María de la Cruz Chávez
Expediente 1327/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2022
Partes del expediente
- María de la Cruz Chávez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual, la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, informa que en los autos del juicio de amparo directo 36/2022 promovido por María de la Cruz Chávez, que transcurrió el plazo de tres días para que la quejosa hiciera valer el recurso que prevé el precepto legal 104 de la Ley de Amparo, respecto del proveído de veinticinco de febrero de este año; en consecuencia, se declaró firme la determinación de referencia para los efectos legales. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Atento lo anterior y toda vez que del estado procesal que guarda este asunto, resulta evidente que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General.
- Principal
Toluca, Estado de México, primero de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención realizada por ese órgano colegiado en proveído de dos de febrero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de María de la Cruz Chávez, por lo que una vez que quede firme esa determinación, acordará lo conducente respecto de los escritos de Jonathan de la Cruz Nieto. De lo anterior, se toma conocimiento y una vez que cause estado dicha determinación se acordara lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, comunica que se avocó preventivamente al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****, contra la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; reservándose proveer sobre la competencia propuesta, hasta en tanto reciba las constancias que requirió a la autoridad responsable. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, una vez que se tenga conocimiento de la determinación adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en torno a la competencia declinada, se acordará lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por María de la Cruz Chávez, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1327/2021-II. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe precisarse que la quejosa señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada dentro del toca número 587/2021, emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, con la cual se pone fin al procedimiento iniciado con motivo de la demanda ordinaria civil promovida por la aquí quejosa, pues como se advierte de la propia demanda de amparo, dicha determinación resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia en que se condenó a la aquí quejosa María de la Cruz Chávez a restituir a Jonathan de la Cruz Nieto la cantidad de $425,000.00 (cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). Por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de resoluciones que ponen fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada en el toca número 587/2021, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, sí ponen fin al procedimiento natural de origen. Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, se considera que el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 6/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por María de la Cruz Chávez. Por lo tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa y sus anexos respectivos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. De lo que se solicita a la superioridad, de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo respectivo. Por otro lado, se tiene como domicilio el que señala la quejosa en su demanda de amparo, y por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a María Teresa Marín Romero, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que podrá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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