María de los Ángeles Castellanos González
Expediente 221/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María de los Ángeles Castellanos González
Actuaciones
- Principal
Notificación por lista a parte quejosa.-...Se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios girados a efecto de notificar a las responsables la sentencia emitida en autos, pues dado el sentido de ésta es claro que en nada les agravia, y la única que pudo inconformarse de ella es la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Sirve de apoyo por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO". En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo en el que si bien se sobreseyó, también lo es que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, debiendo conservarse la demanda, así como la determinación en el que se decretó la citada suspensión y donde se ordena su archivo, así como los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora, tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente las documentales que allegó al presente asunto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; asimismo, se le requiere para que acuda dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. DEVOLUCIÓN TOMOS DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvanse a las responsables, los tomos de pruebas que acompañaron como justificante de sus actos en el presente asunto. Notifíquese por lista de acuerdos publicada electrónicamente.
- Principal
...CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, de rubro: "IMPROCEDENCIA" En ese sentido, en primer término, debe indicarse que la parte quejosa reclama: La omisión de las autoridades responsables Director y Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Pánuco, Veracruz, de dar respuesta a la solicitud de resguardo domiciliario por contingencia realizada el treinta y uno de marzo y diez de agosto de dos mil veinte, lo anterior al considerarse persona vulnerable al encontrase en periodo de lactancia de su mejor hija. En ese orden de ideas, en el caso en estudio, se advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61 fracción XXIII1 en relación con los diversos primer párrafo y 5 fracción II3 , de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, del que se desprende que el juicio de amparo procede únicamente contra actos de autoridad, por tanto, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional será improcedente. En esa tesitura, debe precisarse que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non, para tener el carácter de autoridad responsable. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Artículo 5, Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De ahí, que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. . De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre la quejosa y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas de la quejosa; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Sirven de apoyo, las jurisprudencias 2a./J. 164/20114, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. DISTINTIVAS" y la diversa P. XXVII/975 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". En ese contexto, si la referida quejosa se duele de forma destacada en sede constitucional de la omisión de las responsables en dar contestación favorable a la solicitud de resguardo que les fue elevada el treinta y uno de marzo y diez de agosto pasado, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado. Para una mejor comprensión de las documentales allegadas al oficio de cuenta se advierte las siguientes actuaciones: - Mediante escrito de diez de agosto del año en curso la aquí quejosa, presentado ante el Director del Hospital Civil Doctor I. Ávila, con residencia en Pánuco, Veracruz, hizo del conocimiento que se mantuvo en resguardo domiciliario por el nacimiento de su menor hija (el dieciséis de enero de dos mil veinte), reincorporándose a sus labores el uno de julio pasado, por lo que al haber sido designada al área de urgencias, en momentos de pandemia y tomando en consideración de que se encontraba en periodo de lactancia de su tesis P. XXVII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, menor, solicitó su reguardo domiciliario. - Mediante oficio HGP/RH/192/2020, de veinticinco de agosto del año en curso, las autoridades responsables dieron contestación a la solicitud de resguardo de la parte quejosa, en el que en base el diverso oficio SESVER/DA/5059 de Reincorporación de Personal a los centros de Trabajo de Salud de Veracruz, le hacen del conocimiento que en la condición de Lactancia Materna, el valor de vulnerabilidad solo es durante la incapacidad de maternidad, la cual concluyó el veinticuatro de marzo pasado. Documentales que cobran pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del citado Código, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, máxime que se concatenan con las propias manifestaciones hechas por la parte promovente en su escrito de demanda, y por consecuencia dan a este órgano jurisdiccional plena convicción de los hechos analizados. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en el presente asunto deriva de la solicitud formulada por la propia promovente, a efecto de que su Patrón le permita el resguardo domiciliario al considerarse una persona vulnerable ante la contingencia sanitaria provocada por el Virus SARS-Cov-2 (COVID-19). De lo expuesto, se colige que, en la especie, se está en presencia de un conflicto entre particulares (Patrón-empleado), que se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales, ya que los actos reclamados tienen que ver con una cuestión de prestación de servicios laborales, entre el Patrón y el empleado, actuando las autoridades responsables Director y Jefa de Recursos Humanos del Hospital General de Pánuco, Veracruz, con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral. Esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior al segundo, toda vez que las responsables no crearon, modificaron o extinguieron por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la parte quejosa, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado, que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues no se encuentra a discusión si fue correcta, o no, la determinación de reincorporar a la quejosa a sus actividades laborales (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional laboral competente), sino lo que aquí importa es que no se trata de un acto de autoridad, porque dicho actuar tiene naturaleza laboral acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre la aquí quejosa y la dependencia patronal. De modo que los posibles vicios que la inconforme pudiera atribuirle a esos actos, emitidos por la autoridad responsable no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. Entonces, los actos reclamados por la parte quejosa no pueden considerarse como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues no da a la responsable, la calidad de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque tal actuación, como se indicó, fue desplegada en su carácter de patrón, y por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. En consecuencia, al haberse actualizado la apuntada causal de improcedencia, procede sobreseer al respecto en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 primer párrafo y 5 fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. QUINTO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado de conformidad con los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María de los Ángeles ******, con base en los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes
- María de Jesús Martínez Cruz351/2021
- Maria de Jesus Pelcastre Angeles476/2023
- MARIA DE JESUS PIÑA VAZQUEZ y Otros.136/2022
- Maria de la Luz Cardenas Ferral602/2023
- MARIA DE LA PAZ MOLINA ROJAS y Otros.391/2023
- Maria de los Angeles Cardenas Francisco83/2021
- María de los Ángeles Hernández Soto522/2019
- María de los Ángeles Pérez Silva51/2020
- Maria de Lourdes del Angel Castillo494/2022
- Maria de Lourdes Gonzalez Oliver7/2015
- María de Lourdes Melo Pérez417/2018
- María de Lourdes Reyes Juárez398/2018