María de los Ángeles Blanco Contreras

Expediente 1204/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1204/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • María de los Ángeles Blanco Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (69), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (28 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y********************, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que el juez responsable:********************1). Deje insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el ********************.********************2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá:********************i. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho.********************ii. Decantarse si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste o si los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados.********************iii. No obstante, en el supuesto que considere que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse, deberá abstenerse de considerarlo como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial.********************Pero si la autoridad elige la hipótesis relativa a que dichos gastos se demuestran con las pruebas aportadas en la reclamación, tendrá la obligación legal de exponer de manera fundada y motivada el resultado que arroje cada una de esas probanzas, a fin de justificar su decisión.********************iv. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria.********************v. Ocuparse de dar respuesta puntual al escrito con el que la madre de los menores involucrados desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente."****************************************En esas condiciones, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 53 y 54), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 69) se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3027/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós y turnó los autos a efectos de dictar una nueva; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló las pruebas ofrecidas tanto de la parte recurrente como de la parte actora, a las cuales otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código Procesal Civil.********************Posteriormente, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado ********************, tomando en consideración lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual tuvo en consideración lo previsto por los arábigos 233, 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres deben de otorgarles alimentos a sus hijos que tratándose de menores de edad, se entienden que estos comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, que específicamente, tratándose de los hijos menores de edad, los alimentos alcanzan también los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; y que entre cónyuges estos están obligados a proporcionar alimentos, los cuales comprenden comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad.********************Por su parte, tuvo por justificados en forma provisional, los derechos alimentarios que solicitó inicialmente la quejosa********************en representación de sus dos menores hijos de apellidos ********************, en términos de las copias de las actas de nacimiento de sus menores hijos; a las que otorgó el valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos Vigente en el Estado; con lo cual tuvo demostrada la existencia del vínculo de filiación de padre e hijos, entre el deudor y los acreedores alimentarios, que éstos, en la actualidad son menor de edad, demostrándose los extremos que prevé el numeral 234 del Código Sustantivo Civil********************Ahora, en cuanto a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese tribunal en su escrito de contestación de demandada y reclamación, en donde interpuso el recurso de reclamación, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por el suscrito, a favor de sus hijos, de lo que tuvo como indicativo que obtiene un ingreso; con valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz.********************Consiguientemente, teniendo acreditada la capacidad económica el deudor alimentario para sufragar los gastos de sus menores hijos, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 100, 234 en relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, máxime que los hijos, gozaba de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que los reclaman.********************Luego, el juez responsable estableció que en virtud de que de autos advierte que los menores se encontraban viviendo bajo el mismo techo que su progenitora, por lo tanto de esa manera la actora les brindó los cuidados y atención indispensables para que éstos se desarrollaran en la familia de la que forman parte, por tanto, a diferencia del reo, la madre de esa forma cumplió con sus obligaciones alimentarias a favor de sus hijos, lo que adquiere valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado.********************Asimismo, desestimó los argumentos del reclamante en sentido de que ambos deben aportar para los alimentos de sus hijos, puesto que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye prueba idónea en el incidente de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 de la citada ley civil.********************Por lo que el juez responsable estableció que al no haber acreditado el reo de manera regular, constante e ininterrumpida, por ende, al ser así las cosas es obvio que de esa manera no prueba que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por é aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, máxime que no aportó medio de convicción alguno con el que acredite que vive en una situación precaria y, por ende la necesidad de graduar la pensión, ya que los documentos exhibidos sirven para acreditar que el demandado tiene algunos gastos de arrendamiento y compromisos personales por compra de alimentos; pero no se debe perder de vista que con los recibos de pago aportados, se advierte que el recibió el día veintiocho de septiembre del año pasado, por concepto de alcance líquido, la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y siete pesos', con lo que puede afrontar sus requerimientos personales, probanzas a las que le otorgó pleno valor demostrativo al amparo de los artículos 266 y 327, de la ley procesal civil.