María de los Ángeles García Martínez
Expediente 1146/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María de los Ángeles García Martínez
- Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Bajo ese contexto, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María de los Ángeles García Martínez, por propio derecho, y en representación de los menores F. de los A. B. G. y A. A. B. G., para el efecto de que el juez responsable, ejecute los actos siguientes: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de controversia familiar 780/2019-1, únicamente en la parte conducente en la que ordenó admitir de oficio la prueba pericial en materia de psicología, a la quejosa e hijos menores, y girar oficio al Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que designe un perito en psicología a fin de que se realice una valoración psicológica a la actora y menores hijos. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, y de considerarlo necesario emita otro en el que de manera fundada y motivada: Analice lo relativo a la pertinencia, idoneidad y necesidad de desahogar la prueba pericial en psicología a cargo de los menores F. de los A. B. G. y A. A. B. G., atendiendo en todo momento al interés superior de aquellos; en la inteligencia que de considerar necesario su desahogo, una vez ponderada su edad y demás circunstancias particulares del menor, deberá determinar el alcance y objetivos que pretenden acreditarse con esa prueba, ordenando tomar las medidas oportunas en el marco del procedimiento para su adecuada intervención. Al pronunciarse sobre la prueba pericial a cargo de María de los Ángeles García Martínez, que ordena de oficio, habrá de analizar sobre su pertinencia, determinando los alcances y finalidad que persigue con su desahogo, dándole vista e intervención a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio 1188 de diecinueve de abril de dos mil veintidós, copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en autos del juicio 780/2019, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de diecinueve de abril de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en autos del juicio 780/2019, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar valoró sobre la admisión o no de la prueba pericial en psicología a cargo de los menores F. de los A. B. G. y A. A. B. G., y sobre la prueba pericial a cargo de María de los Ángeles García Martínez, las cuales no admitió; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable una vez que cause ejecutoria la presente sentencia deje insubsistente el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de controversia familiar 780/2019-1, únicamente en la parte conducente en la que ordenó admitir de oficio la prueba pericial en materia de psicología, a la quejosa e hijos menores, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, y de considerarlo necesario emita otro en el que de manera fundada y motivada analice lo relativo a la pertinencia, idoneidad y necesidad de desahogar la prueba pericial en psicología a cargo de los menores F. de los A. B. G. y A. A. B. G., y al pronunciarse sobre la prueba pericial a cargo de María de los Ángeles García Martínez, que ordena de oficio, habrá de analizar sobre su pertinencia, determinando los alcances y finalidad que persigue con su desahogo, dándole vista e intervención a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, en autos del juicio 780/2019, relativo a la controversia familiar y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar valoró sobre la admisión o no de la prueba pericial en psicología a cargo de los menores F. de los A. B. G. y A. A. B. G., y sobre la prueba pericial a cargo de María de los Ángeles García Martínez, las cuales no admitió; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado Dulce Midori Solano Rojas, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita se regularice el auto de veintiuno de junio de la presente anualidad, en virtud de que ordena notificar de manera personal al tercero interesado Juan Antonio Bautista Moreno, sin embargo por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, fueron ordenadas las notificaciones aún personales del tercero, por estrados. Al respecto, atendiendo a sus manifestaciones dígase que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado, en atención que el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional es quien procederá a notificar dicha orden en el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en los términos que ya se encuentran autorizados, y el hecho que se haya ordenado realizar dicha formalidad procesal de manera personal, no implica que se realice en algún domicilio señalado en autos, sino que se realice de manera personal conforme a lo ya autorizado en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal al tercero interesado Juan Antonio Bautista Moreno el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós; al respecto, se comisiona de nueva cuenta al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal a la parte tercero interesada el citado auto. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito remitido vía electrónica por Rodrigo Martínez Serrano apoderado legal de la moral quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la cantidad de dinero que indica por concepto de derecho de alumbrado público, al respecto, dígase al promovente que se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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