Maria de los Angeles Chavez Rocha

Expediente 1221/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1221/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Chavez Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados de circuito en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, María de los Angeles Chávez Rocha, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México y Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de la 24 Zona Militar con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".Juicio penal ventilado en mi contra sin habérseme citado al mismo y haber llevado en mi ausencia y la sentencia penal definitiva condenatoria dictada en el mismo, por inconstitucional y violatoria de mis derechos humanos fundamentales de lo más elemental del debido proceso, justo juicio, audiencia, fundamentación, motivación, legalidad, objetividad y defensa, donde se me condena a estar dada de baja de la Defensa nacional por supuesta desertora, dictándome sentencia penal definitiva sin haber sido llamada a juicio y en el juicio se llevó a cabo sin mi presencia. Dentro del expediente penal 408/2012." SEGUNDO. El dos de julio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, declaró su incompetencia para conocer del asunto en el juicio de amparo 177/2021, determinación que causo ejecutoria por diverso de catorce de julio de la anualidad. TERCERO. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio 4803/2021, enviado por la superioridad, al que anexó el amparo directo 177/2021, recibido al día hábil siguiente. CUARTO. El diecinueve de julio del año en curso, esta autoridad recibió el oficio 4803/2021, con anexo -amparo directo 177/2021-, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1221/201, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La tramitación del juicio penal 408/2021, donde refiere no fue llamada al procedimiento, pero que fue notificada de la sentencia el catorce de agosto de dos mil doce, donde se le condena a ser dada de baja de la Defensa Nacional por desertora. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y Jefe de Estado Mayor de la Veinticuatroava Zona Militar con residencia en esta ciudad (denominación correcta), al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, la primera remitió constancias al proceso penal 408/2012, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de donde se desprende que la juez responsable el catorce de agosto de dos mil dice, inició el procedimiento penal contra la quejosa, radicando el asunto con el expediente 408/2021, por el delito de deserción fuera del servicio, ordenó su aprehensión, asimismo en resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictó auto de sobreseimiento por extinción de la acción penal a favor de la ahora quejosa, por tanto, se le tiene por cierto el mismo. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Pues bien, en concepto de este juzgado federal, en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en donde se establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." La norma trascrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, decretó el tres de agosto de dos mil veintiuno, auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en favor de la ahora quejosa en la causa penal 408/2012, ordenando girar los oficios para su conocimiento a las autoridades que correspondan. Documentales que fueron anexas al informe justificado de las responsables las que han sido valoradas con anterioridad. En esa tesitura, debe indicarse que de las constancias mencionadas en párrafos que anteceden, se desprende que las responsables -Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar- inició el procedimiento penal contra la quejosa mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil doce, ordenando su aprehensión por el delito de deserción fuera de servicio, la que no se cumplimiento, -causa penal 408/2012- asimismo, el tres de agosto de dos mil veintiuno, diverso juez militar decretó el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal en favor de María de los Ángeles Chávez Rocha, por el delito de deserción fuera de servicio, previsto y sancionado en el artículo 256 fracción II, del Código Penal Militar. En tal circunstancia, hace improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues con dicha determinación de prescripción de la acción penal, es incuestionable que cambió la situación jurídica inicial de la justiciable al reclamar el inicio del procedimiento penal 408/2012, del que refiere no fue oída y vencida, respecto de la cual, han de tenerse por consumados irreparablemente las violaciones procesales reclamadas con su emisión, por ya no poder este órgano de control constitucional pronunciarse acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, sin necesariamente afectar la nueva situación jurídica de la quejosa. Es aplicable a lo anterior y en lo conducente la tesis 1a./J. 95/2007, con número de registro 171841, materia penal, novena época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, del tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Así, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Además por cuanto hace a la baja del Ejército y Fuerza Aérea, como lo señala la responsable, tal situación obedeció a un procedimiento administrativo por deserción, pero no de acuerdo a una sentencia penal como lo reclama la quejosa; de ahí que no exista proceso penal a la fecha que le genere afectación alguna y mucho menos orden privativa de libertad vigente dentro del expediente aludido. Sin que procesada proceda analizar las causales de improcedencia que proponen las autoridades responsables, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy siete de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por el Tesorero Municipal y la Síndico Procurador del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, recibidos vía telegráfica. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables antes referidas en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tienen por señalados los domicilios que indican. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Diana Cristal Pizano Prieto, Secretaria de Acuerdos de la Sección del Amparo Mixta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual informa y adjunta las constancias conducentes para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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