María de la Paz Mariño Hernández

Expediente 458/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
458/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
24/07/2017

Partes del expediente

  • María de la Paz Mariño Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 458/2017-I-B, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, párrafo segundo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión definitiva y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la razón secretarial que inmediatamente antecede, se destaca que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º., de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) así como, en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación.

  3. Principal

    MESA I CÚMPLASE

  4. Principal

    MESA I SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE: Visto lo de cuenta agréguese a los autos, el escrito y anexo, mediante el cual la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Altamira, Tamaulipas, remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos y examinada la demanda de garantías, así como las constancias remitidas por la autoridad responsable, se observa que este asunto debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia, por las razones que enseguida se indican. Para sobreseer un asunto fuera de la audiencia constitucional, por actualizarse alguna de las causas de improcedencia o de sobreseimiento, que prevén respectivamente los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, es requisito que esté plenamente probada, esto es, que sea manifiesta e indudable. En ése sentido, se entiende por "manifiesta" que la causa de improcedencia o de sobreseimiento, sea clara, patente o evidente, que se aprecie de la simple lectura de las constancias de autos; y por "indudable", se entiende la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia o de sobreseimiento que se advierta, sea realmente operante e inobjetable, de tal suerte de que aún cuando el quejoso aportara pruebas y el juicio fuera resuelto en la audiencia constitucional, el sentido del fallo no variaría, esto es, porque no podría formarse un criterio distinto. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que respecto al acto reclamado consistente en la orden de arresto, emitida el dos de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Altamira, Tamaulipas, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en que se establece:. Mencionado numeral que se refiere a la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que se considerará así: Cuando el acto sea de carácter positivo, el agraviado haya sido restituido en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y De ser el acto reclamado de carácter negativo, la autoridad responsable obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir con lo que tal garantía exija, de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 77 del ordenamiento legal citado. De lo expuesto se aprecia que para actualizar la causal de improcedencia en estudio, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia a través de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, debe decirse que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en: ? Actos consumados de modo reparable, y ? Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Esto es, la reparabilidad o irreparabilidad en su caso de los actos consumados, se analiza a la luz de lo previsto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, que dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Por tanto, en el supuesto de los actos consumados de un modo irreparable, resulta occioso que el Juez de amparo, analice el fondo del asunto y se pronuncie sobre la constitucionalidad del acto reclamado, porque la sentencia ya no podría remediar el agravio causado. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no poder retrotraerse, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En el caso particular, de las constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Altamira, Tamaulipas, derivadas del juicio ordinario civil sobre establecimiento de reglas de convivencia ***, promovido por Armando Rojas San Juan en contra de María de la Paz Mariño Hernández, se advierte que el acto reclamado por la solicitante de amparo, consiste en la orden de arresto por treinta y seis horas de dos de marzo del presente año, fue ejecutada a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del año que transcurre, de lo que se colige que la orden de arresto analizada se encuentra ejecutada y consumada en su totalidad, lo que impide que este Tribunal se pronuncie respecto a su constitucionalidad, pues, es contundente que aún cuando se concediera a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra la orden de arresto por treinta y seis horas decretada en el acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, física y materialmente ya no puede ser restituida la garantía que estima violada, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que sobreviene de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en el invocado precepto legal, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en este juicio sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sobreseimiento además que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos Encargado de la Delegación Regional de la Zona Sur del Estado de la Policía Estatal Acreditable, con residencia en Tampico Tamaulipas, habida cuenta que tal acto no se combate por vicios propios. Por tanto, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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