Maria De La Luz Camacho Espinoza
Expediente 1486/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/12/2016
Partes del expediente
- Maria De La Luz Camacho Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de siete de los cursantes, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, del estado procesal del presente expediente se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
II. Visto el escrito signado por el quejoso mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega el escrito cuenta y al respecto se provee. De conformidad con el artículos 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Tomo VII, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, la parte quejosa, reclama en la presente vía de amparo: LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Del texto integral del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, este juzgado federal estima procedente desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia, pues se actualiza en el caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En principio es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia; éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa, son reclamables en juicio constitucional. Es decir, el juicio de garantías biinstancial, procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aquélla que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla y, acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución y, otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia. Al caso se cita, la jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. Hecha tal precisión, del propio acto reclamado se advierte que la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, que en esta instancia se combate, se dictó durante el cumplimiento a la sentencia dictada, en el juicio de origen, por la autoridad responsable. La anterior relación colige que el acto reclamado en la presente vía de amparo, fue dictado en la etapa de ejecución, actuación que en modo alguno es la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, las referidas determinaciones dictadas en la etapa de ejecución de lo sentenciado, y que constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no les revisten la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento, pues se encuentran dentro de la fase de cumplimiento forzoso de la sentencia, relacionado precisamente con obtener su cumplimiento; por ende, tal determinación no puede ser estudiada a través del amparo biinstancial, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria de esa etapa ejecutiva, momento en el cual válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que g********************n de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de amparo contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que en relación con los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procede únicamente contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, momento en el cual se pueden reclamar, en la misma demanda, las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, lo cual tiene su razón de ser en el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Sobre el particular se cita, la tesis I.8o.C.21 K, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." En la parte conducente, la tesis publicada en la página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Y, la diversa Jurisprudencia IX.1o.J.11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, visible en la página 85, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada se la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe que con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." También sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 32/2001 publicada en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida
- Principal
II. Vista la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual el actuario de la adscripción, manifiesta su imposibilidad para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, glósese a los autos la que se provee, para que surta los efectos legales a que haya lugar; así dados los motivos de imposibilidad asentados por el actuario de la adscripción, hágase dicha notificación y las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto el quejoso, señale nuevo domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, México. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis: 1a./J. 20/2008, publicada en el semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo XXVII, Abril de 2008, visible en la página 238, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." proveído de veintiocho de noviembre del año en curso. "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, glósense a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Tribunal Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diez de noviembre de la presente anualidad, en el expediente 167/2016 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja promovido por María de la Luz Camacho Espinoza, contra el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 1486/2016." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por dicho Tribunal Colegiado y con apoyo en el numeral 114 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo trascrito evidencia que precepto legal no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al promovente cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, consistentes en: "ARTICULO 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán más adelante y, entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo, que a letra establecen: "Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: I. Multa; y II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten. Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." Del análisis del escrito de demanda, este juzgado considera, que por escrito, y con siete copias del escrito aclaratorio, la parte quejosa deberá realizar lo siguiente: Toda vez que en su demanda en el apartado correspondiente al acto reclamado, la parte quejosa manifestó lo siguiente: "Reclamo la resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.." Y, con posterioridad indica: "Reclamo la resolución de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis, dictada por los MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." Por tanto, debe indicar cuál es el acto o actos reclamados en el presente juicio, es decir, si reclama la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis o la resolución de treinta y uno de agosto del año en curso. Lo anterior, a fin de establecer las pretensiones del impetrante, así como determinar la Litis en el presente sumario constitucional. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 762, visible en la página 515, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA." Así como, la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Y en lo conducente, la tesis VI.1o.C.18 K, página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que otiva ordenar su reposición." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con los extremos de los anteriores requerimientos, en el plazo que se le concedió para tales efectos, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe."
- Principal
II. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, glósense a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Tribunal Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diez de noviembre de la presente anualidad, en el expediente 167/2016 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja promovido por María de la Luz Camacho Espinoza, contra el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 1486/2016." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por dicho Tribunal Colegiado y con apoyo en el numeral 114 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo trascrito evidencia que precepto legal no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al promovente cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley, consistentes en: "ARTICULO 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán más adelante y, entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo, que a letra establecen: "Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias: I. Multa; y II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten. Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." Del análisis del escrito de demanda, este juzgado considera, que por escrito, y con siete copias del escrito aclaratorio, la parte quejosa deberá realizar lo siguiente: Toda vez que en su demanda en el apartado correspondiente al acto reclamado, la parte quejosa manifestó lo siguiente: "Reclamo la resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.." Y, con posterioridad indica: "Reclamo la resolución de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis, dictada por los MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DE TOLUCA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." Por tanto, debe indicar cuál es el acto o actos reclamados en el presente juicio, es decir, si reclama la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis o la resolución de treinta y uno de agosto del año en curso. Lo anterior, a fin de establecer las pretensiones del impetrante, así como determinar la Litis en el presente sumario constitucional. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 762, visible en la página 515, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA." Así como, la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Y en lo conducente, la tesis VI.1o.C.18 K, página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que otiva ordenar su reposición." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con los extremos de los anteriores requerimientos, en el plazo que se le concedió para tales efectos, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Maria de Jesus Valle lbarra508/2023
- Maria De La Luz Arciga Alcantara956/2015
- Maria De La Luz Arciga Alcantara564/2015
- Maria de la Luz Arizmendi Navarrete26/2020
- Maria de la Luz Arzate Gonzalez897/2021
- Maria de la Luz Bernal Salazar1370/2023
- María de la Luz Edith Acevedo Medina1732/2018
- María de la Luz Edith Acevedo Medina32/2019
- Maria De La Luz Flores Bernal1907/2014
- Maria de la Luz Garcia Chavez1329/2022
- Maria De La Luz Gonzalez Camacho787/2015
- Maria De La Luz Juarez Guadarrama1869/2018