Maria de Jesus Pelcastre Angeles
Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria de Jesus Pelcastre Angeles
- MARIA DE JESUS PELCASTRE ANGELES y Otros.
- GALILEO ABUNDIS BAUTISTA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: 1. Conservar el expediente principal en su integridad en original, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción X, del numeral 15 del referido Acuerdo General, pues al tratarse de un asunto que versa sobre la materia agraria este expediente es de relevancia documental, debiendo conservarse en su integridad. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo. Como lo dispone el artículo 34 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 20, párrafo segundo, del citado acuerdo general, que por sus características amerite ser devuelto.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, por propio derecho; y, Penny Louise Ffrench Thielker, quien se ostenta como apoderada de Patricia Luz y Ana Luisa, ambas de apellidos Leal Lescrenier, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, con sede en Tampico, Tamaulipas y otra autoridad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 476/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. DESECHAMIENTO POR FALTA DE FIRMA RESPECTO DE PENNY LOUISE FFRENCH THIELKER, QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADA DE PATRICIA LUZ Y ANA LUISA DE APELLIDOS LEAL LESCRENIER. En primer lugar, de la lectura de la demanda de amparo y en relación Penny Louise Ffrench Thielker, quien se ostenta como apoderada de Patricia Luz y Ana Luisa, ambas de apellidos Leal Lescrenier, es pertinente señalar que, ésta aduce que su personalidad se encuentra acreditada con la copia certificada del instrumento público número veinticuatro mil novecientos noventa y cinco, sin embargo, el documento fue allegado en copia simple y de su contenido se advierte que se refiere únicamente a Ana Luisa Leal Lescrenier-; ahora, por cuanto hace a la diversa Patricia Luz Leal Lescrenier, aun cuando no se hace mención del poder o instrumento público con el que pretende acreditar su representación, lo cierto es que, de los documentos anexos a la demanda, se desprende la copia simple del instrumento público número veinticuatro mil novecientos noventa y seis, relativo al poder que Patricia Leal Lescrenier confiere a la promovente Penny Louise Ffrench Thielker. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el nombre de la otorgante en el instrumento de mérito varíe del asentado en el escrito de demanda, pues se considera que esto corresponde a una omisión sin mayor trascendencia, ya que del resto de constancias, así como la coincidencia de los apellidos de la quejosa, permite advertir que se trata de la misma accionante de amparo. No obstante lo anterior, resulta innecesario prevenir a la promovente Penny Louise Ffrench Thielker para que acredite su personalidad, en razón de que, en el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo; pues la demanda de cuenta fue presentada sin firma autógrafa de dicha promovente -tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta en la que se hizo constar que la demanda fue presentada sin firma autógrafa de aquélla-. Así, resulta necesario precisar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Por su parte, los artículos 61 fracción XIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Por su parte, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Esto, pues en el procedimiento, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica. Bajo ese contexto, el juicio de amparo será improcedente cuando el escrito de demanda que se presenta para instarlo, carezca de firma de quien pretenda obtener la protección de la Justicia Federal -sea de forma electrónica o autógrafa-; ya que, al carecer de ésta, provoca que la demanda se considerare como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma autógrafa de la parte quejosa, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma -sea de forma electrónica o autógrafa- de quien sea parte promovente en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; con la salvedad de que, si se trata de escritos presentados vía electrónica y se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley, no se requerirá la firma electrónica. En el caso, el escrito de demanda de amparo fue depositada físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad de Tuxpan; empero, no contiene la firma autógrafa de Penny Louise Ffrench Thielker, quien se ostenta como apoderada de Patricia Luz y Ana Luisa de apellidos Leal Lescrenier. Por consiguiente, al tratarse de un escrito presentado físicamente y carecer de firma autógrafa de la impetrante citada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, en relación con los diversos 3 y 6 de esa misma ley; por lo que, se desecha de plano la demanda, por cuanto hace a la citada promovente quien se ostenta como apoderada de Patricia Luz y Ana Luisa de apellidos Leal Lescrenier. DESECHAMIENTO por extemporánea respecto de los quejosos ******************** y ******************** Por otra parte, en relación con los quejosos citados, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días y sin que se encuentre en los casos de excepción que establece la propia ley, como a continuación se expone. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Además, es pertinente citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que dice lo siguiente: [A]rtículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, la primera hipótesis necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable [distinto a la notificación], de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una confesión expresa de su parte respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de esa echa. En ese sentido, de la hipótesis tercera, se obtiene que el plazo para la promoción del juicio de amparo, comienza a transcurrir a partir del día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo la tesis de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados: A) DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 43.- Se señala como acto reclamado, la sentencia de fecha 01 de Julio del 2019 dictada por la autoridad responsable ya que la misma fue dictada sin tomar en cuenta el derecho de audiencia que tienen mis poderdantes y representado, ya que no fueron citados por ningún medio legal y han actuado de manera unilateral, en la oscuridad de la ley, pretendiendo otorgar beneficios a favor de personas que no les corresponde, violando en perjuicio de mis representados derechos y garantías establecidas en nuestra carta magna, misma que solicito en su momento se tomen en cuenta a fin de que sean subsanadas. B) TRIBUNAL SUPERIO AGRARIO.- De igual forma la sentencia de fecha 01 de julio de 2019, misma que en su parte final de sus puntos resolutivos ordena que de inmediato se remita al Tribunal Superior Agrario para que conforme a su Ley Orgánica resuelva en definitiva la procedencia o improcedencia de la solicitud realizada, es decir sobre la dotación ilegal de tierras, el acto reclamado es la posible ejecución de la sentencia. Asimismo, se advierte que los propios quejosos manifestaron en el punto relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado lo siguiente: ".Aconteció en fecha 28 de Octubre del 2022" En ese sentido, de lo expuesto se acredita en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, las quejosas fueron sabedoras del acto reclamado en este juicio. Manifestaciones que constituyen prueba confesional en términos de lo dispuesto por el artículo 199, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que fue reúne los requisitos que el aludido precepto legal establece, esto es fue realizada por persona capacitada para obligarse; con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, y de respecto de hecho propio. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que, el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado el presente juicio, empezó a transcurrir a la parte peticionaria del amparo, a partir del día siguiente al en que las quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado. Esto es, a partir del tres de noviembre de dos mil veintidós, descontando los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, por ser días inhábiles; por lo que, el referido plazo de quince días feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Asimismo la tesis de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, sin que se encuentre en los casos de excepción; ya que el acto reclamado no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cabe mencionar que, en relación con esta última excepción, no obsta que se reclamen actos provenientes de autoridades agrarias, pues la salvedad legal, es que se trate de núcleos de población ejidal o comunal; lo que no acontece en el caso. De esta forma, si los quejosos citados instaron el juicio de amparo mediante demanda depositada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido en exceso el plazo que para su presentación establece el numeral en cita; y sin estar en los supuestos de excepción antes mencionados. En mérito de lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** y ******************** Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Sin que en el caso, sea procedente tener al primero de los nombrados como "abogado patrono", pues en el juicio de amparo no existe dicha figura jurídica. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 06/09/2023, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O SENTENCIA DICTADO (A) EN EL JUICIO DE AMPARO INDICADO EN EL REFERIDO CITATORIO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...al tratarse de un escrito presentado físicamente y carecer de firma autógrafa de la impetrante citada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, en relación con los diversos 3 y 6 de esa misma ley... se desecha de plano la demanda, por cuanto hace a la citada promovente quien se ostenta como apoderada de **** de apellidos ****. DESECHAMIENTO por extemporánea respecto de los quejosos ******************** y ******************** Por otra parte, en relación con los quejosos citados, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que por esta vía reclama, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días y sin que se encuentre en los casos de excepción que establece la propia ley... con fundamento en los artículos 113 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** y ******************** Notificación a la parte quejosa..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ; SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA COPIA SIMPLE DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA.
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