María de la Luz Rodríguez Álvarez
Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de la Luz Rodríguez Álvarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa , mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por auto de veintidós de septiembre de esta anualidad. Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y su aclaración, se colige que la quejosa reclama: 1. El auto de diecisiete de julio del presente año, dentro del expediente 17/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario, en el que se desecha de plano el recurso de revocación planteado en contra del auto de tres de julio de esta anualidad. 2. La omisión de la autoridad de pronunciarse sobre el recurso de revocación planteado contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, mismo que se presentó el nueve de julio posterior. Causales de improcedencia. En el presente caso, esto es respecto del acto reclamado precisado en el numeral 1, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Tales numerales a la letra disponen: Marco Jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley[.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [..] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por imposible reparación, ya que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y en otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que produce, expresión esta última que es contraria con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que se califican las cuestiones formales o adjetivas, tales como la personalidad. Legislación estatal. Es pertinente destacar que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece que los juicios sucesorios se conforman de cuatro etapas o secciones, que iniciarán simultáneamente, la primera se llamará de sucesión y contendrá, en su caso, la denuncia de intestado o la presentación del testamento, la citación a herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores y culminará con el reconocimiento de derechos hereditarios. La segunda se llamará de inventarios, la cual estará compuesta del inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan al respecto y finaliza con la resolución que dicte el juez sobre la aprobación del inventario y avalúo. La tercera sección se llama de administración y contendrá lo relativo a esa acción, como lo es la rendición de cuentas y su calificación, así como el pago de impuestos fiscales. La cuarta y última, se llama de partición y se compone de los proyectos de distribución de la masa hereditaria y concluye con la resolución de partición. Como puede observarse, cada etapa del procedimiento sucesorio atiende al principio de preclusión, que exige que lo decidido en las resoluciones que culminen cada sección adquiere firmeza para los que tuvieron intervención. Luego, no existe una sentencia que lo decida en lo principal, sino que cada una de las secciones se resuelve por separado, mediante la interlocutoria especial correspondiente. Por ello, el juicio de amparo biinsntancial solamente procede contra las resoluciones que ponen fin a las tres primeras secciones o representa un obstáculo para su conclusión y las que tengan la característica de ejecución de imposible reparación en los términos antes anotados. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.439 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Caso concreto. A efecto de evidenciar lo antes expuesto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, que se deducen de la narrativa de la demanda de la parte quejosa y de su escrito aclaratorio con el que se da cuenta. 1. María Maricela y Juan José, ambos de apellido Rodríguez Vázquez promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de su padre Jesús Rodríguez Álvarez y/o Jesús Rodrigues Álvarez y/o J. Jesús Rodríguez Álvarez, el cual quedó radicado bajo el consecutivo 17/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad. 2. El veinticinco de junio de do mil veinte, la ahora quejosa, hermana del de cujus solicitó, por escrito, que se notificara de forma adecuada a los diversos hijos y herederos Carlos, Silvia y María de Jesús, de apellidos Rodríguez Vázquez. 2. Por auto de seis de julio del presente año, el Juzgado responsable, en atención a la petición antes citada, indicó que se tenía a la promovente por deduciendo sus derechos hereditarios y que se estuviera a lo acordado en proveído de cuatro de enero del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. 4. En contra de ese proveído, la citada parte quejosa interpuso recurso de revocación. 5. Por lo que la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, el diecisiete de julio de dos mil veinte, hizo aclaración del auto de tres de julio de dos mil veinte, en cuanto a llamar a juicio a los herederos que indicó la parte quejosa, refirió que se debería estar a lo acordado por auto de nueve de enero del citado año y, por consecuencia, desechó de plano el recurso de revocación planteado, en virtud de que las causas por las que duele quedaron subsanados en las líneas que anteceden, es decir, siguió aclarando, que ese Órgano Jurisdiccional está en el entendido que previamente debe de agotar la búsqueda de las personas que pretende sean llamadas a juicio, o con justa causa explicar la razón del porque no requiere sean llamados. Luego, en el caso, se tiene que el juicio de amparo, contra el acto reclamado consistente en la decisión de diecisiete de julio de dos mil veinte, que resolvió desechar el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa, contra el acuerdo de seis de julio del mismo año, en el que solicitó que llamara a juicio a los hijos y herederos, resulta improcedente, al estarse en presencia de un acto emitido dentro del juicio intestamentario, específicamente, en la etapa de citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia, en que el Juzgado debe primero agotar la búsqueda de las personas que pretende sean llamadas a juicio. Además, versa respecto de un tema procesal que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo material, directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que, como se dijo, no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada al momento de que el juez emita su decisión de declaración de herederos, momento en el cual, si obtiene una resolución favorable a sus intereses esa violación que impugna desaparecería y, en caso contrario, esto es, aun cuando no fuera así, puede remediarse mediante el medio de defensa que se promueva en contra del citado fallo definitivo, alegándolo como una violación procesal. En efecto, si como señala en su demanda de amparo, a través de la determinación reclamada, la autoridad señalada como responsable no fundamentó ni motivó su decisión de desechar el recurso de revocación planteado por la parte quejosa, resulta incuestionable que esa determinación no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Encuentra sustento lo anterior, por sus principios, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;";puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, respecto el acto señalado como numeral 2, del apartado de precisión de los actos -La omisión de la autoridad de pronunciarse sobre el recurso de revocación planteado contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, mismo que se presentó el nueve de julio posterior-, se estima igualmente improcedente el juicio de amparo. Es así porque de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la omisión expuesta por la quejosa en su libelo aclaratorio, quedó subsanada con la emisión del auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, en el que desestimó ese medio de defensa. Se explica. En la especie, respecto de dicho acto omisivo, se ha actualizado la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su texto establece: "Artículo.61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha causa de improcedencia debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, como se señaló, la parte quejosa, hace valer como acto reclamado la omisión en que ha incurrido el juez responsable de emitir acuerdo que corresponda a su promoción de recurso de revocación contra el auto de seis de julio de dos mil veinte. Sin embargo, de la misma narrativa de sus antecedentes del acto reclamado, expuestos bajo protesta de decir verdad, que se advierte que en acuerdo de diecisiete de julio posterior, la responsable desechó de plano su recurso. En congruencia con lo anterior, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinto la omisión combatida en esta vía constitucional. Es decir, una vez que el acto reclamado ha desaparecido al haber sido acordada la promoción de la parte impetrante en el sentido de citar para dictar sentencia, ya no le agravia, además, ésta fue restituida del derecho que le fue afectado por el acto de autoridad y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia visible a fojas 81 del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Decisión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y evidente las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dos de octubre ded dos mil veinte que en lo conducnete dice: Agréguese el escrito signado por la quejosa , mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por auto de veintidós de septiembre de esta anualidad. Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y su aclaración, se colige que la quejosa reclama: 1. El auto de diecisiete de julio del presente año, dentro del expediente 17/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario, en el que se desecha de plano el recurso de revocación planteado en contra del auto de tres de julio de esta anualidad. 2. La omisión de la autoridad de pronunciarse sobre el recurso de revocación planteado contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, mismo que se presentó el nueve de julio posterior. Causales de improcedencia. En el presente caso, esto es respecto del acto reclamado precisado en el numeral 1, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Tales numerales a la letra disponen: Marco Jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley[.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [..] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por imposible reparación, ya que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y en otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que produce, expresión esta última que es contraria con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que se califican las cuestiones formales o adjetivas, tales como la personalidad. Legislación estatal. Es pertinente destacar que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece que los juicios sucesorios se conforman de cuatro etapas o secciones, que iniciarán simultáneamente, la primera se llamará de sucesión y contendrá, en su caso, la denuncia de intestado o la presentación del testamento, la citación a herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores y culminará con el reconocimiento de derechos hereditarios. La segunda se llamará de inventarios, la cual estará compuesta del inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan al respecto y finaliza con la resolución que dicte el juez sobre la aprobación del inventario y avalúo. La tercera sección se llama de administración y contendrá lo relativo a esa acción, como lo es la rendición de cuentas y su calificación, así como el pago de impuestos fiscales. La cuarta y última, se llama de partición y se compone de los proyectos de distribución de la masa hereditaria y concluye con la resolución de partición. Como puede observarse, cada etapa del procedimiento sucesorio atiende al principio de preclusión, que exige que lo decidido en las resoluciones que culminen cada sección adquiere firmeza para los que tuvieron intervención. Luego, no existe una sentencia que lo decida en lo principal, sino que cada una de las secciones se resuelve por separado, mediante la interlocutoria especial correspondiente. Por ello, el juicio de amparo biinsntancial solamente procede contra las resoluciones que ponen fin a las tres primeras secciones o representa un obstáculo para su conclusión y las que tengan la característica de ejecución de imposible reparación en los términos antes anotados. