María de Jesús Roldán Gamboa

Expediente 215/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
215/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2016

Partes del expediente

  • María de Jesús Roldán Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 2 a pral. 215/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el acuerdo dictado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (fojas 12 y 13), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho auto. Por otra parte, como la parte promovente en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el acuerdo de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte promovente no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación del acuerdo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". 2 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte promovente, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    *pral. 215/2016 mesa amp. 2-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta, por cuanto que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de quince del actual (fojas 10-11 vta.), a fin de que diera cumplimiento al requerimiento contenido en ese acuerdo, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en ese acuerdo; por lo que, con fundamento en el artículo 114, última parte, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo origen de este juicio, promovida por MARÍA DE JESÚS ROLDÁN GAMBOA. Por otra parte, como la parte promovente en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del acuerdo relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)mesa 3 b pral. 151/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 109, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el a) original del juicio de amparo 151/2015, promovido por Ana María Hernández Martínez o Ana María Hernández; b) testimonio de la resolución dictada el veintiocho de enero del año en curso, en el amparo en revisión 661/2015; c) un tomo anexo, formado con constancias deducidas del expediente penal 58/2014 y d) disco que contiene la sentencia combatida; acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que la superioridad confirmó la sentencia recurrida, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En virtud que la sentencia dictada en este juicio de amparo, debe ser cumplida por el juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial el centro, residente en esta ciudad y que, del Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, agregado en el cuaderno de varios 3/2016 del índice de este Juzgado y que en copia certificada se glosa a este expediente, se advierte que ese órgano jurisdiccional concluyó funciones el quince de febrero de dos mil dieciséis, además, como el acto reclamado deriva del proceso penal 58/2014 y la quejosa se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Taniveth, Tlacolula, Oaxaca, tal hipótesis se ubica en artículo 2º de dicho Acuerdo General. En esas condiciones, se tiene al juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, como autoridad sustituta del juez Séptimo de lo Penal, quien en su momento fue llamado al juicio y rindió su informe justificado, ello hasta en tanto concluya este juicio de amparo; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable sustituta que el término de tres días, cumpla con la sentencia concesoria; se le apercibe que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme con lo dispuesto por los preceptos 258 y 238 de la ley de la materia invocada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del juicio de amparo al Tribunal Colegiado; desglosándose únicamente de ese cuaderno las actuaciones realizadas a partir de la fecha de ese envío. En otro aspecto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, la copia certificada de constancias deducidas del expediente penal 58/2014, que en su momento envió como apoyo a su informe justificado el juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial del centro. Notifíquese personalmente.

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