********************Ahora, en relación con el escrito presentado por la quejosa********************cuando desahoga la vista a la reclamación, por el cual se opuso rotundamente, argumentando entre otras cosas, que se vio en la necesidad de solicitar los alimentos para sus hijos ante el incumplimiento del demandado, por lo que a este le corresponde la carga de la prueba para justificar que el porcentaje fijado no es correcto, además, de que los documentos exhibidos no se encuentran a nombre del deudor alimentario, circunstancia que quedó considerada al momento de valoras únicamente los documentos mencionados********************En mérito de lo expuesto, el juez responsable a la luz del numeral 242, del Código Civil, y como en el caso concreto se trata de dos acreedores alimentarios, quienes se encuentran en pleno desarrollo físico pues cuentan con trece y nueve años de edad, y que la madre viene cumpliendo en especie con sus obligaciones alimentarias en tanto que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales incluyendo el pago de renta y sus requerimientos personales, lo que ya era de su conocimiento cuando se fijó la pensión provisional, es por todo ello, al considerarlo justo y equitativo, y sin perjuicio de lo que es llegue a resolver en la sentencia de fondo, dejó firme la pensión decretada inicialmente; por lo que, resolvió declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado ********************.********************Finamente, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el ******************** de su índice y, en su lugar, emitió otra en la que, se reiteraron las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho; estableció que los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados, por lo que no fueron considerados como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial, por lo que se abstuvo de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, ya que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria y, atendió al escrito con el que la actora desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de data trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 21-23), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1204/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (69), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (28 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Blanco Contreras, en representación de sus menores hijos de iniciales EMAB y AAB, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1391/2022. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho. ii. Decantarse si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste o si los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados. iii. No obstante, en el supuesto que considere que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse, deberá abstenerse de considerarlo como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial. Pero si la autoridad elige la hipótesis relativa a que dichos gastos se demuestran con las pruebas aportadas en la reclamación, tendrá la obligación legal de exponer de manera fundada y motivada el resultado que arroje cada una de esas probanzas, a fin de justificar su decisión. iv. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria. v. Ocuparse de dar respuesta puntual al escrito con el que la madre de los menores involucrados desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente." En esas condiciones, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 53 y 54), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 69) se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3027/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós y turnó los autos a efectos de dictar una nueva; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló las pruebas ofrecidas tanto de la parte recurrente como de la parte actora, a las cuales otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código Procesal Civil. Posteriormente, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado Erick Manuel Álvarez Morales, tomando en consideración lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual tuvo en consideración lo previsto por los arábigos 233, 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres deben de otorgarles alimentos a sus hijos que tratándose de menores de edad, se entienden que estos comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, que específicamente, tratándose de los hijos menores de edad, los alimentos alcanzan también los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; y que entre cónyuges estos están obligados a proporcionar alimentos, los cuales comprenden comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad. Por su parte, tuvo por justificados en forma provisional, los derechos alimentarios que solicitó inicialmente la quejosa María de los Ángeles Blanco Contreras, en representación de sus dos menores hijos de apellidos Álvarez Blanco, en términos de las copias de las actas de nacimiento de sus menores hijos; a las que otorgó el valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos Vigente en el Estado; con lo cual tuvo demostrada la existencia del vínculo de filiación de padre e hijos, entre el deudor y los acreedores alimentarios, que éstos, en la actualidad son menor de edad, demostrándose los extremos que prevé el numeral 234 del Código Sustantivo Civil Ahora, en cuanto a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese tribunal en su escrito de contestación de demandada y reclamación, en donde interpuso el recurso de reclamación, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por el suscrito, a favor de sus hijos, de lo que tuvo como indicativo que obtiene un ingreso; con valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. Consiguientemente, teniendo acreditada la capacidad económica el deudor alimentario para sufragar los gastos de sus menores hijos, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 100, 234 en relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, máxime que los hijos, gozaba de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que los reclaman. Luego, el juez responsable estableció que en virtud de que de autos advierte que los menores se encontraban viviendo bajo el mismo techo que su progenitora, por lo tanto de esa manera la actora les brindó los cuidados y atención indispensables para que éstos se desarrollaran en la familia de la que forman parte, por tanto, a diferencia del reo, la madre de esa forma cumplió con sus obligaciones alimentarias a favor de sus hijos, lo que adquiere valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado. Asimismo, desestimó los argumentos del reclamante en sentido de que ambos deben aportar para los alimentos de sus hijos, puesto que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye prueba idónea en el incidente de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 de la citada ley civil. Por lo que el juez responsable estableció que al no haber acreditado el reo de manera regular, constante e ininterrumpida, por ende, al ser así las cosas es obvio que de esa manera no prueba que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por é aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, máxime que no aportó medio de convicción alguno con el que acredite que vive en una situación