María de la Luz Edith Acevedo Medina
Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2019
Partes del expediente
- María de la Luz Edith Acevedo Medina
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio suscrito por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa de recibo del oficio 1534/2019 y acepta la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional; en tal virtud, se toma conocimiento de lo manifestado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; en consecuencia, en el libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
iv) Toluca, Estado de México; veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa María de la Luz Edith Acevedo Medina; a través del cual autoriza para oír y recibir notificaciones a Primitivo Omar Ramírez Bernal, sin perjuicio de los designados con antelación; en tal virtud, como lo solicita, ténganse por autorizado para tales efectos a la persona que cita, esto es, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
IV Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María de la Luz Edith Acevedo Medina, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 32/2019-IV. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que la promovente reclama esencialmente: La resolución dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca 897/2018, por la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la cual se confirmó la sentencia de adjudicación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio intestamentario 1162/2015, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México. INCOMPETENCIA. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, este Juzgado estima que la misma debe ser combatida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior se afirma, porque los artículos 4.42 al 4.76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece las etapas del juicio sucesorio intestamentario, es decir, constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una o varias personas determinadas, componiéndose de cuatro etapas: a) La de denuncia intestamentaria; b) La de inventario y avalúo; c) La de administración y rendición de cuentas; y, d) El juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Ahora bien, en el presente asunto caso se puede afirmar que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, esto en razón de que a través de la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca 897/2018, por la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la cual se confirmó la sentencia de adjudicación de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio intestamentario 1162/2015, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, dio por concluido el proceso en el juicio sucesorio intestamentario 1162/2015, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que la resolución reclamada pone fin al juicio y por ende, encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable la tesis I.14o.C.83 C, publicada en la página 2258 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, que establece: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL. El juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado) que se encuentran contenidas en los artículos 785, 786, 787 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales, incluso, pueden iniciarse simultáneamente, tal como lo establece el artículo 784 de dicha legislación procesal, de no existir impedimento jurídico alguno. Las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esa etapa, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio (son impugnables, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto), sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición y adjudicación de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, la aprobación de los inventarios y avalúos de los bienes integrantes de la masa hereditaria y la administración de bienes. En consecuencia, los conceptos de violación que se expresan en un juicio de amparo directo deben tener relación con la cuarta sección y no con las otras tres secciones, ya que lo determinado en éstas no es materia de examen en ese juicio." Asimismo, la Jurisprudencia publicada en la página 231, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Cuarta Parte, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de contenido siguiente: "SUCESIONES. SOLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACION TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 32/2019-IV, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Señalamiento de domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, dado que el que indicó consistente en el "Boletín Judicial" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizados. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Manuel Gómez Ríos, en razón de que tiene registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y a Soraya Martínez Lara y a María Isabel Longinos Jaime en términos del último párrafo del numeral referido, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro en el sistema mencionado. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en términos de la presente determinación.
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