Maria de la Paz Ramirez Rodriguez
Expediente 361/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria de la Paz Ramirez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, al resultar innecesaria la conservación de las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Marcela Elizabhet García Cante, consistentes en: a) copias de constancias (anexo I), b) un disco versátil digital y c) el original de la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, llevada a cabo el siete de marzo siguiente, ante el notificador adscrito a ese Centro de Justicia Penal Federal, correspondientes a la causa penal PUE/807/2021, se ordena devolverlas a su lugar de origen; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, a las diversas autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 28 DE JUNIO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: 28/06/2022 Estado de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha adquirido firmeza el auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en diverso proveído de veintisiete mayo del año en curso, y con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se determinó que María de la Paz Rodríguez Martínez no estampó la firma que obra en el escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, pues la referida determinación se le notificó por lista -previo aviso- el diez de junio de dos mil veintidós, surtiendo efectos el trece de junio siguiente y, el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en su contra, transcurrió del catorce al veinte de los corrientes; sin que lo haya interpuesto. En tales condiciones, toda vez que en el mencionado auto de seis de junio del año en curso, se reservó proveer lo conducente al dictamen que, en su caso deberían rendir los peritos en materia de grafoscopía -tanto la oficial, como el propuesto por la parte quejosa-, hasta en tanto dicho acuerdo adquiriera firmeza, cumplida dicha condición, se provee: Al haberse determinado que la firma que calza el escrito inicial de demanda, no fue estampada por quien se ostentó como María de la Paz Rodríguez Martínez, este órgano jurisdiccional estima innecesario continuar con el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía -ordenada de oficio en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós-, pues su finalidad era indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda que dio origen a este juicio. Por lo anterior, hágase del conocimiento de los peritos en la multicitada materia Aleyda García Cabrera -designada por este órgano jurisdiccional- y Gonzalo Carro Maceda -propuesto por la parte quejosa-, que quedan eximidos de su obligación de emitir dictamen alguno en el presente sumario constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, de la certificación que antecede, también se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a María de la Paz Rodríguez Martínez en auto de diez de junio de dos mil veintidós, para que compareciera de forma personal ante este órgano federal a ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento -folio 10284-; sin que lo haya hecho, aunado a que tampoco compareció a la cita señalada para tal fin, fijada para las once horas del diecisiete de junio pasado. De la misma forma, se observa que en auto de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por recibido un segundo escrito de la parte quejosa en el que nuevamente manifestó su deseo de desistir del presente juicio, por lo que se señalaron las once horas del veintisiete de junio pasado, para que compareciera a las instalaciones de este juzgado, para ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en tales autos, y se tiene por no desistida del presente asunto a María de la Paz Rodríguez Martínez, continuándose con el trámite del asunto en los términos en que procesalmente se encuentra. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Establecido lo anterior, con base en las constancias que obran en autos, se advierte de oficio que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Del estado de autos, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 48 a 52), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo, y la diversa estampada por -quien se ostentó como parte quejosa- María de la Paz Rodríguez Martínez en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la diligencia llevada a cabo el siete de marzo de dos mil veintidós, ante el notificador adscrito a dicho centro de justicia (foja 38 del anexo I); tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo 2. Cédula de notificación que obra en la causa penal de origen, llevada a cabo ante fedatario judicial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir a la quejosa para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el tres de mayo de dos mil veintidós, en las instalaciones de este órgano federal (foja 95 y 96). En dicha diligencia, se requirió a la compareciente para que se condujera con la verdad, haciendo de su conocimiento las consecuencias jurídicas de afirmar hechos falsos; y, ante el cuestionamiento directo realizado por la secretaria del juzgado, María de la Paz Rodríguez Martínez manifestó que sí ratificaba el contenido y firma de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Luego, el cuatro de mayo del año en curso (fojas 97 a 106), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, y ante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), la firma que estampó la peticionaria de amparo en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en diligencia llevada a cabo el siete de marzo siguiente, ante el Notificador adscrito a dicho centro de justicia; la diversa firma que obra en su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la que se identificó en este juzgado; así como la signatura hecha por la quejosa en la diligencia judicial de reconocimiento de firma, desahogada el tres de mayo del año que transcurre. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de la solicitud formulada por Aleyda García Cabrera, perita en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 146 a 149), se ordenó llevar a cabo una diligencia de muestras de escritura y firmas ante la presencia judicial, ello con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar; fijando para tal efecto las once horas del treinta de mayo de dos mil veintidós. En auto de veintisiete de mayo del presente año (fojas 162 a 165), se tuvo a la perita oficial informando y justificando su imposibilidad material para asistir a la diligencia referida, por lo que, se reprogramó la cita a las partes y se señalaron las once horas del tres de junio de dos mil veintidós, para el mismo efecto; apercibiendo a la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez que de no asistir a la multicitada diligencia, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se entendería que ella no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). A las once horas con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil veintidós (foja 175) la secretaria adscrita a este juzgado, certificó la inasistencia de María de la Paz Rodríguez Martínez, a la diligencia ordenada en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a pesar de encontrarse debidamente notificada. Por lo anterior, en auto de seis de junio siguiente (fojas 177 a 179), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto; y, con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determinó que la quejosa no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). Como se asentó al inicio de este proveído, el auto de seis de junio de dos mil veintidós, ha quedado firme, por no haber sido recurrido por quien se ostentó como quejosa en este sumario constitucional; por tanto, se concluye que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, no se cumplen los requisitos previamente establecidos; pues la parte quejosa reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el trece de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de fraude genérico y uso de documento falso; por tanto, dicho acto no se ubica en ninguno de los supuestos previamente indicados, ni la agraviada se encontraba imposibilitada para promover directamente el amparo. Por tanto, al no haber suscrito la parte quejosa la firma que calza el escrito inicial de demanda, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando el acto reclamado afecta la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. Ello es así, pues el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada la falta de voluntad de la quejosa para instar este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veinticuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez (y por su conducto al perito Gonzalo Carro Maceda), y a la perita Aleyda García Cabrera; y, por oficio a la autoridad responsable, las diversas autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. .... [Firma electrónica].
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PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS a la perita Aleyda García Cabrera, EL AUTO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: 28/06/2022 Estado de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha adquirido firmeza el auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en diverso proveído de veintisiete mayo del año en curso, y con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se determinó que María de la Paz Rodríguez Martínez no estampó la firma que obra en el escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, pues la referida determinación se le notificó por lista -previo aviso- el diez de junio de dos mil veintidós, surtiendo efectos el trece de junio siguiente y, el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en su contra, transcurrió del catorce al veinte de los corrientes; sin que lo haya interpuesto. En tales condiciones, toda vez que en el mencionado auto de seis de junio del año en curso, se reservó proveer lo conducente al dictamen que, en su caso deberían rendir los peritos en materia de grafoscopía -tanto la oficial, como el propuesto por la parte quejosa-, hasta en tanto dicho acuerdo adquiriera firmeza, cumplida dicha condición, se provee: Al haberse determinado que la firma que calza el escrito inicial de demanda, no fue estampada por quien se ostentó como María de la Paz Rodríguez Martínez, este órgano jurisdiccional estima innecesario continuar con el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía -ordenada de oficio en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós-, pues su finalidad era indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda que dio origen a este juicio. Por lo anterior, hágase del conocimiento de los peritos en la multicitada materia Aleyda García Cabrera -designada por este órgano jurisdiccional- y Gonzalo Carro Maceda -propuesto por la parte quejosa-, que quedan eximidos de su obligación de emitir dictamen alguno en el presente sumario constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, de la certificación que antecede, también se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a María de la Paz Rodríguez Martínez en auto de diez de junio de dos mil veintidós, para que compareciera de forma personal ante este órgano federal a ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento -folio 10284-; sin que lo haya hecho, aunado a que tampoco compareció a la cita señalada para tal fin, fijada para las once horas del diecisiete de junio pasado. De la misma forma, se observa que en auto de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por recibido un segundo escrito de la parte quejosa en el que nuevamente manifestó su deseo de desistir del presente juicio, por lo que se señalaron las once horas del veintisiete de junio pasado, para que compareciera a las instalaciones de este juzgado, para ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en tales autos, y se tiene por no desistida del presente asunto a María de la Paz Rodríguez Martínez, continuándose con el trámite del asunto en los términos en que procesalmente se encuentra. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Establecido lo anterior, con base en las constancias que obran en autos, se advierte de oficio que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Del estado de autos, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 48 a 52), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo, y la diversa estampada por -quien se ostentó como parte quejosa- María de la Paz Rodríguez Martínez en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la diligencia llevada a cabo el siete de marzo de dos mil veintidós, ante el notificador adscrito a dicho centro de justicia (foja 38 del anexo I); tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo 2. Cédula de notificación que obra en la causa penal de origen, llevada a cabo ante fedatario judicial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir a la quejosa para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el tres de mayo de dos mil veintidós, en las instalaciones de este órgano federal (foja 95 y 96). En dicha diligencia, se requirió a la compareciente para que se condujera con la verdad, haciendo de su conocimiento las consecuencias jurídicas de afirmar hechos falsos; y, ante el cuestionamiento directo realizado por la secretaria del juzgado, María de la Paz Rodríguez Martínez manifestó que sí ratificaba el contenido y firma de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Luego, el cuatro de mayo del año en curso (fojas 97 a 106), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, y ante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), la firma que estampó la peticionaria de amparo en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en diligencia llevada a cabo el siete de marzo siguiente, ante el Notificador adscrito a dicho centro de justicia; la diversa firma que obra en su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la que se identificó en este juzgado; así como la signatura hecha por la quejosa en la diligencia judicial de reconocimiento de firma, desahogada el tres de mayo del año que transcurre. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de la solicitud formulada por Aleyda García Cabrera, perita en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 146 a 149), se ordenó llevar a cabo una diligencia de muestras de escritura y firmas ante la presencia judicial, ello con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar; fijando para tal efecto las once horas del treinta de mayo de dos mil veintidós. En auto de veintisiete de mayo del presente año (fojas 162 a 165), se tuvo a la perita oficial informando y justificando su imposibilidad material para asistir a la diligencia referida, por lo que, se reprogramó la cita a las partes y se señalaron las once horas del tres de junio de dos mil veintidós, para el mismo efecto; apercibiendo a la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez que de no asistir a la multicitada diligencia, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se entendería que ella no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). A las once horas con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil veintidós (foja 175) la secretaria adscrita a este juzgado, certificó la inasistencia de María de la Paz Rodríguez Martínez, a la diligencia ordenada en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a pesar de encontrarse debidamente notificada. Por lo anterior, en auto de seis de junio siguiente (fojas 177 a 179), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto; y, con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determinó que la quejosa no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). Como se asentó al inicio de este proveído, el auto de seis de junio de dos mil veintidós, ha quedado firme, por no haber sido recurrido por quien se ostentó como quejosa en este sumario constitucional; por tanto, se concluye que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, no se cumplen los requisitos previamente establecidos; pues la parte quejosa reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el trece de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de fraude genérico y uso de documento falso; por tanto, dicho acto no se ubica en ninguno de los supuestos previamente indicados, ni la agraviada se encontraba imposibilitada para promover directamente el amparo. Por tanto, al no haber suscrito la parte quejosa la firma que calza el escrito inicial de demanda, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando el acto reclamado afecta la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. Ello es así, pues el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada la falta de voluntad de la quejosa para instar este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veinticuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez (y por su conducto al perito Gonzalo Carro Maceda), y a la perita Aleyda García Cabrera; y, por oficio a la autoridad responsable, las diversas autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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28/06/2022 Estado de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha adquirido firmeza el auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa en diverso proveído de veintisiete mayo del año en curso, y con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se determinó que María de la Paz Rodríguez Martínez no estampó la firma que obra en el escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, pues la referida determinación se le notificó por lista -previo aviso- el diez de junio de dos mil veintidós, surtiendo efectos el trece de junio siguiente y, el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en su contra, transcurrió del catorce al veinte de los corrientes; sin que lo haya interpuesto. En tales condiciones, toda vez que en el mencionado auto de seis de junio del año en curso, se reservó proveer lo conducente al dictamen que, en su caso deberían rendir los peritos en materia de grafoscopía -tanto la oficial, como el propuesto por la parte quejosa-, hasta en tanto dicho acuerdo adquiriera firmeza, cumplida dicha condición, se provee: Al haberse determinado que la firma que calza el escrito inicial de demanda, no fue estampada por quien se ostentó como María de la Paz Rodríguez Martínez, este órgano jurisdiccional estima innecesario continuar con el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía -ordenada de oficio en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós-, pues su finalidad era indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda que dio origen a este juicio. Por lo anterior, hágase del conocimiento de los peritos en la multicitada materia Aleyda García Cabrera -designada por este órgano jurisdiccional- y Gonzalo Carro Maceda -propuesto por la parte quejosa-, que quedan eximidos de su obligación de emitir dictamen alguno en el presente sumario constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, de la certificación que antecede, también se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a María de la Paz Rodríguez Martínez en auto de diez de junio de dos mil veintidós, para que compareciera de forma personal ante este órgano federal a ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento -folio 10284-; sin que lo haya hecho, aunado a que tampoco compareció a la cita señalada para tal fin, fijada para las once horas del diecisiete de junio pasado. De la misma forma, se observa que en auto de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por recibido un segundo escrito de la parte quejosa en el que nuevamente manifestó su deseo de desistir del presente juicio, por lo que se señalaron las once horas del veintisiete de junio pasado, para que compareciera a las instalaciones de este juzgado, para ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada. En consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en tales autos, y se tiene por no desistida del presente asunto a María de la Paz Rodríguez Martínez, continuándose con el trámite del asunto en los términos en que procesalmente se encuentra. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Establecido lo anterior, con base en las constancias que obran en autos, se advierte de oficio que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Del estado de autos, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 48 a 52), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo, y la diversa estampada por -quien se ostentó como parte quejosa- María de la Paz Rodríguez Martínez en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la diligencia llevada a cabo el siete de marzo de dos mil veintidós, ante el notificador adscrito a dicho centro de justicia (foja 38 del anexo I); tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo 2. Cédula de notificación que obra en la causa penal de origen, llevada a cabo ante fedatario judicial. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir a la quejosa para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el tres de mayo de dos mil veintidós, en las instalaciones de este órgano federal (foja 95 y 96). En dicha diligencia, se requirió a la compareciente para que se condujera con la verdad, haciendo de su conocimiento las consecuencias jurídicas de afirmar hechos falsos; y, ante el cuestionamiento directo realizado por la secretaria del juzgado, María de la Paz Rodríguez Martínez manifestó que sí ratificaba el contenido y firma de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Luego, el cuatro de mayo del año en curso (fojas 97 a 106), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, y ante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), la firma que estampó la peticionaria de amparo en la cédula de notificación del auto de tres de marzo del año en curso, dictado en la causa penal de origen PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en diligencia llevada a cabo el siete de marzo siguiente, ante el Notificador adscrito a dicho centro de justicia; la diversa firma que obra en su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la que se identificó en este juzgado; así como la signatura hecha por la quejosa en la diligencia judicial de reconocimiento de firma, desahogada el tres de mayo del año que transcurre. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de la solicitud formulada por Aleyda García Cabrera, perita en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 146 a 149), se ordenó llevar a cabo una diligencia de muestras de escritura y firmas ante la presencia judicial, ello con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar; fijando para tal efecto las once horas del treinta de mayo de dos mil veintidós. En auto de veintisiete de mayo del presente año (fojas 162 a 165), se tuvo a la perita oficial informando y justificando su imposibilidad material para asistir a la diligencia referida, por lo que, se reprogramó la cita a las partes y se señalaron las once horas del tres de junio de dos mil veintidós, para el mismo efecto; apercibiendo a la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez que de no asistir a la multicitada diligencia, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se entendería que ella no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). A las once horas con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil veintidós (foja 175) la secretaria adscrita a este juzgado, certificó la inasistencia de María de la Paz Rodríguez Martínez, a la diligencia ordenada en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a pesar de encontrarse debidamente notificada. Por lo anterior, en auto de seis de junio siguiente (fojas 177 a 179), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto; y, con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determinó que la quejosa no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). Como se asentó al inicio de este proveído, el auto de seis de junio de dos mil veintidós, ha quedado firme, por no haber sido recurrido por quien se ostentó como quejosa en este sumario constitucional; por tanto, se concluye que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por la quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, no se cumplen los requisitos previamente establecidos; pues la parte quejosa reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el trece de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal PUE/807/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos de fraude genérico y uso de documento falso; por tanto, dicho acto no se ubica en ninguno de los supuestos previamente indicados, ni la agraviada se encontraba imposibilitada para promover directamente el amparo. Por tanto, al no haber suscrito la parte quejosa la firma que calza el escrito inicial de demanda, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando el acto reclamado afecta la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. Ello es así, pues el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada la falta de voluntad de la quejosa para instar este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veinticuatro minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejosa María de la Paz Rodríguez Martínez (y por su conducto al perito Gonzalo Carro Maceda), y a la perita Aleyda García Cabrera; y, por oficio a la autoridad responsable, las diversas autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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