precaria y, por ende la necesidad de graduar la pensión, ya que los documentos exhibidos sirven para acreditar que el demandado tiene algunos gastos de arrendamiento y compromisos personales por compra de alimentos; pero no se debe perder de vista que con los recibos de pago aportados, se advierte que el recibió el día veintiocho de septiembre del año pasado, por concepto de alcance líquido, la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y siete pesos', con lo que puede afrontar sus requerimientos personales, probanzas a las que le otorgó pleno valor demostrativo al amparo de los artículos 266 y 327, de la ley procesal civil. Ahora, en relación con el escrito presentado por la quejosa María de los Ángeles Blanco Contreras, cuando desahoga la vista a la reclamación, por el cual se opuso rotundamente, argumentando entre otras cosas, que se vio en la necesidad de solicitar los alimentos para sus hijos ante el incumplimiento del demandado, por lo que a este le corresponde la carga de la prueba para justificar que el porcentaje fijado no es correcto, además, de que los documentos exhibidos no se encuentran a nombre del deudor alimentario, circunstancia que quedó considerada al momento de valoras únicamente los documentos mencionados En mérito de lo expuesto, el juez responsable a la luz del numeral 242, del Código Civil, y como en el caso concreto se trata de dos acreedores alimentarios, quienes se encuentran en pleno desarrollo físico pues cuentan con trece y nueve años de edad, y que la madre viene cumpliendo en especie con sus obligaciones alimentarias en tanto que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales incluyendo el pago de renta y sus requerimientos personales, lo que ya era de su conocimiento cuando se fijó la pensión provisional, es por todo ello, al considerarlo justo y equitativo, y sin perjuicio de lo que es llegue a resolver en la sentencia de fondo, dejó firme la pensión decretada inicialmente; por lo que, resolvió declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado Erick Manuel Álvarez Morales. Finamente, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 1391/2022 de su índice y, en su lugar, emitió otra en la que, se reiteraron las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho; estableció que los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados, por lo que no fueron considerados como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial, por lo que se abstuvo de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, ya que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria y, atendió al escrito con el que la actora desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de data trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 21-23), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (69), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (28 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María de los Ángeles Blanco Contreras, en representación de sus menores hijos de iniciales EMAB y AAB, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1391/2022. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho. ii. Decantarse si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste o si los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados. iii. No obstante, en el supuesto que considere que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse, deberá abstenerse de considerarlo como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial. Pero si la autoridad elige la hipótesis relativa a que dichos gastos se demuestran con las pruebas aportadas en la reclamación, tendrá la obligación legal de exponer de manera fundada y motivada el resultado que arroje cada una de esas probanzas, a fin de justificar su decisión. iv. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria. v. Ocuparse de dar respuesta puntual al escrito con el que la madre de los menores involucrados desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente." En esas condiciones, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 53 y 54), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 69) se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3027/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós y turnó los autos a efectos de dictar una nueva; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló las pruebas ofrecidas tanto de la parte recurrente como de la parte actora, a las cuales otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código Procesal Civil. Posteriormente, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado Erick Manuel Álvarez Morales, tomando en consideración lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual tuvo en consideración lo previsto por los arábigos 233, 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres deben de otorgarles alimentos a sus hijos que tratándose de menores de edad, se entienden que estos comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, que específicamente, tratándose de los hijos menores de edad, los alimentos alcanzan también los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; y que entre cónyuges estos están obligados a proporcionar alimentos, los cuales comprenden comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad. Por su parte, tuvo por justificados en forma provisional, los derechos alimentarios que solicitó inicialmente la quejosa María de los Ángeles Blanco Contreras, en representación de sus dos menores hijos de apellidos Álvarez Blanco, en términos de las copias de las actas de nacimiento de sus menores hijos; a las que otorgó el valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos Vigente en el Estado; con lo cual tuvo demostrada la existencia del vínculo de filiación de padre e hijos, entre el deudor y los acreedores alimentarios, que éstos, en la actualidad son menor de edad, demostrándose los extremos que prevé el numeral 234 del Código Sustantivo Civil Ahora, en cuanto a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese tribunal en su escrito de contestación de demandada y reclamación, en donde interpuso el recurso de reclamación, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por el suscrito, a favor de sus hijos, de lo que tuvo como indicativo que obtiene un ingreso; con valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. Consiguientemente, teniendo acreditada la capacidad económica el deudor alimentario para sufragar los gastos de sus menores hijos, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 100, 234 en relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, máxime que los hijos, gozaba de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que los reclaman. Luego, el juez responsable estableció que en virtud de que de autos advierte que los menores se encontraban viviendo bajo el mismo techo que su progenitora, por lo