Maria de los Angeles De la Cruz Lopez

Expediente 448/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
448/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles De la Cruz Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 448/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veinte de junio de dos mil veintitrés (fojas 62 a 64 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Tomo IV, Septiembre de 2016 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data veinte de junio de dos mil veintitrés (fojas 62 a 64 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, siendo las diez horas con diez minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 448/2023, promovido por María de los Ángeles de la Cruz López, en representación de su menor hijo de iniciales A. A. D. L. C. L.; el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, e informa de las constancias que integran el expediente, por lo que el juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias, y toda vez que no existe obstáculo alguno, continúese con el desahogo de la presente audiencia en las etapas que la conforman. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído del pasado veintinueve de mayo, se reservó proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte que quejosa, consistentes en: a). La pericial de antidoping, a cargo del aquí menor quejoso de iniciales A. A. D. L. C. L., y b). La prueba testimonial a cargo de 1. Mauricio Hernández, 2. Gonzalo Escobar, y 3. Yair Fermán. Lo anterior, hasta en tanto se encontrara integrada la litis constitucional, por lo que cumplida que fue dicha condición, se provee lo conducente. En ese contexto, si bien es cierto que las partes dentro del juicio de amparo se encuentran en aptitud de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes, también lo es que dichas pruebas deben cumplir con los requisitos procesales exigidos. En ese sentido, no debe interpretarse de que el juzgado se encuentra obligado en todos los casos, a admitir las pruebas, sino que, para que ello ocurra, se deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Con base en dichos principios, las pruebas deben guardar relación inmediata con los hechos controvertidos (con la finalidad de evitar diligencias innecesarias y carentes de objeto) y deben ser el medio apropiado para probar el hecho que se pretenden demostrar. En esas condiciones, se concluye que, con fundamento en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se impone desechar las aludidas pruebas, pues no están encaminadas a acreditar un hecho relacionado con los actos reclamados (dar de baja al alumno de iniciales A. A. D. L. C. L. del padrón escolar) por lo que, a nada práctico llevaría intentar recabar y estudiar las pruebas si su ofrecimiento no cumple las exigencias necesarias para su admisión (que el objeto de la prueba este en controversia) ya que únicamente se provocaría una dilación en el trámite del proceso y de la pronta y expedita impartición de justicia, tal como lo establece el artículo 17 Constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y el criterio jurisprudencial del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales ofrecidas junto con su escrito de demanda. De las autoridades responsables 1. Secretario de Educación de Veracruz, del 2. Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y de la 4. Subdirectora de Escuelas Secundarias Técnicas, con sede en Xalapa, Veracruz, las documentales que anexaron a su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana a que hicieron referencia en su informe justificado. De las autoridades 5. Director, y la 6. Subdirectora, de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 78, de Tejería, con sede en Veracruz, Veracruz, las documentales que anexaron a sus respectivos informes justificados. El juez acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas por su propia y especial naturaleza, acorde a lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta que la parte quejosa formuló manifestaciones en esta vía mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el pasado veintiuno de agosto; asimismo, hace constar que las demás partes no hicieron uso de este derecho. A lo anterior el juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de cuenta, y al no existir más, se cierra dicho periodo de alegatos. A continuación, el juez procede a dictar sentencia, la que se emite en este acto, en los términos siguientes: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 448/2023, promovido por María de los Ángeles de la Cruz López, en representación de su menor hijo de iniciales A. A. D. L. C. L.; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado el día siguiente a este Juzgado Federal, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Secretario de Educación de Veracruz. En línea Niega 2. Subsecretario de Educación Media Superior y Superior En línea Niega 3. Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz 69 a 72 Niega 4. Subdirectora de Escuelas Secundarias Técnicas En línea Niega Xalapa, Veracruz 5. Director de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 78 42 a 45 Niega 6. Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 78 49 a 52 Niega Tejería, Veracruz De las mismas reclama los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; finalmente, se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. Por otra parte, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede; sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan otorgado su consentimiento para que se realice la publicación de sus datos personales; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que inciden en el derecho del menor quejoso a recibir educación básica, impugnables en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que los actos que se reclaman en esta instancia son: La determinación verbal por parte del director de la escuela secundaria TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 78 "ING. CÉSAR USCANGA USCANGA", con clave 30DST0083B, turno Matutino, en Tejería, Veracruz, para dar de baja al alumno de iniciales A. A. D. L. C. L., del padrón escolar, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Del cuadro de reseña de autoridades responsables localizado en el resultando primero de esta resolución, se advierte que las mismas, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La inexistencia referida, deriva de que las autoridades al rendir sus informes justificados, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el presente juicio que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual desvirtuara la negativa de las mencionadas autoridades, siendo que a esta corresponde acreditar la existencia de los actos que les atribuyen; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se cita en términos de artículo Sexto transitorio del Decreto que expide la Ley de Amparo. CUARTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracciones IV y V, y 74, de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María de los Ángeles de la Cruz López, en representación de su menor hijo de iniciales A. A. D. L. C. L., por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.Ingrid Alvarez Cruzdos de octubre de dos mil veintitrésIngrid Alvarez Cruz

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Encargado del 3. Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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