María de la Luz Flores Miranda
Expediente 1566/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María de la Luz Flores Miranda
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Documentos originales. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que acuda a este órgano por la devolución de documentos originales; toda vez que estos no fueron exhibidos. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. 2. Desechamiento. Una vez analizada la demanda presentada por María de la Luz Flores Miranda, contra el acto atribuido al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por los dispositivos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del primer numeral en cita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107, fracción Vlll, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo solo procede en contra de la resolución definitiva que es en la que se tiene por aceptada o rechazada la competencia declinada. En ese orden de ideas, en el caso, la parte quejosa se duele del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, determinó declararse incompetente por razón de fuero para conocer del juicio ********************, y remitió al Tribunal Laboral del Distrito Judicial Uno, con residencia en Hermosillo, Sonora; sin embargo, tal determinación, se encuentra supeditada a la aceptación o rechazo del órgano que se estimó competente, y hasta este momento procesal únicamente se sabe que la responsable declinó competencia, pero no la determinación adoptada por aquella. Así las cosas, es claro que la determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no es definitiva ni es un acto de ejecución irreparable, habida cuenta que está supeditada a lo que en su oportunidad resuelva la autoridad considerada competente, y en todo caso, tal determinación sí podrá ocasionar perjuicio a la parte quejosa si eventualmente aceptara la competencia declinada, pero hasta este momento, resulta ser un acto de realización futura e incierta, pues no se tiene certeza de la determinación que vaya a tomar la autoridad que se estimó competente, pues, no existe la certidumbre acerca de si va aceptar o no la competencia declinada, razón que pone en evidencia que el auto reclamado en la presente vía constitucional, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la acción de amparo y, en consecuencia, todavía no se irroga algún perjuicio irreparable al promovente, que autorice el trámite del juicio de amparo indirecto. Por tanto, se reitera, el acto aquí reclamado no resulta de carácter definitivo, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben entenderse a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de admitir a trámite el incidente de incompetencia no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta ?en el caso de la competencia por declinatoria? o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto ?en el caso de la competencia por inhibitoria?, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto; lo que sustentó en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), publicada el catorce de agosto de dos mil quince, registro 2009721, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, al actualizarse en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, conforme lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 3. Domicilio. Téngasele señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. 4. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 9. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL CUAL SE DECRETO LO SIGUIENTE Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. 2. Desechamiento. Una vez analizada la demanda presentada por María de la Luz Flores Miranda, contra el acto atribuido al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por los dispositivos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del primer numeral en cita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107, fracción Vlll, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo solo procede en contra de la resolución definitiva que es en la que se tiene por aceptada o rechazada la competencia declinada. En ese orden de ideas, en el caso, la parte quejosa se duele del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, determinó declararse incompetente por razón de fuero para conocer del juicio ********************, y remitió al Tribunal Laboral del Distrito Judicial Uno, con residencia en Hermosillo, Sonora; sin embargo, tal determinación, se encuentra supeditada a la aceptación o rechazo del órgano que se estimó competente, y hasta este momento procesal únicamente se sabe que la responsable declinó competencia, pero no la determinación adoptada por aquella. Así las cosas, es claro que la determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no es definitiva ni es un acto de ejecución irreparable, habida cuenta que está supeditada a lo que en su oportunidad resuelva la autoridad considerada competente, y en todo caso, tal determinación sí podrá ocasionar perjuicio a la parte quejosa si eventualmente aceptara la competencia declinada, pero hasta este momento, resulta ser un acto de realización futura e incierta, pues no se tiene certeza de la determinación que vaya a tomar la autoridad que se estimó competente, pues, no existe la certidumbre acerca de si va aceptar o no la competencia declinada, razón que pone en evidencia que el auto reclamado en la presente vía constitucional, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la acción de amparo y, en consecuencia, todavía no se irroga algún perjuicio irreparable al promovente, que autorice el trámite del juicio de amparo indirecto. Por tanto, se reitera, el acto aquí reclamado no resulta de carácter definitivo, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben entenderse a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de admitir a trámite el incidente de incompetencia no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta ?en el caso de la competencia por declinatoria? o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto ?en el caso de la competencia por inhibitoria?, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto; lo que sustentó en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), publicada el catorce de agosto de dos mil quince, registro 2009721, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, al actualizarse en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, conforme lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 3. Domicilio. Téngasele señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. 4. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 9. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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