Maria de la Luz Ruiz Hernandez
Expediente 807/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maria de la Luz Ruiz Hernandez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el que acusa de recibo del oficio 13377/2019-VI-A con el que se le remitió el juicio de amparo 807/2019-VI-A promovido por María de la Luz Ruiz Hernández, del índice de este Juzgado e informa que se avocó a su conocimiento, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declaró la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
CÚMPLASE
- Principal
SE REMITE INCOMPETENCIA
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DE LA DETERMINCAION DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo indirecto promovida por María de la Luz Ruíz Hernández, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 807/2019-VI-A. INCOMPETENCIA. Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por las razones siguientes: En principio, es necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: 1) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) el acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A) Actos de Tracto Sucesivo. que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo. que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4. En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo y tendrá ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, como único acto reclamado el ilegal emplazamiento al juicio hipotecario 500/2019, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, practicado vía exhorto por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánuco, Veracruz, el veinte de junio de dos mil diecinueve, anexando el instructivo de notificación correspondiente. En ese sentido, dado que el emplazamiento se llevó a cabo en Pánuco, Veracruz, es inconcuso que tal acto es de naturaleza positiva, pues cuenta con ejecución material. Así, acorde con los principios de la competencia que rigen en el juicio de amparo, como de la naturaleza del acto reclamado, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el presente sumario en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el único acto ejecutivo que reclama por vicios propios es la diligencia de emplazamiento, por lo que no es dable que se avoque al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación planteados por el quejoso, dada la incompetencia de la suscrita para conocer del asunto. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente para resolver del presente juicio de amparo. Por tanto, tomando en consideración el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, es evidente que este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero carece de competencia para resolver de la demanda de derechos fundamentales que motivó este expediente, pues en todo caso, la competencia para el estudio constitucional de los actos reclamados se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, que por turno corresponda. Robustece lo anterior la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 245025, cuyo rubro señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO". Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno correspondiente, y una vez que se encuentre debidamente notificada la parte quejosa, remítase los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que por razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el diverso 15 de la propia ley en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por lo que realícense las notificaciones por lista de acuerdos a la parte quejosa, por así haberlo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXII.1o.22 K, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, con número de registro 195064cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda de amparo, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Tal como lo solicita en su escrito de demanda, con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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