María de la Cruz Reyes Reyes

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • María de la Cruz Reyes Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. I. Estado de autos, causa ejecutoria. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de cuatro de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, asesor jurídico de María de la Cruz Reyes Reyes, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda recibida a través del Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación el uno de abril del año en curso, turnada a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Tercer Circuito, en la misma fecha, que promueve *********, asesor jurídico de María de la Cruz Reyes Reyes, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Etla, Oaxaca; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 378/2022. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. III. Análisis de la demanda. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." En el caso, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. El acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación ********/FVCE/ETLA/****. 2. El otorgamiento de la intervención al imputado dentro de la carpeta de investigación ******/FVCE/ETLA/****. 3. La omisión de realizar la solicitud de informes al Comisariado Ejidal de Magdalena Apasco Oaxaca. Al efecto, en los antecedentes de los actos reclamados la parte quejosa manifestó: "PRIMERO: La señora María de la Cruz Reyes Reyes, tiene el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación *****/FVCE/ETLA /*** del índice de la Fiscalía de la villa de Etla, Oaxaca, ello en razón de que mediante denuncia de fecha 12 de octubre del año 2020 acudió ante el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Villa de Etla, Oaxaca con la finalidad de hacer del conocimiento de dicha institución ministerial hechos probablemente constitutivos del delito de despojo, iniciándose con ello la carpeta de investigación de número *****/FVCE/ETLA /****. SEGUNDO: Seguido que ha sido el trámite de la referida carpeta de investigación se aportaron diversos datos de prueba con los cuales se acreditaron los extremos a que se hizo referencia en la denuncia presentada el día 12 de octubre del año 2020 ante la autoridad investigadora, para que de esta manera se justifique la probable participación e intervención del imputado en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo en un inmueble ubicado en la jurisdicción de Magdalena, Etla, Oaxaca. TERCERO: Mediante escrito de fecha 17 de mayo del año 2021y recibido por la institución ministerial el día 5 de junio del año 2021 SE SOLICITÓ AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO LLEVADOR DE LA REFERIDA CARPETA DE INVESTIGACIÓN tuviera a bien judicializar dicha carpeta de investigación, transcurrieron los meses y con fecha 13 de enero del año 2022 ante el juez de control del circuito judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca se solicitó la audiencia prevista en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales, con la finalidad de que dicho juzgador revisara el actuar pasivo de la representación social generándose con ello el cuaderno de antecedentes ***/2022. CUARTO. Con fecha 16 de marzo del año 2022 se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 258 código nacional de procedimientos penales, en el cual el Juez conocedor de dicha audiencia requirió a la representación que en el plazo de 3 días contestara el escrito donde la victima solicitaba la judicialización de la carpeta de investigación, por lo que se dictó el acuerdo de fecha 17 de marzo del año 2022, notificado al suscrito el día 22 de marzo del año en curso, en el cual la agente del ministerio público determina que faltan diligencias por desahogar, entre ellas: 1. Informes al comisariado ejidal de magdalena Apasco, Etla, Oaxaca. 2. Diligencia de intervención al imputado. 3. Se aporten los nombres del comisariado ejidal. Sin que ello se soporte en una debida y justificada fundamentación y motivación y mucho menos la necesidad de aquellos datos de prueba, máxime que la intervención del imputado no se puede dar en estos momentos, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 258 del Código nacional de procedimientos penales, es por ello que al actualizarse un actuar y una conducta violatoria de derechos humanos por parte de la responsable y no una actuación del ministerio público que tenga como efecto paralizar la referida indagatoria al no tener recurso alguno que hacer valer, acudo a usted a solicitar la PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." Ahora, de un análisis de la demanda de amparo, se advierte que por lo que hace a los actos reclamados 1. El acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación ****/FVCE/ETLA/***** y 2. La omisión de realizar la solicitud de informes al Comisariado Ejidal de Magdalena Apasco Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior en razón de que en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las actuaciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta positiva u omisiva por parte de las autoridades investigadoras en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que los actos u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluyen las determinaciones recaídas a las solicitudes de las partes en esa etapa primera de investigación. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la negativa de la autoridad investigadora que aquí controvierte. No obsta a lo antes apuntado el hecho de que el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, fue emitido en cumplimiento a la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, que resolvió el incidente innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, promovido por la parte quejosa, toda vez que ello no lleva a la improcedencia de un diverso planteamiento ya que dicho incidente puede promover en múltiples ocasiones. Al respecto, es aplicable la tesis aislada I.9o.P.30 P (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. CUANDO DERIVAN DEL INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR UN JUEZ DE CONTROL, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO TIENE DOS VÍAS ORDINARIAS PARA ASEGURAR SU MATERIALIZACIÓN. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Ministerio Público de cumplir con lo ordenado por un Juez de Control, respecto a subsanar algunas deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al no haberse agotado el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En desacuerdo, interpuso recurso de queja y adujo que no le era obligatorio agotar el medio de impugnación indicado, pues previamente y con motivo de anteriores omisiones, ya había sometido su pretensión ante el Juez de Control, lo cual, en su momento, se resolvió en sentido favorable a sus intereses. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de escenarios como el descrito, la víctima u ofendido tiene dos vías ordinarias para asegurar que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación diligente: i) cuando exista un pronunciamiento previo por un Juez de Control sobre la obligación de llevar a cabo determinados actos para la debida integración de la carpeta, aquél está facultado para acudir ante la representación social para solicitar el exacto cumplimiento de lo ordenado, quien estará en aptitud de dictar las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su determinación; o, ii) si se trata de nuevas omisiones que no hayan sido materia de una audiencia celebrada conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido puede interponer, en múltiples ocasiones, el recurso innominado previsto en el artículo invocado; de modo que su primera resolución no conlleva la improcedencia de un diverso planteamiento, con fundamento en el mismo precepto. Por tanto, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, la víctima u ofendido tiene la obligación de agotar los medios ordinarios a su alcance, en atención al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque tratándose del primer supuesto, la autoridad jurisdiccional está obligada a hacer cumplir sus determinaciones, de forma acelerada y ágil, para garantizar la debida diligencia en la integración de la investigación inicial en favor de la víctima u ofendido. Por lo que hace al segundo supuesto, es necesario tener en claro que la resolución de un recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no agota su materia en un momento específico, por el contrario, durante la integración de la propia investigación las circunstancias varían; de modo que la víctima u ofendido puede someter a control judicial esas nuevas pretensiones, por lo cual, la materia del recurso será distinta al planteamiento formulado en un anterior medio de impugnación; de ahí que el Juez de Control estará obligado a pronunciarse sobre las particularidades advertidas en ese nuevo momento, que no han sido objeto de análisis judicial. Por tanto, el que previamente se hubiere hecho valer ese recurso ante el Juez de Control no impide que, en lo futuro, se vuelva a interponer, ante una nueva litis." En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de cuenta, respecto de los actos marcados anteriormente con los números 1 y 3. Sin que en el caso se advierta que se actualice la excepción al principio de definitividad, ya que del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que la pretensión de la parte quejosa es que la autoridad responsable recabe las pruebas pendientes por desahogar en la referida carpeta de investigación. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado marcado con el número 2. El otorgamiento de la intervención al imputado dentro de la carpeta de investigación 31439/FVCE/ETLA/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acredita que se le esté afectando su interés jurídico ni legítimo. Ciertamente, el precepto legal referido en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El artículo reproducido establece el tipo de interés que debe tener la parte afecta en el juicio de amparo, para que éste prospere, el cual se da, en dos supuestos de procedencia: a) Cuando se alegue ser titular de un derecho (interés jurídico); o, b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. En el primer caso, el gobernado alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". No está por demás señalar que el Constituyente Permanente realizó una acotación en relación con los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico", excluyendo de esos casos el "interés legítimo". Lo anterior, se traduce en que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la quejosa debe acreditar el "interés jurídico", es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido, sin que en esas hipótesis aplique la connotación del "interés legítimo". Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante significar que al acudir al juicio de amparo la quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico que la quejosa aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. Por consiguiente, el Órgano de Control Constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que aduzca la quejosa producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Con base en tal concepción, la causa de improcedencia de que se trata, se actualiza cuando los actos de autoridad que se combaten en el juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica del demandante. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado el otorgamiento de la intervención al imputado dentro de la carpeta de investigación 31439/FVCE/ETLA/2020; sin embargo de los antecedes citados en la demanda de amparo se advierte que dicha carpeta de investigación se encuentra en etapa inicial. Asimismo, tampoco se advierte que el imputado haya solicitado la intervención a la citada carpeta de investigación o que se actualicen los supuestos previstos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." En ese sentido, es que se considera que el acto reclamado, por sí no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni las garantías para su protección, pues como ya lo determinó el Máximo Tribunal del País, el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación, cuando dicho imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, es decir, que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, de la narrativa de la demanda de amparo se aprecia que la carpeta de investigación se encuentra en etapa inicial y la pretensión de la parte quejosa es que se judicialice, sin que se advierta que se pretenda dar intervención al imputado, de ahí que no afecta los intereses de la víctima quejosa. Por tanto, al actualizarse dicha causal de improcedencia lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mauro Francisco Ramos Martínez, asesor jurídico de María de la Cruz Reyes Reyes, respecto a la intervención del imputado a la carpeta de investigación de origen. IV. Notificación y consulta a través del Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el usuario franciscoramosmartinez, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente al promovente, a través del usuario proporcionado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano