Maria de los Angeles Canelo Acevedo

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Canelo Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de quince de julio de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2° , se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar a la promovente ***, el auto de quince de julio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de garantías, por las razones ahí expuestas. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el proveído que nos ocupa por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado federal. En cumplimiento a lo anterior, por este conducto se le notifica a la parte quejosa, con el proveído del quince de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que en su parte conducente establece: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra un acto que reclama del Juez Único Civil de Partido Judicial, residente en Salvatierra, Guanajuato y Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, residente en la capital del mismo nombre. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 626/2019-VII.2 anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo, este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; ya que al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto reclamado es el siguiente: IV.- Acto o actos de la autoridad que se reclama y hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado: 1) Del Juez Único Civil del Partido de Salvatierra, Guanajuato, le reclamo el siguiente proveído que se encuentra íntimamente vinculado como parte del acto reclamado: a) Auto de fecha 30 de abril del 2019, dictado en el expediente ***, por el Juez del Juzgado Único de Salvatierra, Guanajuato, el que en su parte medular, textualmente dice: ".. Se desecha de plano la documental pública que exhibe consistente en las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil número *** promovido por J. Dolores Serrano Maldonado por los siguientes motivos: 1) No fue anunciada en su escrito inicial de demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles; 2)No tiene el carácter de superviniente por ser un documento de fecha anterior a la demanda que inicio el presente juicio; 3) El periodo probatorio feneció el día 21 de marzo del presente año, según certificación de fecha primero de febrero de des mil diecinueve... 2) Del Licenciado ***, Magistrado de la Primera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato: a) Resolución de fecha 18 de Junio de 2019, que en su parte medular dice: Se confirma el auto de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juez de Partido Único Civil en Salvatierra, Guanajuato, dentro del proceso ordinario civil número ***, sobre acción reivindicatoria. Así las cosas, se desprende que lo reclamado no se trata de una acto cuya ejecución sea de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en forma contraria, para la procedencia del juicio de derechos por la vía biinstancial, pues al tratarse de un proveído en el cual el Juez Único Civil del Partido de Salvatierra, Guanajuato, desechó de plano las documentales públicas que exhibió la parte aqui promovente, consistente en las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil número **, mediante auto de treinta de abril de dos mil diecinueve; asimismo, la resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, quien confirma el auto emitido en el juicio natural, por ello, se concluye que únicamente producen efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal, demostrándose así, de manera manifiesta e indudable, el motivo de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la tesis número X.1o.23 C, visible en la página 898, Tomo XI, mayo de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. Acorde al artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, las partes tienen la facultad de recurrir mediante el recurso de apelación el auto que admite pruebas, a fin de subsanar o reparar la violación al procedimiento en que incurra el Juez natural, circunstancia esta que obliga a que las partes interpongan los recursos correspondientes durante el respectivo juicio natural y no hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que implica que el inconforme no debe esperar hasta que se emita el fallo final para rebatir el proceder del Juez de origen al admitir el o los medios de convicción; empero, lo anterior no tiene la consecuencia de hacer procedente el amparo indirecto contra la determinación que confirme la indebida o ilegal admisión de pruebas, dado que el procedimiento del cual emana el acto reclamado y la procedencia del juicio constitucional, son cuestiones diferentes; una cosa es el hecho de que una de las partes en el juicio de origen interponga los recursos correspondientes en contra de determinados actos del Juez natural por considerarlos ilegales, y otra cosa es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso, pues éste es procedente sólo en los casos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo tanto, la resolución que confirma la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no encuadra en ninguna de las fracciones aludidas, y ello evidencia la improcedencia del juicio de amparo. También es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". Y la tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior es así pues los efectos que trae consigo la determinación asumida por la autoridad responsable Juez Único Civil del Partido de Salvatierra, Guanajuato y confirmada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, no pueden considerarse que tengan sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, pues será hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio natural, cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, como una violación procesal. De ahí que, si la determinación reclamada atendió a cuestiones relacionadas con la negativa de admitir las documentales ofrecidas en el procedimiento natural, resulta inconcuso que ello es una situación que hasta este momento procesal no causa un perjuicio de imposible reparación a la impetrante de amparo que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues sí aún no se ha dictado la sentencia definitiva en aquél procedimiento, en todo caso afectaría un derecho procedimental como lo es que se descarten los citados medios de convicción ofrecidos. Es aplicable la jurisprudencia, por contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal del Décimo Primer Circuito y el Tercer Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 13, de rubro: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. Por tanto, como las consecuencias de la determinación tomada por el Juez Único Civil de Partido, residente en Salvatierra, Guanajuato, consistente en la negativa de admitir las documentales de la que la promovente se duele, es de carácter intraprocesal y no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata derechos sustantivos; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, Tomo XVI, Octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tiene a la parte promovente por señalando como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Circuito San Patricio, número 118, fraccionamiento Santa Lucia, en esta ciudad y como autorizados de su parte en TÉRMINOS RESTRINGIDOS del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, toda vez que los profesionistas citados no tienen registrada su cédula profesional en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y la última persona mencionada, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.

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