Maria de la Cruz Gonzalez Rocha

Expediente 1702/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1702/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Maria de la Cruz Gonzalez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA - Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En la resolución emitida por este Juzgado Federal, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que la autoridad responsable cumplieran con lo siguiente: "1. Se deje insubsistente el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, que contiene la determinación de imponer al quejoso una multa de quince salarios mínimos.--- 2. Se dicte una nueva determinación en la que analice la conducta procesal del aquí quejoso en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento del laudo, así como las facultades legales y reglamentarias de éste para dar cumplimiento material de la resolución, y, en su caso resuelva si resulta procedente el apercibimiento de aplicar en su contra el monto máximo de la medida de apremio establecida en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos...". En auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En ese sentido, quien resuelve considera que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sí se ajustó a la concesión del amparo, en virtud de que mediante oficio TECyA/010344/2017, remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el que se dejó insubsistente el auto de trece de enero de dos mil diecisiete, consistente en la aplicación de la fracción I, del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que consiste en una multa de quince salarios mínimos al quejoso; asimismo y como consecuencia de ello, ordenó dejar sin efectos el diverso acuerdo de doce de enero del año en curso y diecisiete de abril de dos mil diecisiete, única y exclusivamente en lo que se refiere a dar vista a los Integrantes del Pleno del Tribunal responsable para hacer efectiva la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos al Tesorero del Ayuntamiento demandado, así como el apercibimiento de destitución del Tesorero en cita, determinando que éste, no es la persona responsable del cumplimiento del laudo por lo que la resolución de trece de enero de dos mil diecisiete, carece de respaldo constitucional como lo resolvió éste órgano de control constitucional. En ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En las narradas condiciones, este juzgado de distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que en el caso se advierta por parte de este órgano jurisdiccional exceso o defecto en dicho cumplimiento; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la Ley de la Materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Además, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del expediente; más aún, no contiene información reservada, máxime que en este juicio no se solicitó la suspensión de los actos reclamados.

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