Maria de la Cruz Gonzalez Rocha

Expediente 1058/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1058/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Maria de la Cruz Gonzalez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Dígase a quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa que después de una consulta del expediente electrónico que corresponde al presente asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que manejan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se advierte que ambos expedientes (físico y electrónico) se encuentran debidamente integrados y plenamente a la vista en todos sus rubros (fecha de acuerdo, fecha de publicación, contenido promoción, promoción, contenido de la determinación judicial, determinación judicial, acuse de la determinación judicial, notificación o constancia de conocimiento), tal como se aprecia en la impresión de pantalla del expediente electrónico en consulta que se agrega a estos autos para constancia legal. Además, por lo que refiere que no puede consultar la determinación judicial de cinco de julio de dos mil diecisiete (desechamiento), dígasele que después de verificar el citado expediente electrónico y dar clic en el apartado correspondiente a dicha determinación, se desplegó de manera exitosa el acuerdo correspondiente a dicha determinación, lográndose consultar de manera íntegra su contenido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por la quejosa. Atento a su contenido, por cuanto la solicitud de la consulta vía internet del expediente electrónico del presente asunto, se reitera al promovente que se tiene por autorizado el usuario ********, en virtud de que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Finalmente, dígase al promovente que no ha lugar a tener por señalado como medios para oír y recibir notificaciones el correo electrónico, usuario y Clave Única de Registro de Población (CURP) que menciona en su escrito de demanda, toda vez que en este órgano jurisdiccional no se ha implementado los aditamentos necesarios para que las partes puedan oír y recibir notificaciones en los términos que refiere.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiese recurrido el proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  4. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA: por recibida la demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse de las pruebas por las partes, dentro del juicio de origen ****, puesto como refiere, el veintidós de mayo del año en curso se llevó a cabo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que a la fecha la responsable se pronunciara al respecto. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:  La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo.  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones al artículo 17, de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no pronunciarse la responsable sobre la admisión o desechamiento de las pruebas, o en su caso reservarse a resolver lo conducente en lo que respecta a las mismas, toda vez que el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la celebración de audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral ****. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aún que con motivo de la falta de proveer respecto de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio de origen, no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues recién el veintidós de mayo del año en tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo anterior, tomando en consideración además que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta responsable cuenta con el término de cinco días para dictar el auto correspondiente, período que comenzó a correr a partir del día siguiente a aquél en que fueron ofertadas las probanzas, es decir, el veintitrés de mayo y concluyó el veintinueve de mayo del año en curso, por lo que solo mediaron veinticinco días hábiles entre la conclusión del término y la presentación de la demanda de amparo de que se trata, de ahí que no pueda considerarse que en el caso existe una abierta dilación o paralización total del procedimiento de origen para que proceda la solicitud de amparo que se formula. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues como se indicó, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, dígase al promovente que no ha lugar a tener por señalado como medios para oír y recibir notificaciones el correo electrónico, usuario y Clave Única de Registro de Población (CURP) que menciona en su escrito de demanda, toda vez que en este órgano jurisdiccional no se ha implementado los aditamentos necesarios para que las partes puedan oír y recibir notificaciones en los términos que refiere. Ahora bien, por cuanto la solicitud de la consulta vía internet del expediente electrónico del presente asunto, se tiene por autorizado el usuario "******", en virtud de que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente.

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