María de la Luz García Padrón
Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de la Luz García Padrón
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 20669/2023, del índice de este juzgado, por medio del cual se le remitió el original del toca 46-2023 de su índice, que remitió como justificación de sus actos, y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Finalmente, como se encuentra ordenado en proveído de dos de junio del presente año, remítase el presente expediente al archivo correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de mayo del presente año, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la lectura integral de la demanda se colige que la parte quejosa reclama de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la determinación que confirmó el auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, por el Juez Quinto del Ramo Familiar del Estado dentro del juicio ordinario civil 1003/2022 de su índice, en el cual tuvo por no admitida prueba testimonial ofertada por la aquí quejosa María de la Luz García Padrón. Causa de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. Marco normativo. El numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . . . ) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada ley, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". Análisis del caso concreto. De acuerdo con lo anterior es posible establecer que la determinación dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que confirmó el auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós por el Juez Quinto del Ramo Familiar del Estado dentro del juicio ordinario civil 1003/2022 de su índice, en el cual tuvo por no admitida prueba testimonial ofertada por la aquí quejosa María de la Luz García Padrón, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo indirecto. Se afirma lo dicho, en razón de que es un acto que produce efectos intraprocesales que no menoscaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos en la esfera jurídica de la quejosa, en cuanto no admitió a trámite la prueba testimonial ofertada por la aquí quejosa María de la Luz García Padrón, y dado que solamente trae como consecuencia el no llevar a cabo el desahogo de tal probanza. Esto es, los efectos de la decisión reclamada no irradian sobre derechos sustantivos de la quejosa, pues el desechamiento de la prueba testimonial ofertada por María de la Luz García Padrón, únicamente puede tener como efecto la violación de sus derechos adjetivos. Cierto, el único efecto del desechamiento de la prueba testimonial sería que el juicio de origen se desarrolle en todas sus etapas con la posibilidad de que la quejosa obtenga un fallo favorable y quedar la violación procesal insubsistente y, en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla mediante el recurso o medio de defensa correspondiente. De modo que, la determinación reclamada no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que su efecto no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación, pues si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que el desechamiento de la prueba testimonial ofrecida es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Por tanto, los efectos adjetivos derivados del desechamiento de la prueba testimonial ofrecida por María de la Luz García Padrón no son de imposible reparación al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio de origen, instante en el que sus secuelas se consumarían de manera efectiva. Decisión. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Domicilio y autorizado. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Horacio Matuk Matuk, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas.
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