dilaciones. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad determinó que la parte aquí quejosa tuvo por perdido el derecho de rendir el dictamen pericial sobre valuación de inmueble, no significa que de forma indefectible la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses, misma que incluso de serle perjudicial podría impugnarse haciendo valer todas las violaciones procesales que estimara oportunas. Pues de acuerdo con lo narrado en la demanda de amparo -bajo protesta de decir verdad-, todavía no se dicta sentencia definitiva; ya que se encuentra en etapa probatoria.*** Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual cumple con el requerimiento de cinco de octubre de dos mil veintidós. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación instado en contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por perdido el derecho de la quejosa a rendir el dictamen pericial, sobre valuación de inmueble; dentro del expediente C-*****, del índice de la responsable. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:**** En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **** Análisis del caso concreto. De lo reseñado se llega a la conclusión que la determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, que resolvió el recurso de revocación instado en contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por perdido el derecho de la quejosa para rendir el dictamen pericial sobre valuación de inmueble, dentro del expediente ******, del índice de la responsable, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta derechos sustantivos. Así se considera, pues de lo expuesto por la disidente en el escrito con el que se da cuenta en este proveído, se tiene que el expediente de origen se encuentra en trámite, particularidad que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no se tiene certeza de que el acto ahora reclamado de forma indefectible le pueda causar un daño ya no reparable en sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el acto reclamado por sí solo no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y de la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, sin dilaciones. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad determinó que la parte aquí quejosa tuvo por perdido el derecho de rendir el dictamen pericial sobre valuación de inmueble, no significa que de forma indefectible la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses, misma que incluso de serle perjudicial podría impugnarse haciendo valer todas las violaciones procesales que estimara oportunas. Pues de acuerdo con lo narrado en la demanda de amparo -bajo protesta de decir verdad-, todavía no se dicta sentencia definitiva; ya que se encuentra en etapa probatoria.*** Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.
- Principal
Demanda. ****, por derecho propio solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Juzgado Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 951/2022-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La determinación de seis de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación instado en contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós; dentro del expediente ****, del índice de la responsable. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece:***** En ese sentido, en atención al ordinal 114, de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la suscrita estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Antecedentes del acto reclamado. Sobre este requisito, se tiene que hacer una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio, inclusive los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, si bien la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos del acto reclamado, también lo es que los mismos resultan insuficientes para proveer en cuanto a la admisión, pues entre otras cosas, no se puede advertir el estado procesal del procedimiento de origen. Por tanto, al advertirse tal irregularidad, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, cumplan con lo siguiente: Único. Narre de una forma clara y precisa los antecedentes del acto reclamado, de los cuales pueda advertirse el estado procesal del procedimiento de origen. Apercibimientos. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional.*** Domicilio y autorizados.
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