María de la Cruz Sandra Gutiérrez Sánchez
Expediente 1486/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- María de la Cruz Sandra Gutiérrez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual la representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en cumplimiento al auto de siete de noviembre del año en curso, remite copia del comprobante de pago a favor de la aquí quejosa. En ese sentido, se reserva a proveer lo propio en virtud de que se encuentra transcurriendo el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, y una vez que fenezca se proveerá lo que conducente.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1486/2023-III, promovido por********************, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES: Expresamente señalo como única autoridad responsable a la siguiente: Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México." "IV.- ACTOS RECLAMADOS. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se reclama: La omisión de emitir la respuesta al escrito de ACEPTACION DE PENSION DERIVADA DE FALLECIMIENTO de fecha 3 de agosto del 2023, y en consecuencia el incumplimiento en el pago de PENSIÓN, pago que se debe hacer de forma retroactiva a partir de la fecha de baja, y que fue determinado procedente en el dictamen ******************** de fecha 3 de agosto del 2023 por la cantidad de $1,050.56 diarios." Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: - La omisión de realizar el pago de pensión en términos del dictamen ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, deben tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y en ese sentido, la representante legal de la autoridad responsable, sostiene que sobre el acto que se le reclama, consistente en la falta de pago de pensión otorgada mediante dictamen ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés, opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que se encontraba obligada la parte impetrante a agotar el principio de definitividad, pues debió de haber promovido el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En lo cual, no le asiste la razón; para arribar a lo anterior, es importante señalar que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda el derecho de previsión social, es decir, es la prerrogativa que adquieren todas aquellas personas después de laborar por el tiempo señalado en la ley, y por la que se hacen acreedoras al pago de una pensión, el cual tiene que ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la previsión social, dignidad y al mínimo vital que adquieren los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Razones por las cuales deviene infundada la causa de improcedencia hecha valer por el representante legal de la autoridad responsable. En esa tesitura, al no advertirse que se actualice diversa causal de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la amparista. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la promovente del amparo, en el sentido de que la responsable violenta sus derechos, pues no le han realizado el pago de su pensión, no obstante que ya fue dictaminada a su favor, así como aceptada por ella; lo anterior, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, para arribar a la conclusión anterior, debe destacarse que la pensión constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, precepto que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." El numeral constitucional trascrito, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que de él también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Por consiguiente, se puede concluir que los pensionados, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. En efecto, los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer al pensionado de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Lo anterior es así, porque el pensionado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Sobre esa óptica, se pone de manifiesto que la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión, que tiene derecho la quejosa, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Lo anterior, porque durante el tiempo en que no ha recibido su pago de pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de la autoridad responsable, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a ella, se reitera, le corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió la pensionada aquí quejosa a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Es aplicable, la tesis XV.3o.9 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2361, del Libro 75, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2020, Décima Época, con registro 2021661, de título y texto: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión." Para explicar ello, en principio debe observarse que al haber quedado demostrado que a la parte quejosa se le pensionó (hecho admitido por las partes) y conforme a las constancias existentes en autos, dicha pensión se realizó atendiendo al dictamen de otorgamiento de pensión ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; sin embargo, no se ha realizado dicho pago, no obstante que la justiciable, el tres de agosto de dos mil veintitrés, presentó ante la autoridad responsable "formato de aceptación", por el que manifestó su conformidad respecto de la cuota diaria para el pago de su pensión que le fuera autorizado, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive tal actuar (retraso de pago de la pensión por jubilación), de ahí que se considere que tales actos, como ya se precisó previamente, son inconstitucionales. Por lo anterior, se advierte que con el acto reclamado no sólo existe transgresión al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a otros derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como el derecho a la dignidad humana y el derecho al mínimo vital, que guardan íntima relación con la pensión, y de tutela jurisdiccional urgente. De esta manera, debe precisarse que el derecho a la dignidad humana de toda persona, se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado y, por tanto, a la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, y corresponde al Estado, asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y en general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 633, de rubro y texto siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada." Y en ese sentido, si como ya quedó acreditado en autos del presente sumario constitucional, la responsable ha sido omisa en realizar el pago de la pensión a la que tiene derecho la solicitante del amparo (en virtud del dictamen de pensión emitido a su favor), es evidente la violación a sus derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, dado lo fundado del concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a******************** para el efecto de que la autoridad responsable, Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. De no haberlo hecho ya, de manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ******************** de nueve de junio de dos mil veintitrés, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria, para que dicho pago se realice. En razón de la concesión del amparo, en los términos apuntados, resulta innecesario estudiar los demás conceptos de violación plasmados en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1335, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Séptima Época, Materia Común, página 1498, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SÉPTIMO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. OCTAVO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y XI , de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, respecto del acto y autoridad señalados en los Considerandos Segundo y Cuarto de este fallo, por lo motivos y para los efectos precisados en el diverso Sexto del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, José Domingo Montañez Álvaro autorizado de la quejosa María de la Cruz Sandra Gutiérrez Sánchez, informa que la quejosa le indicó que la autoridad responsable realizó el pago de pensión el treinta y uno de octubre de la presente anualidad; asimismo, solicita el sobreseimiento del presente juicio. Atento a lo anterior, se advierte que el treinta de octubre pasado, la autoridad responsable rindió su informe justificado, fecha anterior a la que refiere la quejosa que realizó el pago; por tanto requiérase al Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, para que en un termino de tres días legalmente computados, remita a este juzgado las constancias que acrediten haber realizado el pago de la aquí quejosa, y estar en aptitud de acordar lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional se encontraba prevista para el veintitrés del mes y año en curso; sin embargo, en atención a lo determinado en la circular 28/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el aviso emitido el veinticinco de octubre del año en curso, por la Coordinación de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Segundo Circuito en Toluca y Almoloya de Juárez, Estado de México, entre otras cosas, se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés; por tanto, no se llevó a cabo en la fecha y hora señaladas para tal efecto, en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia constitucional se fijan las trece horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.
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