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.439 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Caso concreto. A efecto de evidenciar lo antes expuesto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, que se deducen de la narrativa de la demanda de la parte quejosa y de su escrito aclaratorio con el que se da cuenta. 1. María Maricela y Juan José, ambos de apellido Rodríguez Vázquez promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de su padre Jesús Rodríguez Álvarez y/o Jesús Rodrigues Álvarez y/o J. Jesús Rodríguez Álvarez, el cual quedó radicado bajo el consecutivo 17/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad. 2. El veinticinco de junio de do mil veinte, la ahora quejosa, hermana del de cujus solicitó, por escrito, que se notificara de forma adecuada a los diversos hijos y herederos Carlos, Silvia y María de Jesús, de apellidos Rodríguez Vázquez. 2. Por auto de seis de julio del presente año, el Juzgado responsable, en atención a la petición antes citada, indicó que se tenía a la promovente por deduciendo sus derechos hereditarios y que se estuviera a lo acordado en proveído de cuatro de enero del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. 4. En contra de ese proveído, la citada parte quejosa interpuso recurso de revocación. 5. Por lo que la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, el diecisiete de julio de dos mil veinte, hizo aclaración del auto de tres de julio de dos mil veinte, en cuanto a llamar a juicio a los herederos que indicó la parte quejosa, refirió que se debería estar a lo acordado por auto de nueve de enero del citado año y, por consecuencia, desechó de plano el recurso de revocación planteado, en virtud de que las causas por las que duele quedaron subsanados en las líneas que anteceden, es decir, siguió aclarando, que ese Órgano Jurisdiccional está en el entendido que previamente debe de agotar la búsqueda de las personas que pretende sean llamadas a juicio, o con justa causa explicar la razón del porque no requiere sean llamados. Luego, en el caso, se tiene que el juicio de amparo, contra el acto reclamado consistente en la decisión de diecisiete de julio de dos mil veinte, que resolvió desechar el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa, contra el acuerdo de seis de julio del mismo año, en el que solicitó que llamara a juicio a los hijos y herederos, resulta improcedente, al estarse en presencia de un acto emitido dentro del juicio intestamentario, específicamente, en la etapa de citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia, en que el Juzgado debe primero agotar la búsqueda de las personas que pretende sean llamadas a juicio. Además, versa respecto de un tema procesal que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo material, directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que, como se dijo, no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada al momento de que el juez emita su decisión de declaración de herederos, momento en el cual, si obtiene una resolución favorable a sus intereses esa violación que impugna desaparecería y, en caso contrario, esto es, aun cuando no fuera así, puede remediarse mediante el medio de defensa que se promueva en contra del citado fallo definitivo, alegándolo como una violación procesal. En efecto, si como señala en su demanda de amparo, a través de la determinación reclamada, la autoridad señalada como responsable no fundamentó ni motivó su decisión de desechar el recurso de revocación planteado por la parte quejosa, resulta incuestionable que esa determinación no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Encuentra sustento lo anterior, por sus principios, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;";puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, respecto el acto señalado como numeral 2, del apartado de precisión de los actos -La omisión de la autoridad de pronunciarse sobre el recurso de revocación planteado contra el acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, mismo que se presentó el nueve de julio posterior-, se estima igualmente improcedente el juicio de amparo. Es así porque de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la omisión expuesta por la quejosa en su libelo aclaratorio, quedó subsanada con la emisión del auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, en el que desestimó ese medio de defensa. Se explica. En la especie, respecto de dicho acto omisivo, se ha actualizado la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su texto establece: "Artículo.61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha causa de improcedencia debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, como se señaló, la parte quejosa, hace valer como acto reclamado la omisión en que ha incurrido el juez responsable de emitir acuerdo que corresponda a su promoción de recurso de revocación contra el auto de seis de julio de dos mil veinte. Sin embargo, de la misma narrativa de sus antecedentes del acto reclamado, expuestos bajo protesta de decir verdad, que se advierte que en acuerdo de diecisiete de julio posterior, la responsable desechó de plano su recurso. En congruencia con lo anterior, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinto la omisión combatida en esta vía constitucional. Es decir, una vez que el acto reclamado ha desaparecido al haber sido acordada la promoción de la parte impetrante en el sentido de citar para dictar sentencia, ya no le agravia, además, ésta fue restituida del derecho que le fue afectado por el acto de autoridad y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia visible a fojas 81 del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Decisión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y evidente las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo. Notifíquese personalmente.
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