tanto de esa manera la actora les brindó los cuidados y atención indispensables para que éstos se desarrollaran en la familia de la que forman parte, por tanto, a diferencia del reo, la madre de esa forma cumplió con sus obligaciones alimentarias a favor de sus hijos, lo que adquiere valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado. Asimismo, desestimó los argumentos del reclamante en sentido de que ambos deben aportar para los alimentos de sus hijos, puesto que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye prueba idónea en el incidente de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 de la citada ley civil. Por lo que el juez responsable estableció que al no haber acreditado el reo de manera regular, constante e ininterrumpida, por ende, al ser así las cosas es obvio que de esa manera no prueba que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por é aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, máxime que no aportó medio de convicción alguno con el que acredite que vive en una situación precaria y, por ende la necesidad de graduar la pensión, ya que los documentos exhibidos sirven para acreditar que el demandado tiene algunos gastos de arrendamiento y compromisos personales por compra de alimentos; pero no se debe perder de vista que con los recibos de pago aportados, se advierte que el recibió el día veintiocho de septiembre del año pasado, por concepto de alcance líquido, la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y siete pesos', con lo que puede afrontar sus requerimientos personales, probanzas a las que le otorgó pleno valor demostrativo al amparo de los artículos 266 y 327, de la ley procesal civil. Ahora, en relación con el escrito presentado por la quejosa María de los Ángeles Blanco Contreras, cuando desahoga la vista a la reclamación, por el cual se opuso rotundamente, argumentando entre otras cosas, que se vio en la necesidad de solicitar los alimentos para sus hijos ante el incumplimiento del demandado, por lo que a este le corresponde la carga de la prueba para justificar que el porcentaje fijado no es correcto, además, de que los documentos exhibidos no se encuentran a nombre del deudor alimentario, circunstancia que quedó considerada al momento de valoras únicamente los documentos mencionados En mérito de lo expuesto, el juez responsable a la luz del numeral 242, del Código Civil, y como en el caso concreto se trata de dos acreedores alimentarios, quienes se encuentran en pleno desarrollo físico pues cuentan con trece y nueve años de edad, y que la madre viene cumpliendo en especie con sus obligaciones alimentarias en tanto que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales incluyendo el pago de renta y sus requerimientos personales, lo que ya era de su conocimiento cuando se fijó la pensión provisional, es por todo ello, al considerarlo justo y equitativo, y sin perjuicio de lo que es llegue a resolver en la sentencia de fondo, dejó firme la pensión decretada inicialmente; por lo que, resolvió declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado Erick Manuel Álvarez Morales. Finamente, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario civil 1391/2022 de su índice y, en su lugar, emitió otra en la que, se reiteraron las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho; estableció que los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados, por lo que no fueron considerados como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial, por lo que se abstuvo de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, ya que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria y, atendió al escrito con el que la actora desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de data trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 21-23), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el contenido del auto de dieciocho del actual, el cual dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (69), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia autorizada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (28 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y********************, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que el juez responsable:********************1). Deje insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el ********************.********************2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá:********************i. Reiterar las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho.********************ii. Decantarse si los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por justificados con las documentales aportadas por éste o si los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados.********************iii. No obstante, en el supuesto que considere que se trata de hechos notorios (gastos personales) que no requieren probarse, deberá abstenerse de considerarlo como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial.********************Pero si la autoridad elige la hipótesis relativa a que dichos gastos se demuestran con las pruebas aportadas en la reclamación, tendrá la obligación legal de exponer de manera fundada y motivada el resultado que arroje cada una de esas probanzas, a fin de justificar su decisión.********************iv. Abstenerse de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, dado que ello se contrapone con la conclusión en el sentido que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria.********************v. Ocuparse de dar respuesta puntual al escrito con el que la madre de los menores involucrados desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente."****************************************En esas condiciones, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 53 y 54), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 69) se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3027/2023 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, por el cual remitió copia certificada del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós y turnó los autos a efectos de dictar una nueva; asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló las pruebas ofrecidas tanto de la parte recurrente como de la parte actora, a las cuales otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código Procesal Civil.********************Posteriormente, declaró infundada la reclamación interpuesta por el demandado ********************, tomando en consideración lo establecido por el numeral 242 del Código Civil del Estado, que dice que los alimentos deben de ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; de igual tuvo en consideración lo previsto por los arábigos 233, 234 y 239 del Código Civil, que disponen que los padres deben de otorgarles alimentos a sus hijos que tratándose de menores de edad, se entienden que estos comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, que específicamente, tratándose de los hijos menores de edad, los alimentos alcanzan también los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; y que entre cónyuges estos están obligados a proporcionar alimentos, los cuales comprenden comida, alimentación y asistencia en casos de enfermedad.