María de la Luz Contreras Montaño
Expediente 394/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María de la Luz Contreras Montaño
- Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Sonora, ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se desecha recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se desechó el recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno dictado en este juicio de amparo, el cual se radicó con el toca ****. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, y con la finalidad de integrar debidamente el presente expediente, a fin de remitirlo para la substanciación de los recursos interpuestos ?queja contra proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno y recurso de revisión contra la sentencia?, se realiza la siguiente precisión: Durante la substanciación del presente juicio, la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, informó que a la responsable del Consultorio y/o Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Huepac, Sonora, cuya titular era la doctora Zarina del Pilar Ibarra Lugo, mediante oficio SDA-194/2021 de fecha siete de julio del año en curso, se le rescindió administrativamente el contrato abierto de subrogación se servicios médicos de consulta externa, lo anterior, en virtud de que se encontraron diversas irregularidades en la prestación del servicio médico a los derechohabientes del referido instituto. Por virtud de la rescisión del contrato mencionado, dejó de existir la consabida autoridad responsable; por ende, no resulta factible notificarla de la sentencia, así como de los medios de impugnación, relativos a la queja en contra del proveído de trece de agoto de dos mil veintiuno interpuesto por el ISSSTE y recurso de revisión planteado por la parte quejosa en contra de la sentencia. En mérito de lo anterior, intégrense los medios de impugnación de referencia, en los que se tome en consideración lo vertido en la presente determinación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los sobres devueltos por el personal del Servicio Postal Mexicano relativos la autoridad responsable Consultorio y/o Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, residente en Huepac, Sonora, con las leyendas: "no hay en éste a mi cargo consultorio y/o unidad médica del ISSSTE". En razón de lo anterior, reexpídanse vía ESTAFETA los oficios 9519/2022 y 11741/2022, al domicilio que consta en el acuse respectivo de la notificación de la radicación del presente asunto, esto es: Calle Morelos esquina con General Padilla, sin número, colonia Centro, Huepac, Sonora. Notifíquese; y vía paquetería acelerada a la autoridad responsable de mérito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 394/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las trece horas con veinticuatro minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejosa y fiscal federal adscrito-; con los informes justificados relativos a la demanda, así como los correspondientes a la ampliación de demanda rendidos por algunas autoridades responsables; El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos se advierte que, en acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, se certificó, que transcurrió el plazo de quince días, para que la quejosa manifestara lo que a su derecho conviniere en relación con la ampliación de la demanda de derechos, respecto de una nueva autoridad responsable, en el caso, "Unidad de Medicina Familiar propia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en Ures, Sonora?, sin que lo haya hecho. Además, revisado el estado de autos, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y la secretaria da cuenta con las documentales, documental pública de actuaciones y presuncional ofertadas por la autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Sonora, por conducto de la titular de la unidad jurídica de dicho instituto; así como las ofertadas por la parte quejosa, por conducto de sus autorizadas legales. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por María de la Luz Contreras Montaño, contra el acto atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el doce de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, José García Adrián y otros, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Separación de autos. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, este juzgador, radicó la indicada demanda, bajo el número de orden 362/2021 del propio índice, decretó la suspensión de plano de los acto reclamados, asimismo, ordenó la separación de autos de manera oficiosa; lo anterior, bajo la consideración toral de que, cada uno de los quejosos padece distintas enfermedades; asimismo, el control médico que el instituto hospitalario lleva de ellos, hace necesario la apertura de un expediente clínico específico, por lo que de concederse el amparo y protección de la justicia federal, deberá analizarse de manera particular; por ende, las pretensiones de los quejosos no pueden ser analizadas y resueltas en un solo juicio de amparo, consecuentemente, se ordenó la separación de juicios y se remitió copia certificada de la aludida demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad ?por cada uno de los quejosos?, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente; asimismo, se estableció que el referido expediente ?362/2021? versaría únicamente en lo que respecta al quejoso José García Adrián. Admisión de demanda. Por razón de turno, fue remitida a este Juzgado de Distrito, la demanda por lo que hace a María de la Luz Contreras Montaño, la cual fue registrada bajo el número de orden 394/2021 de la estadística de este propio juzgado, por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la misma, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda, petición que se acordó procedente mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno; así también, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado ?relativo a la ampliación de la