Maria de los Angeles Benitez Simontes

Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
997/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Maria de los Angeles Benitez Simontes
  • Jueza de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente Con Sede En Cholula (Karla Patricia Ambrosio Vargas)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y dos minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 41) en este juicio de amparo 997/2021, promovido por María de los Ángeles Benítez Simontes; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por el secretario Zeus Islas González, quien autoriza y da fe, la declaró abierta y procede a su celebración sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo, auto admisorio e informes rendidos por las autoridades responsables. Además, el secretario certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran de dichos informes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Acto continuo, abierto el período probatorio, el secretario certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario da cuenta con el pedimento del fiscal federal de la adscripción (fojas 37 y 38), por el que formula alegatos. Asimismo, certifica que ninguna de las demás partes los formuló. A lo anterior, el juez acuerda: Téngase por formulados los alegatos de la representación social federal adscrita en los términos que de su escrito se desprenden y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo; por lo que se da por concluido este periodo. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, y se dicta: S E N T E N C I A: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 997/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por María de los Ángeles Benítez Simontes; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma contó con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, María de los Ángeles Benítez Simontes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de actos de 1. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, Puebla y otras autoridades (fojas 2 a 7). La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de quince de octubre de dos mil veintiuno (fojas 11 a 17), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 997/2021 y se desechó parcialmente respecto del acto consistente en: A. La orden de citación por comparecencia dictada en contra de la quejosa y su ejecución. Por otro lado, se admitió parcialmente la demanda de mérito respecto de Ias órdenes de aprehensión o presentación giradas en contra de la parte quejosa y su ejecución, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (fojas 41 y 42), se fijaron las nueve horas con treinta y dos minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional5. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."6 Del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, María de los Ángeles Benítez Simontes, en esta instancia constitucional, reclama lo siguiente: - Las órdenes de aprehensión y presentación giradas en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento."7 Ahora, la quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 17 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado 17. Daniel Iván Cruz Luna, por sí y en representación de sus homólogos de la: Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla 1. Karla Patricia Ambrosio Vargas; Región Judicial Centro, con sede en Puebla 2. Rosalva Elena Zárate Herrera, 3. Idalia Arciniega Arias, 4. Enrique López Criollo, 5. Javier Vázquez Fernández, 6. Aarón Hernández Chino, 7. Magally Escamilla Rodríguez, 10. José Álvaro Sarmiento Márquez, 11. Ana Alicia Ponce Frías, 12. Karla Ivonne Munguía Olmos, 13. Mirian Huerta Lechuga, 14. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 15. María Guadalupe Muñoz Pérez y 16. Rosa Aurora Espejel Prado; Región Judicial Oriente, con sede en ciudad Serdán 8. David Rodríguez González; y, Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla 9. Salvador Hernández Martínez. Niega. Foja 22 18 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Foja 33 Las autoridades responsables señaladas en la tabla anterior, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."8 CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por María de los Ángeles Benítez Simontes, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO. Visto los autos, se advierte que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes en acuerdo de veinticinco de octubre del actual, con el informe justificado de la autoridad responsable: 18. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, (en su denominación correcta), y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con treinta y dos minutos del día de hoy, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y dos minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 37609/2021/JC -remitido vía correo electrónico institucional- por 7. Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual, en cumplimento al requerimiento formulado en auto de veinte de octubre del año en curso, comunica que la causa penal 1160/2019/PUEBLA aún se encuentra suspendida, en virtud de que mediante determinación de quince de septiembre de dos mil veinte, se libró una orden de aprehensión en contra de los quejosos Leo Dan Alfredo Morales Pliego y Alfredo Morales Rojas, la cual -informa- no se ha cumplimentado. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a los quejosos Leo Dan Alfredo Morales Pliego y Alfredo Morales Rojas, por conducto de José Santiago Blanco Bárcena -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. PEDIMENTO. Intégrese a los autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se niegue el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente, así como del auto que causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado en primer término, téngasele por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos; solicitando que se niegue el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo; y, en su momento, expídasele a su costa copia autorizada de la resolución que se dicte en este expediente y del auto que cause estado. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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