********************Por su parte, tuvo por justificados en forma provisional, los derechos alimentarios que solicitó inicialmente la quejosa********************en representación de sus dos menores hijos de apellidos ********************, en términos de las copias de las actas de nacimiento de sus menores hijos; a las que otorgó el valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos Vigente en el Estado; con lo cual tuvo demostrada la existencia del vínculo de filiación de padre e hijos, entre el deudor y los acreedores alimentarios, que éstos, en la actualidad son menor de edad, demostrándose los extremos que prevé el numeral 234 del Código Sustantivo Civil********************Ahora, en cuanto a la capacidad económica del deudor, la tuvo por acreditada con la manifestación hecha ante ese tribunal en su escrito de contestación de demandada y reclamación, en donde interpuso el recurso de reclamación, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada por el suscrito, a favor de sus hijos, de lo que tuvo como indicativo que obtiene un ingreso; con valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz.********************Consiguientemente, teniendo acreditada la capacidad económica el deudor alimentario para sufragar los gastos de sus menores hijos, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 100, 234 en relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, máxime que los hijos, gozaba de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que los reclaman.********************Luego, el juez responsable estableció que en virtud de que de autos advierte que los menores se encontraban viviendo bajo el mismo techo que su progenitora, por lo tanto de esa manera la actora les brindó los cuidados y atención indispensables para que éstos se desarrollaran en la familia de la que forman parte, por tanto, a diferencia del reo, la madre de esa forma cumplió con sus obligaciones alimentarias a favor de sus hijos, lo que adquiere valor probatorio en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil del Estado.********************Asimismo, desestimó los argumentos del reclamante en sentido de que ambos deben aportar para los alimentos de sus hijos, puesto que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye prueba idónea en el incidente de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 de la citada ley civil.********************Por lo que el juez responsable estableció que al no haber acreditado el reo de manera regular, constante e ininterrumpida, por ende, al ser así las cosas es obvio que de esa manera no prueba que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por é aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, máxime que no aportó medio de convicción alguno con el que acredite que vive en una situación precaria y, por ende la necesidad de graduar la pensión, ya que los documentos exhibidos sirven para acreditar que el demandado tiene algunos gastos de arrendamiento y compromisos personales por compra de alimentos; pero no se debe perder de vista que con los recibos de pago aportados, se advierte que el recibió el día veintiocho de septiembre del año pasado, por concepto de alcance líquido, la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y siete pesos', con lo que puede afrontar sus requerimientos personales, probanzas a las que le otorgó pleno valor demostrativo al amparo de los artículos 266 y 327, de la ley procesal civil.********************Ahora, en relación con el escrito presentado por la quejosa********************cuando desahoga la vista a la reclamación, por el cual se opuso rotundamente, argumentando entre otras cosas, que se vio en la necesidad de solicitar los alimentos para sus hijos ante el incumplimiento del demandado, por lo que a este le corresponde la carga de la prueba para justificar que el porcentaje fijado no es correcto, además, de que los documentos exhibidos no se encuentran a nombre del deudor alimentario, circunstancia que quedó considerada al momento de valoras únicamente los documentos mencionados********************En mérito de lo expuesto, el juez responsable a la luz del numeral 242, del Código Civil, y como en el caso concreto se trata de dos acreedores alimentarios, quienes se encuentran en pleno desarrollo físico pues cuentan con trece y nueve años de edad, y que la madre viene cumpliendo en especie con sus obligaciones alimentarias en tanto que el demandado al ser el motor que produce los ingresos debe soportar las deducciones oficiales incluyendo el pago de renta y sus requerimientos personales, lo que ya era de su conocimiento cuando se fijó la pensión provisional, es por todo ello, al considerarlo justo y equitativo, y sin perjuicio de lo que es llegue a resolver en la sentencia de fondo, dejó firme la pensión decretada inicialmente; por lo que, resolvió declarar infundada la reclamación interpuesta por el demandado ********************.********************Finamente, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el ******************** de su índice y, en su lugar, emitió otra en la que, se reiteraron las consideraciones relativas a la necesidad de los acreedores, a la posibilidad económica del deudor alimentario y aquéllas con las que se descartaron los agravios del reclamante, al encontrarse ajustadas a derecho; estableció que los gastos personales alegados por el reclamante los tuvo por demostrados únicamente por tratarse de hechos notorios que no requieren ser probados, por lo que no fueron considerados como factor novedoso para reducir el porcentaje de la pensión, en la medida que dicha circunstancia ya había sido tomada en cuenta en el auto en que se decretó la inicial, por lo que se abstuvo de considerar que los ingresos del reclamante le son insuficientes para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, ya que éste no aportó medio de convicción alguno que justifique encontrarse en una situación precaria y, atendió al escrito con el que la actora desahogó la vista formulada sobre el recurso de reclamación planteado, por haber sido presentado oportunamente.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de data trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 21-23), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio -y anexo-, signado por el juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el con el oficio y anexo con registro 5083, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

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