demanda?, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando los actos reclamados carecen de ejecución material es competente el juez ante quien se presentó la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo y su rectificación, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias: ? Del escrito de demanda primigenia: La omisión de suministrar los medicamentos en relación con sus padecimientos -hipertensión y diabetes-. Omisión de ejecutar las acciones preventivas o correctivas necesarias ?con oportunidad y eficacia?, a fin de garantizar en lo sucesivo y sin intermitencia el derecho humano a la salud de la parte quejosa. ? Del escrito de ampliación de demanda: El cierre de la Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Huepac, Sonora; y, como consecuencia, la omisión de garantizar los servicios médicos en dicha comunidad, la cual se encuentra cercana al domicilio de la impetrante. Existencia del acto combatido Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad (ISSSTE), no obstante que lo haya negado la titular de la Unidad Jurídica de dicho instituto al rendir el informe justificado en su nombre y representación, en virtud de que dicha certeza se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe. Las citadas documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual manera, son ciertos los actos por lo que hace a la autoridad señalada como Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, residente en Huepac, Sonora, en su calidad de prestadora de servicios médicos subrogados del instituto en cita, pues no obstante que dicha autoridad no rindió su informe justificado de manera directa, las manifestaciones vertidas por la titular de la Unidad Jurídica del mencionado Instituto, con residencia en esta ciudad, evidencian la certeza de los actos que se le atribuyen. Respecto de las diversas autoridades señaladas como responsables Dirección Normativa de Salud, Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todas con sede en Ciudad de México, también se tienen por ciertos los actos que se les atribuye, no obstante que al rendir sus informes lo hayan negado, en atención a que dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades se encuentran las de implementar las medidas y acciones pertinentes a efecto de brindar a los derechohabientes de dicha institución una atención médica de calidad. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad de México, omitió rendir informe justificado, no obstante de encontrarse notificado para ello; por ende, procede la presunción de certeza a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Causas de improcedencia actualizadas En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, en relación con el acto reclamado en el escrito de demanda primigenio, identificado con el "inciso a) La omisión de suministrar los medicamentos en relación con sus padecimientos ?hipertensión y diabetes-." este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. En el caso, se actualiza la primera de las hipótesis antes reseñadas -revocación-, pues se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio. Es así, toda vez que de las constancias que acompañó a su informe la titular de la Unidad Jurídica del ISSSTE, concatenada con las manifestaciones vertidas por la autorizada legal de la parte quejosa, se advierte que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno ?durante el trámite de este biinstancial?, se entregaron materialmente a María de la Luz Contreras Montaño ?quejosa?, los medicamentos prescritos en la receta médica con serie 026RM09916077, a saber: Metformina y Etoricoxib. Además, obran en autos diversas documentales exhibidas por la consabida autoridad responsable, concretamente, las constancias que se adjuntaron a los oficios registrados bajo folio 11752 y 11983, suscritos por el doctor Sergio Ortiz Ramírez, en su calidad de médico general encargado de la Unidad Médica Familiar del ISSSTE en Ures, Sonora, de las que se desprende, en lo medular, hizo de conocimiento a la titular de la Unidad Jurídica del Instituto en cita, que María de la Luz Contreras Montaño ?aquí quejosa?, tiene cita abierta para ser valorada en salud, así como para entregarle los medicamentos que requiera. Cabe mencionar, que la actuación de las autoridades responsables se rigen bajo el principio de buena fe, en ese contexto, el reclamo a que hace referencia la quejosa de falta de atención médica, ha cesado en sus efectos. Consecuentemente, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto por esta vía reclamado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por tal motivo, procede decretar el sobreseimiento en relación con el acto reclamado referido en el inciso a) de esta sentencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Por otra parte, en relación con los actos reclamados identificados con los incisos "b) Omisión de ejecutar las acciones preventivas o correctivas necesarias ?con oportunidad y eficacia?, a fin de garantizar en lo sucesivo y sin intermitencia el derecho humano a la salud de la parte quejosa"; y, "c) El cierre de la Unidad Médica del ISSSTE en Huepac, Sonora; y, como consecuencia, la omisión de garantizar los servicios médicos en dicha comunidad, la cual se encuentra cercana al domicilio de la impetrante.", este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, pues, como más adelante se verá, no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica a la quejosa, el cual es un presupuesto necesario para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, los numerales de referencia, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo únicamente procede cuando esos actos sean de realización cierta real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa (afectación a su interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (afectación a su interés legítimo). Como se ha destacado en el acto reclamado en estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de ejecutar las acciones preventivas o correctivas necesarias ?con oportunidad y eficacia?, a fin de garantizar en lo sucesivo el derecho humano a la salud de la parte quejosa; sin embargo, tal pretensión se plantea para que no suceda hacia el futuro, es decir, que no le sea negada la atención médica en lo subsecuente. Conforme a lo expuesto en el párrafo previo, lo cierto es que el perjuicio narrado por la quejosa en su demanda de amparo en relación con este acto, estriba en que ese acto no se siga reiterando en lo futuro por la autoridad responsable, lo cual se traduce en que su realización es incierta, lo cual no puede ser analizado en un juicio constitucional. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse de una afectación actual. En ese sentido, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando sus derechos fundamentales con el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este Juzgado de Distrito, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que el acto descrito no afectan en este momento derechos fundamentales de la quejosa. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta actualmente a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de actos reales y vigentes en su esfera de derechos. Ello es así, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en una posible reiteración de actuaciones tendientes a seguir negando en subsecuentes periodos la devolución de cantidades por concepto de impuesto al valor agregado, lo que se traduce en actos futuros, probables e inciertos, lo cual se robustece de la propias manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, como las siguientes: "Todos los actos reclamados son con el fin de evitar sucesivas dilaciones en el abastecimiento de/los medicamentos prescritos por los médicos tratantes de las quejosas, con el objeto de que se garantice el derecho humano a la salud al más alto nivel posible, incluyendo el acceso a los tratamientos médicos que requieren por su condición de salud." En efecto, de la transcripción literal de las propias manifestaciones contenidas en la demanda, se desprende que la quejosa hace consistir su perjuicio en actos que posiblemente continuarán y acontecerán en lo futuro, lo que pretende evitar a través del juicio de amparo. Sin embargo, no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo a la atención médica que deba dispensarse a la quejosa o en el suministro de medicamentos que se le prescriban, incluso de las medidas preventivas y de control, pues sus padecimientos (hipertensión y diabetes mellitus) son crónico degenerativos y no son curables sino controlables; en ese contexto, no existe elemento objetivo que pruebe que esa conducta omisa continuará sucediendo. En ese contexto, se tendría que actualizar una nueva petición sobre atención a la salud por la parte quejosa; sin que el hecho de que haya habido tardanza la atención médica, o bien, en su caso, demora en la entrega de medicamentos, constituya indicativo para el suscrito juzgador de que ese actuar volverá a acontecer en lo futuro, pues sería dar por hecho una situación que se actualiza en la función intrínseca de la autoridad responsable (brindar atención médica), la cual actúa ?como se dejó asentado en párrafos precedentes?, bajo el principio de buena fe. De ahí que, en relación con el acto puesto a consideración, no se demuestra que se vaya a seguir reiterándose (omisión de proporcionar atención médica a la quejosa), habida cuenta que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es incierta y/o probable, por actos que según considera el quejoso la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones". Asimismo, la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza". Por su parte, el cierre de la Unidad Médica del ISSSTE en Huepac, Sonora, no le causa perjuicio a la quejosa, esto es, no implica que se le prive del derecho a la salud que requiere, pues ?como lo refirió la titular de la autoridad responsable?, María de la Luz Contreras Montaño, se encuentra dada de alta en Aconchi (Baviácora), por lo que en términos de la regionalización del Instituto en cita, debe acudir a la unidad de medicina familiar en Ures, en términos del artículo 10 del Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE, que dispone: "Artículo 10. El Instituto registrará al Paciente en la unidad o clínica de medicina familiar que le corresponda en razón de su domicilio, o en otra unidad de adscripción, cuando éste notifique cambio del mismo." De igual forma, la responsable expuso sus razones torales para justificar la atención médica de la quejosa en el Municipio de Ures, Sonora; lo anterior, en razón de que, tomó en consideración los criterios demográficos, de morbilidad, demanda de servicios, capacidad resolutiva, eficiencia médica y financiera, condiciones de equidad y movilidad de los derechohabientes; además, argumentó que la Unidad de Medicina Familiar en Ures, Sonora, cuenta con la capacidad para atender a la población de los Municipios de Aconchi, Baviácora y Huepac, puesto que existen 763 derechohabientes que corresponden a dichos municipios, de los cuales, acuden de manera regular a solicitar los servicios médicos del Instituto solamente 404 derechohabientes, siendo suficiente un médico de consulta general en términos de las Reglas de la Regionalización. De ahí que, si la quejosa tiene la calidad de derechohabiente, conforme a las disposiciones del artículo 1, en relación con el numeral 6, fracción VIII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta evidente que tiene su derecho humano a la salud vigente ante la institución de seguridad social en cita. Decisión Bajo esa línea de pensamiento, al actualizarse las causas de improcedencias previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con los ordinales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por María de la Luz Contreras Montaño, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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